El Gobierno desactivó un negocio millonario con los seguros que contrataba ANSES e investigan irregularidades
Antes de dejar su cargo, Osvaldo Giordano resolvió dar marcha atrás con un contrato por $ 20.000 M con Nación Seguros, que habilitaba la intervención de brokers intermediarios. Cómo era el esquema que fue puesto bajo la lupa
El Gobierno dejó sin efecto una decisión que se tomó durante la gestión de Alberto Fernández y que le ordenaba a los organismos del Estado tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero al mismo tiempo permitía la intervención de brokers privados, que cobrarían comisiones por encima de los valores de mercado. Este mecanismo quedará desactivado en los próximos días mientras la administración de Javier Milei investiga si detrás hubo un negocio de 20.000 millones de pesos destinado a favorecer a empresarios ligados a la gestión anterior.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, hace aproximadamente un mes y medio en la ANSES se encontraban revisando algunas de las contrataciones directas ante la sospecha de presuntas irregularidades. Más allá de las cuestiones judiciales, los voceros confirmaron que se resolvió desmontar a partir del 1° de marzo este esquema que permitió intermediaciones en los seguros. Fue una medida que impulsó Osvaldo Giordano antes de su salida tumultuosa del gobierno.
La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, titulada “Destapan otra caja negra de la política en la ANSES”. El periodista contó que el ahora ex funcionario cordobés investigó dentro del organismo durante los dos meses que duró en su cargo un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. En la investigación, en concreto, Roa mencionó al empresario Pablo Torres García .
En Nación Seguros estuvo a cargo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia el abogado Alberto Pagliano, un amigo de la juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Es un pasado común que también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.
Puntualmente, las dudas surgieron a partir de algunas maniobras que se habrían realizado en el marco de la Resolución 2/2022, de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aprobó la solicitud de los servicios de Nación Seguros. Según el texto, la empresa estatal, que pertenece al grupo financiero del Banco Nación, se debía hacer cargo de “la cobertura de Seguro de Vida Colectivo sobre Saldo Deudor para los beneficiarios tomadores de préstamos dentro del Programa ‘Créditos ANSeS’, para las líneas de créditos destinadas a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC), Pensión al Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)”.
Es decir, cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal. En esta intermediación, de acuerdo a la investigación que fuentes oficiales confirmaron que está en ANSES, se habrían cobrado comisiones del orden del 17%, el triple que lo normal en el mercado.
La orden para esa contratación fue firmada por quien era subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Lisandro Pablo Cleri, un dirigente de larga trayectoria y que unos meses después de esta decisión dejaría su cargo en el organismo de seguridad social para pasar a ser miembro del directorio del Banco Central, como parte del reordenamiento de Gabinete tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
La resolución en cuestión se tomó en cumplimiento del Decreto 823/2021, que se emitió un año antes por disposición del entonces Presidente, de su jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien era el ministro de Economía, Martín Guzmán. Establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional “deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
Pero el artículo cuarto de la norma aclaraba que, a su vez, esta empresa “podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo”, dar participación en forma de coaseguro, “a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros”. Aquí se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación. Acá apareció Torres García y, según la revelación de Roa, otro broker, Héctor Martínez Sosa, que está casado con una secretaria del ex presidente.
“Los porcentajes a ofrecer a otras entidades del mercado deberán guardar proporción con respecto a su responsabilidad patrimonial y demás indicadores que considere para su evaluación y para tales ofrecimientos, y, en su caso, con la eventual participación de entidades reaseguradoras del mercado local y/o reaseguradoras admitidas del exterior, dentro del marco normativo vigente”, detalló la normativa.
Las pólizas en cuestión fueron emitidas con una vigencia de 12 meses y originalmente vencían el 2 de marzo de 2023, pero la gestión de Alberto Fernández optó por hacer uso de la prórroga “por única vez y por un plazo igual”, por lo que se extendieron hasta esa misma fecha, pero de este año. Según pudo saber Infobae, ante posibles irregularidades en los contratos y en las comisiones que se cobraban por las pólizas de seguro de jubilados y beneficiarios de planes sociales que sacaran un crédito en el ANSES se podría abrir una causa judicial.
Por lo pronto, aunque el organismo sigue momentáneamente acéfalo por la salida de Osvaldo Giordano, que fue echado por su pertenencia al peronismo de Córdoba y porque su esposa Alejandra Torres votó en contra de la Ley Ómnibus, las autoridades decidieron desactivar ese negocio de intermediación. La medida la tomó el anterior funcionario y, en la nota de Clarín se advierte que esa y no otra sería la verdadera causa de su salida: “Giordano husmea, se da cuenta y, ¿casualmente? empiezan sordos ruidos, que son coro, porque de lo que se trata es que es un sistema de túneles para lindos dividendos ya sabemos a cargo de quiénes. Volteó el contrato con el Nación por innecesario y le llovieron llamados para que metiera la marcha atrás”.
Lo cierto es que el propio Milei contó que la decisión de desplazarlo del cargo a Giordano la tomó él y que la tomó porque el ex titular de la ANSES está “durmiendo con el enemigo, con un traidor”. En su lugar fue nombrado Mariano de los Heros. La oficialización se conoció por medio del Decreto 178/2024 firmado por el presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el que se asentaron los cambios realizados en la cúpula del organismo dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Social que responde a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Se trata de un ex funcionario público que cuenta con experiencia en la materia, pero que mantuvo un perfil bajo hasta la fecha. Previo al nombramiento, De los Heros trabajó como gerente general de la ex Nación AFJP, entre 1994 y 2002, y se desempeñó como gerente general de la ANSeS, en 2001. Ahora se mirará con especial atención qué decisión tomará sobre los seguros, las comisiones y un negocio donde se mezcla la política de todos los colores.
