El presidente Javier Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas. Seguí todas las repercusiones del DNU minuto a minuto.
Cuándo entra en vigencia el DNU y todos los detalles del decreto
El mega DNU que presentó Javier Milei en la noche del miércoles tendrá que dar algunos pasos aún para quedar firme. El más importante de ellos deberá darlo en el Congreso de la Nación. Allí, diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas del Ejecutivo.
La normativa establece que una vez que se publica en Boletín Oficial, el Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para notificar a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, integrada por representantes de todos los bloques, que también tendrá 10 días para emitir dictamen. Además establece que las Cámaras deben tratar de manera inmediata los dictámenes. Sin embargo, estos plazos nunca se cumplen y es habitual que queden cajoneados en el Congreso. Tal es así que se estima que unos 100 decretos de Alberto Fernández nunca fueron tratados.
Mientras todo eso sucede, el DNU tiene la presunción de validez una vez publicado en el Boletín Oficial y hasta que el Congreso no lo anule tiene efectos jurídicos como una ley. Vale aclarar que con la aprobación de una de las Cámaras ya quedaría firme.
Pero habrá que ver si la batalla no pasa también al ámbito judicial en el que deberá tratarse su constitucionalidad, entre otras razones, porque los DNU deben ser dictados en situaciones de "necesidad y urgencia" y constitucionalistas aseguran que no están dadas las circunstancias excepcionales para hacerlo en este momento.
Milei, este miércoles, dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.
