Después de que la farmacéutica anglosueca AstraZeneca anunciara la retirada voluntaria de su vacuna contra el Covid del mercado mundial, una mujer de Córdoba se convirtió en la primera demandante individual en Argentina, reclamando a la empresa y al Estado $100 millones. Según su denuncia, la última dosis de la vacuna le causó una grave reacción secundaria que la llevó a pedir el retiro por incapacidad laboral.
La demanda por daños y perjuicios está en el Juzgado Federal de Río Cuarto, en Córdoba, a cargo de Carlos Ochoa, porque es contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), junto a AstraZeneca. La mujer y su pareja reclaman $7,4 millones por incapacidad sobreviniente; $25,3 millones por fondo de reparación (ley 27.573); $9,3 millones por daños al proyecto de vida-pérdida de chance; $7,5 millones por daño moral; $1,5 millones por daño moral de la pareja; $49,5 millones por daño punitivo y $180.000 por daño emergente.
“Me arrebataron la vida. Soy madre de un nene de 5 años, jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos/beneficios de la inoculación. No hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción”, dijo la denunciante, quien comenzó a sentir síntomas tras recibir la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca, el 4 de enero de 2022. Casi de inmediato sintió “calambres fuertes y flojedad en las piernas”, detalla su presentación a la Justicia.
“Al otro día no pude ponerme de pie, me caí en peso muerto, tuvo que levantarme mi pareja”, relató la mujer, identificada por La Nación como Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de Coronel Moldes, al sur de la provincia de Córdoba. Entonces decidió consultar con su médica de cabecera, quien le indicó que podía tratarse de “un efecto adverso de la vacuna que me había inoculado y, cuando acudí al hospital de mi pueblo, me confirmaron que se trataba de una reacción a la vacuna y me suministran Decadrón y Diclofenac, ello para mitigar el fuerte dolor que sufría, pues a pesar de ello tenía movimiento muy limitado en mis piernas. También se me adormecían los brazos”, detalló.
“Así volví al otro día con la misma terapia, esta vez por suero sin resultado alguno, por ello fui derivada al Sanatorio Privado Río Cuarto”, continuó. Ochoa fue internada en la clínica el 10 de enero, donde recibió un tratamiento con Gamaglobulina y dexametasona y recién en marzo recibió el alta. Sin embargo, debió continuar con neurorrehabilitación y controles, hasta que logró ser diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. El cuadro fue denunciado por el neurólogo al Sistema Nacional de Farmacovigilancia y, según su denuncia, su incapacidad motriz llegó al 90%.
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Según informó Clarín, un año después de la inoculación, una comisión médica de Río Cuarto, en virtud del retiro por invalidez que solicitó la demandante, dictaminó que posee una incapacidad laboral del 75,6%. En Argentina se aplicaron 22 millones de dosis de esa farmacéutica y la vacuna fue producida en sociedad con mAbxience, del empresario argentino Hugo Sigman, y la Universidad de Oxford.
Ochoa manifestó que la decisión de vacunarse contra el coronavirus fue “producto de la gran presión social, laboral, de los medios de comunicación y coacción ejercida desde el mismo Estado, pues no tuve otra opción que inocularme, de lo contrario perdía mi trabajo. Confié en el consejo de los ‘expertos’. Por esa errónea decisión de inocularme, perdí mucho más que mi trabajo”, aseguró la mujer, que trabajaba en una panadería y actualmente recuperó la movilidad en sus brazos, pero “camina con asistencia de un andador, sufre de migrañas y no tiene control de esfínteres”, comunicó La Nación.
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La farmacéutica Astra
