Tal como ocurrió en Radio Nacional, la TV Pública también está aplicando una política de fuerte ajuste en el gasto, para bajar el déficit heredado de la gestión de Rosario Lufrano en la empresa estatal Radio y Televisión Argentina (RTA), que en 2023 se había disparado por encima de los $20.000 millones.
El año arrancó con la suspensión de los tradicionales móviles en la Costa atlántica y de los noticieros de la medianoche y del fin de semana, así como un profundo recorte en las horas extras de los empleados del canal, en las coproducciones de programas y en la transmisión de los Festivales de las provincias.
"Al no mandar los móviles a la Costa, nos ahorramos $10 millones por mes; el levantamiento del Noticiero del fin de semana nos permite bajar otros $36 millones; y con las horas extras y el plus nocturno que teníamos en el Noticiero de la medianoche superamos en total los $50 millones de ahorro para este mes, solo con esas medidas", dijo a Clarín una fuente cercana a las autoridades del canal.
Además, la gestión actual resolvió transmitir varios festivales de verano que se realizan en las provincias, como todos los años, pero esta vez la TV Pública no va a mandar equipos de conductores, productores ni técnicos. Tampoco van a pagar la subida de la señal audiovisual al satélite.
"Estamos negociando con cada festival, para que cada uno asuma los gastos de producción y distribución.
Nosotros solo mandamos un productor y tomamos la señal que produzca cada festival", contó a Clarín una fuente del canal, quien lamentó la gran cantidad de festivales que este año no va a poder transmitir en vivo la TV Pública. Y anunció que "peligra la transmisión de Cosquín, por falta de fondos".
También se cortaron las horas extras de los empleados de la TV Pública que no trabajan en el Noticiero y no se designó al director ejecutivo que reemplace a Claudio Martínez, que renunció el 10 de diciembre pasado, como parte del plan de ajuste que incluyó la no renovación de 500 contratos de empleados en Radio Nacional y de los directores que renunciaron ahí, tal como anticipó Clarín el viernes pasado.
El flamante vicepresidente de RTA -a cargo de la presidencia-, Javier Monte, también decidió terminar con el sistema de tercerización de los programas de la TV Pública, que se implementó masivamente en la gestión de Lufrano, donde se multiplicaron los acuerdos millonarios con productoras privadas que realizaban los programas de televisión.
Por eso, el directorio de la TV Pública solo renovó el contrato de Cocineros Argentinos, con un fuerte ajuste en el presupuesto aprobado para este año, en su decimosexta temporada; mientras que el resto de los programas tercerizados fueron levantados durante el verano y lo más probable es que no continúen este año, excepto las carreras del Turismo Carretera y programas del fin de semana que tienen muy bajo costo o se filman en el canal estatal.
Además de los dos noticieros suspendidos, algunos de los programas que ya no seguirán son las tiras diarias que conducían Ernestina Pais (Mañanas Públicas), Coco Silly (Noches de Mente) y Luli Trujllo y Pablo Caruso (Desiguales), entre otros.
Y ya se está repitiendo "lo mejor del 2023" de los programas Altavoz, País Federal, Todos Estamos Conectados, La Liga de la Ciencia y Archivo General de la Emoción, entre otros, a la espera de la llegada de las nuevas autoridades que designe el presidente Javier Milei, para ver si pueden seguir saliendo al aire con nuevas ediciones, en función de la nueva programación que sería lanzada entre marzo y abril.
Es que todas estas medidas son provisorias. En principio, están planificadas para los primeros meses del año, ya que el dirigente radical Monte era director por la tercera minoría parlamentaria en RTA y fue designado por el Directorio de la empresa estatal como vicepresidente a cargo de la presidencia, ante la renuncia de Rosario Lufrano y Osvaldo Santoro, el pasado 10 de diciembre, que habían sido designados por el presidente Alberto Fernández.
Pero todavía falta que el gobierno de Milei designe al presidente y al vicepresidente de la empresa estatal que maneja la TV Pública y Radio Nacional, en reemplazo de Lufrano y Santoro, mientras se define la privatización propuesta por el gobierno en el proyecto de Ley ómnibus.
Por eso, tampoco está previsto designar al nuevo gerente de Noticias de la TV Pública, en reemplazo de Albino Aguirre, quien había sido designado en la gestión de Lufrano y ya presentó su renuncia para seguir solo hasta fines de enero.
"Lo hacemos por respeto a las nuevas autoridades que designe el Gobierno, para que ellos diseñen las políticas públicas acá, en sintonía con el ajuste de gastos que estamos llevando adelante", dijo a Clarín una fuente cercana a la gestión actual. Y agregó que siempre a fin de año vencen los contratos, pero esta vez "no estamos negociando para renovarlos".
Lo más probable es que cuando este año se entreguen los premios Martín Fierro a las mejores producciones televisivas del 2023, la mayoría de los nominados y premiados de la TV Pública ya no estén al aire en el canal estatal.
Fuerte impacto de las medidas
Los empleados de Radio Nacional hicieron una Asamblea General el lunes pasado, donde resolvieron un "plan de lucha" para oponerse a la no renovación de casi 500 contratos.
Ese plan incluye participar este jueves de la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, el próximo martes harán una radio abierta y movilizarán el 24 de enero junto con los gremios de la CGT contra el DNU y el proyecto de Ley ómnibus que propone privatizar Radio Nacional, la TV Pública, Télam, Encuentro y Pakapaka, entre otros medios públicos.
Una fuente de la TV Pública le aseguró a Clarín que una periodista del Noticiero a quien no le renovaron el contrato para seguir este año ya mandó un telegrama considerándose despedida. Y que la respuesta del canal fue que no había una relación de dependencia con esa periodista.
Sin embargo, la Justicia laboral ya falló varias veces contra RTA ante la no renovación de contratos, como fueron los casos de los periodistas Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Barragán, entre otros, a quienes la gestión macrista no les renovó sus programas en Radio Nacional en 2016.
Incluso aunque se trate de empleados contratados por productoras tercerizadas, como ocurrió con Orlando Barone, por ejemplo, que estaba contratado por la productora PPT de Diego Gvirtz, como columnista del programa ultra K 678, pero cuya indemnización ante el levantamiento del programa terminó pagando la TV Pública.
De todos modos, algunos periodistas de los que no les renovaron este fin de año los contratos en Radio Nacional ya manifestaron que su voluntad no era continuar allí en 2024, como Lautaro Maislin y Gisela Busaniche.
Maislin le planteó a Clarín que "ya había dicho que me iba del programa, más allá de quién ganara, porque no podía sostener más el horario por mi otro trabajo".
Víctor Hugo Morales aseguró en redes sociales que su trabajo en el programa Estación Piazzola era ad honorem, gratuito, como "una contribución cultural". Embón sostuvo que su programa Embón en cuerpo y alma "no fue cancelado", sino que ahora "no sale al aire porque hay programación de verano".
Y Busaniche aclaró en redes sociales que ella fue la que rescindió su contrato con Radio Nacional el 30 de noviembre, donde conducía el programa Ahí Vamos, para irse antes del cambio de gestión presidencial del 10 de diciembre.
