El gobierno prepara un reclamo ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU, en respuesta a la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de impedir que los vuelos de Aerolíneas Argentinas pasen sobre territorio bolivariano. Se trata de una escalada de la tirantez diplomática que atraviesa la relación Buenos Aires-Caracas.
Según pudo reconstruir TN, la Argentina el 8 de marzo le presentó una carta de reclamo formal a Maduro manifestándole que Venezuela no estaba cumpliendo con las normativas internacionales, pautadas por el Convenio de Chicago.
Dos días después, Venezuela respondió con otra carta rechazando el pedido de la Argentina. El gobierno bolivariano, según supo TN de distintas fuentes diplomáticas que siguieron el intercambio, consideró que podía tomar la medida de forma unilateral y repudió el accionar argentino durante el decomiso del avión iraní-venezolano Emtrasur.
El avión Emtrasur finalmente fue decomisado desde Ezeiza por la Justicia de Estados Unidos y desguazado semanas atrás. La medida despertó el reclamo público del propio Nicolás Maduro. Por lo bajo, mediante vías informales, también se quejaron los diplomáticos iraníes en la Argentina.
Ante esa situación, la Argentina advirtió que, en caso de continuar con la prohibición de que los aviones de patente nacional puedan sobrevolar el espacio aéreo venezolano, se presentaría un reclamo formal ante la OACI, que es un organismo dependiente de la ONU.
El conflicto por el avión de Emtrasur
El avión venezolano-iraní que estuvo durante un año y ocho meses retenido en Ezeiza. En febrero finalmente voló a Estados Unidos, país que solicitó que sea decomisado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había pedido que sea devuelto a Caracas y cuestionó a la justicia argentina por tomar esta decisión.
La aeronave había llegado a la Argentina el 6 de junio de 2022 transportando autopartes de Volkswagen. Dos días después intentó volar a Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar.
En aquel entonces la justicia argentina retuvo a la tripulación de la nave, integrada por quince ciudadanos venezolanos y cuatro iraníes. Sin embargo, cuando se determinó que no cometieron ningún delito fueron liberados por falta de mérito.
El avión estuvo más de un año bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Durante ese tiempo se le permitía rodar para hacer tareas de mantenimiento.
Hace algunas semanas, a través de un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro condenó “de manera categórica”, la decisión “servil a intereses imperiales” tomada por el juez Villena, que “intentaba consumar el robo” de la aeronave “secuestrada” en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.
Venezuela aseguró haber demostrado, ante “todas las instancias jurídicas y políticas internacionales”, la “posesión legal y legítima de la referida aeronave, dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad”.
La decisión de decomisar y entregar a Estados Unidos el avión fue adoptada con base en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso.
Ambos funcionarios tomaron en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos con el que ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”, lo que incluye la “cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro”.
