Llegó a su fin el aporte del Estado a la Iglesia
Se trata de una asignación económica a los obispos, que concluyó el 31 de diciembre último, al completarse la renuncia progresiva a los fondos que había fijado el Episcopado
El último día de diciembre, la Iglesia dejó de percibir el aporte económico del Estado, que se asignaba mensualmente a los obispos, al concluir el período de renuncia progresiva, que se había acordado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Llegó a su fin, así, el pago de $55.000 al centenar de arzobispos y obispos de todo el país, que se dispuso históricamente, en virtud del artículo 2 de la Constitución nacional, según el cual “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
La renuncia a esta asignación comenzó a aplicarse progresivamente en 2018, a partir de una decisión de la asamblea plenaria de los obispos, en acuerdo con el gobierno de Macri, en momentos en que algunas voces de la sociedad comenzaban a reclamar la separación entre la Iglesia católica y el Estado.
La fecha para fijar el cese definitivo de las asignaciones fue fijada con el gobierno de Alberto Fernández, acordada con la Secretaría de Culto de la Nación, que conducía Guillermo Oliveri.
La Secretaría de Culto, en una resolución firmada el 26 de abril de 2023, habilitó a los arzobispos y obispos que hubieran cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez para solicitar de manera particular recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley, con la anuencia de la Nunciatura Apostólica, entre otros requisitos.
Según informó el Episcopado, el próximo paso será la prescindencia de una contribución que perciben los seminaristas diocesanos y el reemplazo de la asignación que se envía a los párrocos de frontera, en concepto de ayuda a la obra solidaria.
El monto global asignado mediante estas ayudas no llegaba al 7% del presupuesto que administra la Iglesia, según algunas estimaciones confiables.
No forman parte de este régimen los aportes que reciben los colegios, en función del régimen de subsidios que las distintas jurisdicciones del país asignan a la enseñanza privada, en virtud del derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos.
