“Un Registro tiene 4 empleados e informó $215.000 de artículos de librería en apenas un mes”. Es solo un ejemplo, casi anecdótico, de un sistema que necesita más controles y una revisión profunda de sus números. Tras el DNU y sus promesas sobre la digitalización, el gobierno de Javier Milei puso en revisión un total de 141 registros que ya estaban intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor. “Si son honestos, no van a tener problemas”, advierte un funcionario. Eso es solo el primer paso: el plan apunta a auditar todos los registros intervenidos. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.
Aunque los números son dinámicos, porque casi a diario hay licencias por enfermedad o muerte, de los 1554 registros que hay en el país, alrededor de un 40% está en manos de interventores. Son designaciones transitorias, que pueden ser revocadas con una sola firma.
La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.
Ese universo de los registros fue el primer objetivo del gobierno de Milei. El viernes pasado, el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, firmó una resolución y puso en revisión 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
“Se encuentran en condición de ser revocados o en su caso nombrar nuevos interventores”, detalla la nota que puso en marcha el proceso. En principio, se utilizarán auditores externos para que no haya vínculos con el mundo registral. Esos auditores revisarán los gastos de cada uno de los registros. Eso incluye desde sueldos hasta alquileres, servicios como luz, gas, agua, insumos de librería, documentación e impuestos. “Queremos ver dónde está la fuga, no hay una caza de brujas”, aclara un funcionario.
En un paso más de la decisión de estrechar el control sobre el funcionamiento de los 1.556 registros automotores del país, el Gobierno dispuso en las últimas horas una tanda de fiscalizaciones digitales en 25 de ellos, ubicados en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires.
Tras la intervención inicial de 140 registros, ahora se inició la “fiscalización digital” de otros 25, dispuesta por la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión de la subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio, el vice del titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
“Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron desde la cartera de Justicia.
Una variable clave de la fiscalización es la “observancia de stocks”: la recaudación de los registros y el reparto de fondos. Parte de lo recaudado debe ir a Acara, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, como “ente cooperador”, otra va a la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor y otra queda para la o el titular del registro. Cuanto más se factura, pero menos se informa, la “ganancia” es mayor.
Hay allí mucho dinero en juego y, del otro lado del mostrador, personas frustradas no solo por el costo sino también por los tiempos que insumen los trámites, que vuelve a los usuarios más permeables a la demanda de incentivos para acelerarlos.
Los gastos corrientes de los Registros no pasan por ningún control del Estado. No hay informes ni declaraciones juradas. Apenas hay un registro de los empleados que están en blanco y de los formularios y elementos registrales que se compran en la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que maneja fondos millonarios y que nadie se anima a discutir. “Todos los meses hacemos la liquidación de los emolumentos a la Dirección Nación por los trámites cobrados. Además hacemos una liquidación semanalmente a las provincias por los impuestos” explicó un interventor de la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Si quieren reducir los gastos hay que poner el foco en ACARA, la mayoría de los registros hoy no ganan plata”.
En el Ministerio de Justicia no descartan que el proceso de revisión pueda derivar en denuncias penales, si se encuentran sobreprecios, en los gastos declarados ante la AFIP. Tampoco se descarta el cierre de algunos registros “que no tienen razón de ser”. En ese caso, se apuntaría a una fusión con otros registros cercanos.
De fondo, el proceso apunta a las designaciones por favores políticos, algo habitual en las últimas décadas. En el mundo de los Registros hay decenas de familiares y amigos de políticos, contadores “cercanos”, hijos/as de ex diputados, ex senadores, ex ministros, y ex funcionarios. En el interior del país, las designaciones rozan a gobernadores y ex gobernadores. Muchos están en alerta.
En el listado de 141 aparece el Registro 3 de Santiago de Estero, intervenido hace más de una década. Por ese lugar pasó la senadora Claudia Ledesma Abdala, un contador cercano al zamorismo que ahora tiene un registro en La Banda, y ahora estaba en manos de Alejandro Xazbec, casado con una prima de Abdala. “En ese Registro se patentaban todos los vehículos oficiales para inflar la recaudación”, asegura una fuente que conoce los manejos en esa provincia.
Sobre los cambios anunciados, esa misma fuente asegura que en el interior del país muchos registros chicos están al margen de los favores políticos y terminan brindado un “servicio” al gobierno provincial y al nacional. “Nosotros cobramos sellado para la provincia y deudas por infracciones de tránsito que van al Ministerio de Justicia, le ahorramos empleados a todos”, se quejó.
En Santiago del Estero hay otros registros ligados a la política. Además del número 3 de la capital provincial, todas las miradas apuntan al 2 de La Banda, a cargo del contador Walter Jugo, cercano al zamorismo, y al Registro de la localidad de Ojo del Agua, en manos de Tatiana Capellinni, hija de la ex senadora Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini.
No es la única provincia con registros politizados. En Chaco, el diputado nacional Juan Carlos Pedrini (Unión por la Patria) es titular del Registro 2 de Resistencia pero lo dejó en manos de otras personas hace más de una década. En todo ese tiempo fue ministro, diputado provincial y luego legislador nacional. En el listado de 141 registros “intervenidos” también aparece el Registro 5 de Resistencia, cuyo encargado se acaba de sumar al gobierno provincial, un Registro en Castelli cuyo titular ganó un concurso y nunca fue puesto en funciones, y un Registro en la localidad de Barranqueras que está judicializado.
En San Juan, uno de los registros intervenidos está a cargo de María Angelia Riofrío, hermana de la ex senadora nacional Maira Riofrío. Los contactos políticos se repiten en casi todas las provincias.
“Hay 1.554 Registros de la Propiedad Automotor a lo largo y ancho del país: a revisión…”, tuiteó el vocero presidencial hace una semana dando una señal de lo que se viene.
En una primera etapa, según pudo saber Infobae, el Gobierno apunta a revisar todos los registros intervenidos. Más adelante podría avanzar sobre los concursos y los encargados titulares. “Hay muchas denuncias de concursos arreglados, pero hay que tener pruebas”, contesta un funcionario.
Las sospechas sobre los concursos no son nuevas, aunque hasta ahora nadie pudo probar en la Justicia que se filtren los exámenes escritos o que los jurados son parte de un acuerdo previo, dos de las acusaciones más difundidas.
La gestión anterior suspendió los concursos durante casi dos años. Y recién en la segunda mitad de 2022 se lanzaron varias convocatorias. Eso ocasionó una ola de designaciones en los últimos meses del gobierno. Todas llevan la firma de la entonces directora nacional, María Eugenia Doro Urquiza, una funcionaria cerca a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Uno de los casos más polémicas es el de Florencia Weber, hija del ex Director de Fiscalización y Control de la DNRPA, Eduardo “Rolo” Weber, un histórico del sistema que fue ascendido a mediados de 2020.
Weber quedó a cargo del registro 2 de San Isidro, el mismo que había tenido Doro Urquiza.
Ahora todo está bajo revisión.
En paralelo ya se trabaja con la digitalización, tal como plantea el DNU de Javier Milei. “El sistema está digitalizado en un 70%, los dos sistemas van a convivir por un tiempo porque para acceder al sistema se necesita firma digital”, advirtieron en el Ministerio de Justicia.
El plan de “normalización” de los registros incluye una revisión del funcionamiento de la Dirección Nacional del Automotor, temporalmente en manos de una funcionaria de carrera. Puntualmente, se están estudiando unos 30 nombramientos de los últimos meses. Como en otras áreas del gobierno, cuesta encontrar un funcionario que se anime a poner orden.
