Los detalles del proyecto para crear una fiscalía contra la corrupción: podrá investigar de forma autónoma
La norma se está elaborando en el Ministerio de Justicia y luego se elevará al procurador interino, Eduardo Casal. Plantea ampliar las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (PIA) o crear una nueva. Apunta a los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial
“El ministro de Justicia le va a sugerir al procurador general Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”, lanzó esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni. El anuncio generó sorpresa en todo el ámbito de la Justicia, especialmente en el fuero federal, donde se investigan estos delitos. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la propuesta plantea la posibilidad de ampliar las facultades de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) o de crear una nueva fiscalía especializada. Pero el dato novedoso es que esa Fiscalía, nueva o con facultades ampliadas, podrá investigar de forma autónoma y no dependerá de la convocatoria de otros fiscales.
El proyecto está redactado en un 90% y será elevado en los próximos días al procurador Casal, que se enteró de la novedad por los medios de comunicación. Recién luego del anuncio, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se comunicó con el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel. Pero todavía no hay fecha para esa reunión.
Aunque se habló de crear una nueva fiscalía, la iniciativa también plantea la posibilidad de ampliar las facultades de la PIA. Esa Fiscalía especializada en delitos de corrupción fue modificando sus facultades en los últimos años, lo que mereció hasta la intervención de la Corte Suprema. La ley actual plantea que se encarga de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes del Poder Ejecutivo, pero no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de gobierno provinciales o locales.
La iniciativa elaborada en el Ministerio de Justicia apunta a esos dos poderes. Eso incluye a diputados y senadores nacionales, e incluso a fiscales. “La propuesta es una Fiscalía con amplias facultades, con recursos propios y autonomía”, dijo a Infobae una fuente oficial.
Lo cierto es que el anuncio se da en el marco de una puja con sectores de la oposición por el tratamiento de la Ley Ómnibus presentada en el Congreso por parte del gobierno de Javier Milei, que llegó a hablar de pedidos de coimas. “Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas”, fue la frase que enardeció a legisladores de la oposición.
El dato más novedoso de la “nueva” Fiscalía es que “podrá recurrir o intervenir en forma autónoma” ante una denuncia de corrupción, sin necesidad de una convocatoria de otro fiscal federal. La propuesta también apunta a hechos de corrupción “graves”.
El vocero presidencial dijo esta mañana que la Fiscalía se enfocará “especialmente en los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”.
Fuentes judiciales consultadas por este medio destacaron que actualmente la PIA ya puede investigar a legisladores nacionales y hasta provinciales “siempre y cuando los delitos investigados involucren fondos nacionales”.
“La PIA debería tener más herramientas, actualmente todavía no puede acceder a información con secreto fiscal”, se quejó un fiscal federal.
Esa Fiscalía especializada, a cargo de Sergio Rodríguez, tiene unos 60 empleados e intervino en causas trascendentes de corrupción como el caso Ciccone o el vacunatorio VIP, donde apeló la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar parcialmente la causa y logró que la investigación siga adelante.
El anuncio de la nueva Fiscalía se da luego de los cuestionamientos de sectores de la oposición a la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de que la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no actúen como querellantes en causas de corrupción, una estrategia distinta a la que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. “Todo es parte de la nueva política criminal”, apuntó una fuente que conoce los detalles del proyecto oficial.
