Montaron un laboratorio falso y distribuyeron una droga que mató a 5 personas: juzgan a los responsables
Además de los fallecidos, hubo otras 33 víctimas. Los imputados están siendo juzgados por adulterar una inyección de hierro para tratar la anemia. Dos décadas después, los familiares de las víctimas buscan justicia.
Entre el 2003 y el 2004 circuló por todo el país una droga falsificada que mató a 5 personas y dejó otras 33 víctimas. La causa es conocida como “Yectafer asesino” y recién ahora, 20 años después del hecho, los responsables de adulterar ese medicamento están siendo juzgados por la Justicia Federal en la Ciudad de Buenos Aires.
Yectafer es una ampolla inyectable que sirve para tratar casos de anemia y cuyo componente principal es el hierro. Los médicos suelen recetárselas a embarazadas como suplemento ante un déficit ferroso.
Hace dos décadas, el único laboratorio que estaba autorizado a vender la marca era AstraZeneca. Sin embargo, una banda criminal logró montar una fábrica clandestina en una casa de San Martín, donde clonaron hasta el más mínimo detalle de esta droga, pero solo superficialmente.
Las cajas y los prospectos eran idénticos, los envases estrictamente similares, pero los investigadores descubrieron un detalle que la volvió letal: contenía tres veces más de citrato de hierro que lo indicado en el envase, así como el PH y la densidad de la sustancia tampoco coincidían con la de la medicina inyectable original.
La causa fue investigada a nivel federal por el fiscal ya fallecido Federico Delgado. Les imputó concretamente haber adulterado el lote N° 03100718, con vencimiento en octubre de 2006. En 2012, el juez Norberto Oyarbide llegó a procesar a 15 presuntos miembros de la organización, de los cuales diez llegaron a juicio.
Se trata de Adrián Jorge Quintela, Diego Hernán Manzotti, Pablo Jorge Cernadas, Alberto Mario Akawie, Daniel Leonardo Rabinovich, Roberto Enrique Gegenschatz, Víctor Julián Scattolini, Sandra Lilian Vitale, Miguel Cervera y Santiago Lucio Gavazza.
El debate comenzó hace una semana en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general Miguel Ángel Osorio.
Durante la audiencia de apertura, el tribunal -integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini- leyó los requerimientos de elevación a juicio y la defensa realizó planteos preliminares alegando violación de plazos razonables, entre otros.
Tras un cuarto intermedio, se resolvió que el juicio seguirá el 12 de diciembre, en una audiencia donde la fiscalíará busca demostrar la culpabilidad de los acusados y establecer que el medicamento adulterado causó muertes y lesiones graves, incluyendo afecciones hepáticas, insuficiencia cardíaca, respiratoria y alteraciones del sistema nervioso.
El rol de los imputados, la fórmula para la falsificación y la ruta de las inyecciones falsas
Según la acusación, los imputados desempeñaron roles cruciales en las diferentes etapas de la maniobra delictiva, que pasó por la cadena de producción, de distribución y terminó con la comercialización del medicamento falsificado.
Todo comenzó en un laboratorio clandestino montado en un domicilio del partido de San Martín por Ángel Luis Cirullo, el supuesto jefe de la organización que falleció antes del comienzo del debate.
Las ampollas y estuches utilizados para el acondicionamiento del material habrían sido suministrados por Vitale y Cervera, que eran a su vez propietarios de las empresas Ampovit y Ampopack, ubicadas en Ciudadela, dedicadas precisamente a la fabricación de esos elementos utilizados en la industria farmacéutica.
A su vez, el citrato de hierro contenido en las ampollas las obtuvieron gracias a la empresa Interdog, la cual se dedicaba a la comercialización de esa sustancia, pero con fines veterinarios.
Una vez clonado el medicamento, la estructura criminal lo colocó dentro del circuito comercial mediante la Droguería Gleal Médica. Desde allí, se le proveyó de Yectafer adulterado a la Droguería Quimbel SA -Química Belgrano Sociedad Anónima- mediante el contacto con el imputado Manzotti, empleado de la droguería y miembro de la organización oriundo de Bahía Blanca.
En tanto, Rabinovich, Gegenschatz, Cernadas y Akawie, autoridades de esa empresa, simularon ilegalmente el ingreso de la mercadería a la contabilidad de la compañía a través de facturas y remitos falsos librados por el falso laboratorio “Sbrancia y Costa SRL”, con domicilio fijado en Caseros, el lugar donde funcionaba una mueblería con el mismo nombre.
Por último, se descubrió que los remitos apócrifos fueron aportados por los imputados Quintela y Scattolini para “blanquear” el ingreso ilegal de medicamentos a Quimbel SA.
De un total de 470 unidades de Yectafer falso compradas por Quimbel SA, 300 fueron vendidas a la “Drogueria Gavazza” -cuyo socio gerente era el imputado Gavazza-, 20 a “Farmacia Azul” y 150 a “Rentefarm” y de allí derivadas a los distintos puntos de venta directa al público consumidor.
En la acusación, la fiscalía citó entre las pruebas un estudio realizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que dio cuenta que se les aplicó a los animales el Yectafer cuestionado y el 100% de ellos murieron.
“Antes de morir mostraron alteraciones neurológicas, del ritmo cardiaco y frecuencia respiratoria, sintomatología compatible con la que se presenta en casos de intoxicación por exceso de hierro. Las autopsias dieron los mismos resultados: aumento de tamaño y coloración del hígado y riñones y depósitos oscuros en el intestino delgado. Se estudió además la reversión de la intoxicación por hierro aplicándose el antídoto indicado en el prospecto, pero con ello el índice de mortalidad se redujo solo en un 50 %”, dice el informe.
“Precisamente, las lesiones a la salud de las personas a quienes se le suministró el medicamento y que en algunos casos llegaron a la muerte tuvieron que ver con afecciones hepáticas y/o alguno de los otros síntomas mencionados, como insuficiencia cardíaca y/o respiratoria o alteraciones del sistema nervioso”, detalló la fiscalía.
Añadió que “el modus operandi de la maniobra incluyó la utilización de documentos privados falsos y la falsificación de marcas y designaciones protegidas por la ley de marcas y su puesta en circulación a través de su comercialización fraudulenta”.
Verónica Díaz, la muerte que destapó la causa
El caso salió a la luz en diciembre del 2004, con la muerte sorpresiva de Verónica Díaz. La joven de 22 años estaba sana, solo debía tratar una anemia ferropénica por falta de hierro.
En el Hospital Artémides Zatti, de Viedma, le dieron siete inyecciones de Yectafer Sorbitex. Debían ser diez, pero no resistió. Después de cinco días de agonía, la víctima falleció en el Hospital Eva Perón de San Martín, donde había sido derivada de urgencia.
Dosis del mismo medicamento envenenaron a otras tantas mujeres mientras, en paralelo, se investigaba la muerte de Díaz. Ella murió el 23 de diciembre y ese mismo día, a partir de una denuncia del Instituto Nacional de Medicamentos, se determinó que la droga estaba adulteraba.
Todo ese lote fue retirado del mercado. Tenía el mismo número de una partida genuina que se había distribuido entre fines de 2003 y febrero de 2004, y que el laboratorio AstraZeneca consideraba prácticamente consumida. La intoxicación fue frenada, pero, lamentablemente, otras cuatro personas murieron por esta causa.
Otro de los casos que más resonó fue el de Lucía Giménez, una chica de 28 años de Diamante, en Entre Ríos, que estaba embarazada de 5 meses y medio.
Su abogado, Nelson Schlotahuer, habló con TN y contó detalles de cómo se sintió la paciente cuando fue inyectada con la droga asesina: “Luciana fue a consultar a su médico particular y le recetó Yectafer. Se lo aplicaron al otro día en el Hospital de Diamante. Enseguida empezó con síntomas como somnolencia, náuseas y dolores en todo el cuerpo. Concurrió al hospital nuevamente, fue trasladada al otro día a Paraná y terminó falleciendo en una clínica privada a los pocos días, con un cuadro de coagulopatía por consumo”.
El letrado comenzó a investigar e intentó comprobar si había sido envenenada con ese medicamento, o si hubo sobredosis. También manejaban la hipótesis de que la joven no estaba preparada para ese medicamento. “Cuando escuchamos lo que pasó en Río Negro con Verónica Díaz, nos comunicamos con su familia y le pedimos datos del lote, así vimos que era el mismo que había sido denunciado por la ANMAT”, explicó.
Schlotahuer no representa legalmente en la actualidad a la familia de Luciana, ya que forma parte del gobierno municipal de la ciudad de Diamante. Sin embargo, sigue en contacto con ellos, quienes constantemente le hacen consultas sobre el caso y esperan que, después de tantos años de sufrimiento, puedan llegar a obtener justicia.
Desde AstraZeneca repudiaron el hecho y esperan que se haga justicia
El laboratorio AstraZeneca era el único autorizado a comercializar Yectafer - Hierro 5% en ese momento. Con esta causa, se vio afectado directamente.
TN se comunicó con las autoridades de la sede en Argentina, quienes lamentaron las muertes que causó la droga falsificada y esperan que en el juicio los responsables paguen por todo el daño.
“Desde AstraZeneca lamentamos profundamente lo sucedido con las víctimas y destacamos que la compañía no tuvo responsabilidad en este hecho. AstraZeneca se constituyó como querellante y particular damnificado en la causa de Instrucción al haberse introducido en el mercado un producto adulterado, cuyo objetivo era intentar imitar uno de nuestros productos”, explicaron.
“En dicho expediente, en la Resolución del 08.02.2005 se determinó la acreditación de la adulteración, mediante fabricación clandestina de un producto con características similares del medicamento original, falsificando el elaborado por nuestro laboratorio. Determinándose así, por tanto, que el producto involucrado en la investigación no se trataba de un medicamento producido y/o comercializado por AstraZeneca”, agregaron.
“Repudiamos todo tipo de acción que atenta contra la salud de las personas. Nuestro accionar siempre está basado y regulado en altos estándares de calidad y nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los pacientes, por lo que ante estos casos se realiza un seguimiento por interés en la causa, pero afirmamos que la compañía ya no forma parte del proceso penal actual en curso”, cerraron.
