Militares en la lucha contra el terror narco de Rosario: el artículo en discusión y un debate abierto

Las imágenes de Rosario de hoy son en parte parecidas a las que se veían el año pasado y en parte muy distintas. Parecidas porque había otros ministros de Seguridad, otros gobiernos y otro presidente pero estaban los mismos uniformes recorriendo las mismas calles regadas de sangre. Pero son muy distintas porque en esta oportunidad el narco decidió traspasar un límite: del crimen mafioso escaló al terrorismo liso y llano.

Una ciudad atemorizada y paralizada a merced de bandas delictivas empujaron al Poder Ejecutivo a mandar dos ministros, personal de fuerzas federales y reabrir un debate que siempre vuelve: ¿El Ejército, en particular, y las Fuerzas Armadas en general tienen que participar de la lucha contra los narcos? ¿Esta mutación al terrorismo habilita el despliegue de soldados?

En concreto, y con impulso del propio Javier Milei, que se pronunció a favor, los abogados y equipos jurídicos de los ministerios de Seguridad y Defensa están discutiendo reformas que permitan ampliar la actuación de esos uniformados ante casos de extrema gravedad como los que está soportando Rosario, que dejó unas 300 vidas el año pasado y, la semana pasada, cuatro más, inocentes absolutos que cayeron por las balas salvajes de sicarios.

En la actualidad, y por las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional los militares tienen absolutamente prohibido enfrentar de manera directa a los narcotraficantes. Sólo están autorizados, con muchas limitaciones -originadas en el trauma de la última dictadura- a dar asistencia logística y apoyo con vehículos. Pero no mucho más.

Fuentes de ambos organismos confirmaron a Infobae que el proceso de reforma para empezar a desandar esas restricciones pondrá el foco en el artículo 27 de la ley de Seguridad Interior que autoriza el requerimiento de las Fuerzas Armadas por el Comité de Crisis mediante la afectación de “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. La ley también autoriza a las Fuerzas a desplegar tareas de combate para reponer la paz en un caso excepcional como el estado de sitio hasta que se restaure la normalidad.

Es el principio, pero también se analiza volver al decreto del ex presidente Mauricio Macri que en la reglamentación de la Ley de Defensa removió el requisito de que sólo intervengan los militares si la agresión a la Nación es por parte de otro Estado Nación. Es que apenas llegó Alberto Fernández al gobierno, en 2020, volvió a la doctrina de Cristina Kirchner, Nilda Garré y Eugenio Zaffaroni, que en los hechos les impide a las Fuerzas Armadas actuar ante ataques de fuerzas irregulares, como pueden ser terroristas islámicos como Hamas o Hezbollah, que no se identifican con una Nación.

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Son discusiones, de todos modos, que se agitaron en los últimos días cuando el gobierno de Milei anunció el envío de vehículos y medios materiales del Ejército a Rosario. Después de ese anuncio hubo reuniones, cabildeos y quejas de parte de militares de alto rango que expresaron de manera sigilosa sus crítica a esa medida y la posibilidad de tener que enfrentar en el territorio el peligro de un tiroteo con narcocriminales.

Son episodios que no se dieron ni cuando Cristina Kirchner envió militares a participar del denominado “Escudo Norte”, ni cuando Alberto Fernández anunció públicamente que enviaría uniformados del arma de Ingenieros del Ejército a hacer obras en barrios calientes de Rosario en otra ráfaga de delincuencia.

Pero más allá de eso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en una entrevista con Infobae planteó ayer su total acuerdo con que el Ejército pueda participar de la lucha contra estas bandas. Es una posición que, en Buenos Aires y antes del reportaje, compartió su colega de Córdoba, Martín Llaryora. El primero radical, el segundo de origen peronista. Los dos gobernadores que vivieron la mayor parte de su vida en democracia y que no arrastran viejos traumas y temores.

De todos modos, la posición sobre la necesidad y utilidad de que los militares participen del combate contra el narcotráfico quedó abierto. Infobae dialogó con funcionarios actuales, pasados y expertos que brindaron sus miradas sobre este drama que, todavía no encuentra solución.

Un debate abierto

El director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, advirtió que la legislación vigente no permite la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, y ello incluye el narcotráfico, aunque subrayó que “hay una excepción: la Ley de Seguridad Interior establece que para actuar en este ámbito, sólo pueden hacerlo si el Congreso ha dictado el estado de sitio a pedido del Poder Ejecutivo”.

Además, resaltó que la misma ley establece que siempre el comandante del estado de sitio debe ser un oficial superior de las Fuerzas Armadas, cualquiera sea la causa por la cual el Congreso dictó esa medida.

Sin estado de sitio, manifestó el analista, los militares sólo pueden colaborar en apoyo en áreas como logística, transporte, ingenieros, sanidad y demás. De todos modos, Rosendo Fraga calificó como “discutible si se puede declarar a los grupos narcotraficantes como terroristas”. “En mi opinión habría que modificar el decreto reglamentario de la Ley de Seguridad Interior y sería necesario que la Corte Suprema lo convalide a pedido de parte, que puede ser el mismo Estado”, resaltó.

Sobre las eventuales leyes anti-mafia que Patricia Bullrich anunció como parte de las medidas para enfrentar la escalada narco “no se puede opinar mientras no esté el proyecto”, pero “sí puede decirse que no debe violar la Constitución Nacional.

El director de Nueva Mayoría recordó que la política siempre se habla de combatir el narcotráfico, “pero en los últimos cuarenta años el problema ha ido sistemáticamente en aumento y así lo confirman las mismas estadísticas oficiales sobre consumo, que siempre crecen, nunca bajan”. “Es un problema global. Mientras haya consumo en el mundo desarrollado, surge el dinero para seguir financiando la producción y el tráfico de drogas. El creciente consumo del fentanilo en EEUU es un ejemplo elocuente. Mientras sea delito el narcotráfico siempre existe la tentación del soborno no sólo a las fuerzas policiales, sino también a la justicia, a los legisladores y a los funcionarios ejecutivos”.

Pero más allá de la cuestión internacional, el director del Centro de Estudios Nueva Mayoría se refirió al despliegue anunciado por el gobierno nacional en coordinación con las autoridades locales para frenar la escalada de violencia criminal narco. Rosendo Fraga plantó un punto importante: “El problema con los operativos de saturación es mantenerlos en el tiempo. La experiencia muestra que cuando se repliegan las fuerzas de seguridad, los narcos vuelven a controlar el territorio”.

Una reforma posible

Una voz reformista surgió con fuerza desde el radicalismo, el partido de Raúl Alfonsín que hizo de la división entre Seguridad y Defensa principio central de su credo republicano. “Si él viviera, sería al primero que habría que consultarle la necesidad de permitir un cambio, que mantenga esa división, pero que no ate las manos del Estado para defender a la sociedad de una agresión. No tengo dudas que él aceptaría discutirlo”, afirmó el ex ministro Julio Martínez.

El ex funcionario de la presidencia de Mauricio Macri advirtió que después de 40 años de ejercicio plena de la democracia “hace falta abordar una reforma legislativa de la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional”, sobre todo en lo que se refiere al impedimento que tienen los militares para intervenir ante agresiones externas que no responden a otros Estados.

En ese sentido, el ex senador por La Rioja y ex ministro de Defensa puso como ejemplo que “si hoy ataca a la Argentina miembros de Wagner, los mercenarios rusos de Putin, o Hamas, Isis o Hezbollah, no nos podríamos defender. Lo tendríamos que hacer con el policía de la esquina, según la doctrina que impusieron Nilda Garré y Eugenio Zaffaroni”.

Para Martínez, mediante una ley se debería remover esa autolimitación que, resaltó, todavía está vigente por un decreto de Alberto Fernández que firmó apenas llegó y que revocó una medida correctiva que había aplicado antes Macri, para habilitar que los militares no sólo estuvieran limitados a actuar ante agresiones de terceros países.

Además, para el ex ministro debería sancionarse una ley que permita a los militares asumir tareas de combate al narcotráfico en zonas de frontera y recordó que durante el último gobierno de Cristina Kirchner habían sido destinados militares al denominado “Escudo Norte”, en el límite con Bolivia.

“Para hacer esto se le debe dar a los militares presupuesto, armamento adecuado y, sobre todo, capacitación para hacer una tarea que no es la propia”, indicó Julio Martínez. Y agregó que la legislación también debería contemplar, con esos mismos tres criterios, la posibilidad de destinar a los militares a custodiar objetivos estratégicos, como centrales atómicas o eléctricas. Y que la Armada pueda tomar funciones de control del Mar Argentino para que la Prefectura se pueda dedicar de manera integral a patrullar la Hidrovía.

“No daría un paso tan largo como poner al Ejército a combatir a los narcos. No veo que tengamos situaciones como las que se dan en Colombia o México”, indicó. Y puso como alerta que el destinar a militares sin cobertura legal puede generar responsabilidades personales para los jefes de las Fuerza Armadas y hasta para el Presidente: “¿Qué pasa si muere un militar desarmado atacado por narcos? ¿Y si militares armados matan a un narco?”, planteó.

Sin embargo, insistió con la necesidad de discutir una reforma, manteniendo el criterio de división de la Seguridad y la Defensa. “En mi partido puede haber resistencia a discutir estos grandes temas, principalmente de dirigentes de edad avanzada. Hay pilares que fueron fundamentales para la consolidación de la democracia, pero nadie de buena fe puede negarse a discutir una sintonía fina”.

Los narcos y el “Estado bobo”

Uno de los expertos en materia de seguridad de la Argentina, con formación en Estados Unidos, de amplia trayectoria en el ámbito público y que ahora desarrolla actividades en el ámbito privado, abordó la problemática desde una mirada singular: “En general, la política como no puede o no sabe cómo cambiar la realidad lo que hace es cambiar las leyes, porque así muestran que están haciendo algo, mientras la realidad va por otro carril y empeora”.

Para el experto, las leyes de Seguridad y de Defensa requieren ser actualizadas, pero aclaró que esa falta de modernización no es un obstáculo insalvable para tener una estrategia efectiva para frenar la escalada de violencia narco.

“La ley de Seguridad Interior no tiene en cuenta la Aduana, el Servicio Penitenciario Federal, medidas de contención o prevención del delito, y un sistema eficaz de inteligencia criminal. Son componentes que deberían estar contemplados en la normativa y hoy no están. Pero eso que falta no impide que se pueda abordar lo que pasa en Rosario. Ahí hay clanes criminales que administran negocios de distinto tipo, entre ellos la droga ilegal, pero es un negocio más, entre otros como el sicariato o las extorsiones”, afirmó el especialista que pidió no ser identificado.

Según su análisis, en el centro del drama narco hay “clanes criminales dispuestos a cometer actos de enorme violencia porque saben que enfrentan a un Estado bobo que no los puede parar”. “En vez de corregir la inteligencia criminal y usarla para lo que corresponde, los gobiernos sucesivos lo que hicieron fue romperlo -consideró el experto-. Por eso hoy no se sabe quién, qué, ni cómo y por eso no se puede alumbrar una investigación que tenga resultados. A quién le tengo que juntar evidencia para condenarlo y por qué delito, no se sabe”.

“¿Involucrar a las Fuerzas Armadas puede corregir algo de todo esto? No creo. Si no está aquello que estrictamente se vincula con la seguridad, de nada va a servir un soldado con un fusil FAL parado en una esquina de Rosario”, aseguró. Es una de las conclusiones que, por ahora, es mayoritaria en el mundo de la academia, entre los analistas y en políticos que no gobiernan. Mientras tanto, una sociedad atravesada por el miedo exige a sus gobernantes que paren la droga, que dejen de matar inocentes.