El pliego de la jueza Ana María Figueroa estuvo trabado durante meses, incluso llegó a la edad obligatoria para jubilarse y la Corte manifestó que no debía seguir en el cargo. Sin embargo, el jueves pasado el oficialismo logró los votos necesarios para aprobarlo en el Senado. Se trata de una jueza clave para la causa Hotesur, donde está involucrada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Esta tarde, después de tres días de demora, Alberto Fernández firmó el pliego para que Figueroa pueda seguir en funciones pese a haber cumplido los 75 años y de la determinación de la Corte Suprema.
La demora del jefe de Estado generó suspicacias en el kirchnerismo, dada la disputa que mantiene desde gran parte de su mandato con su compañera de fórmula. No obstante, hay varias versiones sobre los motivos por los cuales se dilató la firma del decreto tan esperado por la vicepresidenta.
Una teoría sostiene que la jueza que cumplió 75 años en octubre, no quiere atravesar lo que podría ser un engorroso proceso para culminar con un nuevo rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta versión fue sugerida por el senador opositor Luis Juez, uno de los que se opuso al pliego de Figueroa en la sesión del jueves.
Otra explicación aduce un conflicto judicial para el propio gobierno de Fernández. Sucede que en 2017, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano promulgó un decreto en el que estableció que los jueces que cumplían 75 años debían tener previamente un nuevo acuerdo del Senado por 5 años más, de lo contrario, debían dejar su cargo.
También se especulaba con la posibilidad de que aquellos que firmen el decreto de Figueroa podrían quedar expuestos a ser denunciados por no acatar un fallo de la Corte, que ya la cesanteó a la jueza en cuestión el 6 de septiembre pasado.
Al respecto, Soria aseguró el viernes desde sus redes sociales que “el único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando -una vez más- facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Art 114) y del Senado (Art 99.4)”.
El dato concreto es que el último jueves, el oficialismo en el Senado y sus aliados le otorgaron un nuevo acuerdo al pliego de la exjueza Figueroa. Ahora, el Gobierno debe emitir un decreto, publicarlo en el Boletín Oficial y enviarlo a la Cámara Federal de Casación Penal.
En tanto, el plenario del Consejo de la Magistratura volverá a reunirse este miércoles y se espera que el conflicto por la designación de Figueroa forme parte del intercambio entre los consejeros del oficialismo y la oposición. Si bien el tema de la camarista no figura en el temario, se prevé que sea analizado mientras se espera la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
