El fiscal Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) y autor de la denuncia en la que se reclamó dar de baja a 159.919 beneficiarios del plan social “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior, le envió un oficio dirigido a la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz para ponerla al tanto de la investigación que impulsó. En su misiva también le reclamó a la funcionaria: “Le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios”.
Tal como reveló Infobae la semana pasada, Marijuán denunció que desde 2020 a la actualidad 159.919 beneficiarios del plan social “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior, “circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa” y pidió que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa, además de la baja de quienes lo cobran. Hizo un detallado análisis de esos movimientos: : 817 en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 no se especificó. De los movimientos en avión 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.
Anoche, durante un programa de televisión de TN, Tolosa Paz señaló que no había tenido acceso a la denuncia y que se había ordenado un entrecruzamiento con Migraciones. “De 1.263.182 titulares del Potenciar, que es el padrón activo, es menos del 1%, que podemos denominar ‘algunos vivos que pretenden ingresar a la fuerza del Estado y cobrar un Plan Potenciar sin hacer la contraprestación, y tomarse un avión a un extranjero’. Son todos indicadores de una presunción de ingresos que no da cuenta con la primera condición de ingreso que es la vulnerabilidad social. Por tanto, ¿cómo esta ministra puede tener los datos? A través del entrecruzamiento de la información”, argumentó.
Fue en ese contexto que apareció el oficio de Marijuán al que accedió Infobae. Tras hacer alusión a “una serie de inexactitudes que manifestara públicamente en punto a una investigación y denuncia formulada por el suscripto, relativa al plan social Potenciar Trabajo”, Marijuan le comunicó a la funcionaria que “la denuncia que motivara el inicio de la causa nro. CFP 3749/2023 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 1 de esta ciudad se basó en un entrecruzamiento de datos ordenado de oficio por el suscripto sin mediar voluntad ni participación de su ministerio. El mismo fue efectuado por el SINTYS tomando, por un lado, el padrón de personas con planes Potenciar Trabajo VIGENTES que fue proporcionado por el organismo a su cargo -luego de reiterados reclamos de esta Unidad Fiscal- y, por otro lado, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones”.
El fiscal señaló además que “como uno de los resultados de dicho estudio, conforme lo expuse en la denuncia penal, tenemos que 29.076 movimientos migratorios de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo se realizaron por distintas líneas aéreas, lo que demuestra indudablemente una capacidad económica distinta y opuesta a aquella que quiere proteger y paliar el aludido plan social”.
El fiscal también detalló, en mayúscula: “LA NÓMINA DE TODOS LOS BENEFICIAROS QUE VIAJARON EN AVIONES Y BARCOS PARA SALIR DEL PAÍS CON SUS RESPECTIVOS DNI, NO SOLO SE ENCUENTRA A SU ALCANCE INMEDIATO, SI NO QUE TAMBIÉN ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA FEDERAL Y DEL JUZGADO FEDERAL DESINSACULADO PARA INTERVENIR EN EL CASO”. Se trata del juzgado federal de María Servini y el fiscal Franco Picardi, señalaron a Infobae fuentes judiciales.
Según acotó, “la Dirección Nacional de Migraciones proporcionó, además de la nómina de personas detectadas con movimientos migratorios en el entrecruzamiento, la lista de empresas aéreas y otros medios de trasporte utilizados”.
El funcionario aclaró también que “como resultado del entrecruzamiento aludido se detectó que otra importantísima cantidad de titulares del Plan Potenciar Trabajo salieron de la República Argentina a países limítrofes durante la vigencia del mismo” y que “Todos los organismos involucrados, incluso el suyo, cuentan con los nombres y DNI de estas personas”.
Además, resaltó, “uno de los aspectos que se tuvo particularmente en consideración fue detectar a aquellos que registran estadías en el exterior por más de treinta días, lo cual pone de resalto que una vez que egresan del país retornarían con una alta probabilidad de tener como único propósito la percepción del plan sin vivir en el territorio argentino”
“En tal sentido, y para que no pueda argumentarse un desconocimiento o ‘falta de notificación’, lo que es un absurdo por que, como ya dije, los datos le pertenecen, aún así le remito junto al presente oficio las 4 bases de datos que nos fueran aportadas por el SINTYS como resultado del entrecruzamiento de datos solicitado exclusivamente por el suscripto”, dijo.
“En base a la información obrante en las mismas, que cuenta con un total 1.458.217 movimientos migratorios registrados, fue que realicé la denuncia penal a la que me vengo refiriendo y que son datos, reitero, que siempre estuvieron a su alcance y al de los funcionarios a su cargo”, acotó.
“Sentado cuanto antecede y dado el enorme perjuicio económico que se le ocasionó y que se puede seguir generando al Estado Nacional en los meses subsiguientes con pagos indebidos de planes, producto de la falta absoluta de control que ya se evidenció meses atrás -con las inconsistencias detectadas por la AFIP-, le sugiero que, además de las medidas que se tienen que tomar de manera inmediata en este caso, se extremen los controles sobre el padrón vigente de beneficiarios. Sin más, me encuentro a su disposición para cualquier presentación que se deba efectuar dentro del ámbito de mi competencia”, afirmó.