En medio de una preocupante escasez de trabajadores temporales en las producciones regionales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) aclaró que está vigente la posibilidad de mantener la compatibilidad entre el trabajo registrado, “en blanco”, y los beneficios de la seguridad social.
“El jornalero decide no registrarse para trabajar porque considera que perderá la ayuda o no la recibirá en caso de que hubiese una nueva”, advirtió la dependencia oficial a través de un comunicado.
Y explicaron que “con pérdidas de hasta el 40% en producciones regionales como peras, manzanas y tabaco que no se recolectan; cítricos que quedarán en las plantas en el litoral sin juntarse, los daños pueden ser más importantes aún si no se consigue gente para trabajar”.
En este contexto, la falta de mano de obra en actividades temporales es un desafío creciente para las producciones regionales, que dependen en gran medida de los cosecheros para tareas como la recolección de frutas.
Muchos de estos trabajadores evitaron el registro formal por temor a perder beneficios sociales, particularmente tras la implementación de una medida anterior durante el último “nuevo IFE” impulsado por Alberto Fernández y Sergio Massa.
La incertidumbre reinante respecto a la compatibilidad entre el empleo formal y la ayuda social dejó a muchos trabajadores en una situación difícil, enfrentando la disyuntiva entre la estabilidad laboral y la asistencia financiera.
En este contexto, el decreto 423/23 prorrogó la validez del decreto 514/2021 que promueve el trabajo registrado y amplía los beneficios de la seguridad social e incluye la tarjeta “Alimentar”, para los trabajadores rurales temporarios y sus grupos familiares.
El impacto del “Nuevo IFE” como refuerzo a trabajadores informales
En ese sentido, el 2 de octubre de 2023, el entonces presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el decreto 493/2023, que estableció un “Nuevo IFE” como un refuerzo destinado a trabajadores informales.
Sin embargo, esta medida generó un dilema para los trabajadores rurales temporarios, ya que aquellos registrados perdían la posibilidad de recibir esta ayuda adicional. Esta restricción actualmente condiciona a los jornaleros, quienes optan por no registrarse por temor a perder la asistencia económica o no ser elegibles en caso de futuros refuerzos.
A su vez, las repercusiones de la decisión de muchos trabajadores rurales de no registrarse tienen un impacto directo en la producción agrícola. Sectores como el tabaco, peras, manzanas y cítricos enfrentan pérdidas considerables, alcanzando hasta el 30 y 40%.
Finalmente, la falta de mano de obra para la cosecha deja frutas sin recolectar, tabaco sin procesar y cítricos en las plantas sin ser cosechados, lo cual amenaza con afectar significativamente la economía regional.
“La urgente necesidad de trabajadores se convierte en una prioridad para evitar mayores pérdidas y mantener la viabilidad de estas industrias”, indicaron desde el Gobierno.
