Potenciar Trabajo: la Justicia acreditó que 8.500 beneficiarios son empleados provinciales
Abarca a solo las 10 provincias que enviaron la base de datos de sus dependientes. Significa una erogación del Estado de $7.800.000.000 anuales. El fiscal Marijuan ya pidió sus bajas.
El fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho incompatible. El funcionario judicial solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Hasta la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mayor programa del ex Ministerio de Desarrollo Social era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social. Y los ministros que estuvieron a cargo de la poderosa cartera fueron Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. En las tres administraciones Pérsico siguió a cargo del Potenciar Trabajo.
La ex ministra de Desarrollo Social y el ex secretario de Economía Social bajo la lupa del fiscal Guillermo Marijuan por la supuesta inclusión irregular de beneficiarios al programa Potenciar Trabajo
Son las provincias de Tucumán con 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
La provincia de Buenos Aires es un caso particular. La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof, fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.
A este ritmo, la cantidad de incompatibilidades solo en las gobernaciones -sin contar los municipios- pueden superar largamente a las 20.000 personas. ¿Conocen las autoridades esta anomalía? ¿Punteros políticos cobran las tarjetas de los beneficiarios? ¿Los beneficiarios saben que están incluidos en el Potenciar Trabajo? ¿Hay uno o varios “Chocolate” Rigau que se quedaba con ese cobro? Estas son solo algunas de las preguntas que deberá desentrañar la Justicia federal.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
La denuncia que Guillermo Marijuan hizo llegar a diez provincias, entre ellas, Jujuy. Por el presunto cobro irregular de empleados públicos que cobraban el Potenciar Trabajo, solo a beneficiarios de esa provincia se destinaban, más de 50 millones de pesos mensuales
Uno de los ejemplos tomados por la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que registra 652 incompatibilidades. “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.
Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito “hacer cesar los efectos del delito, me veo compelido a requerir que, una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa. De tal suerte se impone, de manera inmediata, la necesidad de hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
Hasta ahora 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no respondieron los requerimientos de la Justicia a pesar de las dos intimaciones que recibieron por parte del fiscal Marijuan.
Se trata de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Como se explicó, la provincia de Buenos Aires respondió de manera parcial.
En la fiscalía los investigadores evalúan dos posibilidades “o no quieren dar a conocer los datos porque es un hecho escandaloso y que va contra la normativa del Potenciar Trabajo -que establece que la persona que consigue trabajo mientras lo está cobrando queda automáticamente suspendido en su cobro” -, o “están atrasados por el cambio de gobernadores”.
El programa tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, según establece la resolución que lo creó en 2020.
La normativa destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”. (Infobae)
