Chocogate: contratos cruzados entre los partidos políticos y empleados de décadas, en la mira de la justicia

LA PLATA.- Los empleados de la Cámara de Diputados bonaerense que figuran como titulares de las tarjetas de débito que tenía Julio “Chocolate” Rigau aparecen vinculados a todo el arco político, según surge de los legajos del registro de personal a los que accedió LA NACION. Sus designaciones como empleados legislativos fueron avaladas por el Frente de la Victoria, seguido por el Frente Renovador y por Cambiemos Buenos Aires, en mayor medida.

El análisis del historial de esos empleados aporta otros hallazgos: algunos de esos titulares de tarjetas de débito secuestradas en poder de Rigau no ingresaron a la Legislatura para esta campaña electoral o durante los últimos dos años, ni tampoco para la anterior contienda en las urnas. Algunos suman más de veinte años como empleados legislativos.

Hasta ahora, sin embargo, la Justicia no logró determinar cuándo comenzó Rigau a cobrar los salarios de estos empleados públicos. ¿Comenzó hace un mes? ¿Llevaba años fatigando los cajeros automáticos del Banco Provincia en la ciudad de La Plata para completar extracciones de esos sueldos superiores a 500.000 pesos? ¿Eran estos los únicos empleados cuyas tarjetas operaba “Chocolate”?

En ese sentido, los oficios que libró la titular de la Unidad Funcional de Investigaciones N°2, Betina Lacky, a la gerencia del Banco Provincia no tuvieron respuesta antes de que la Cámara de Apelaciones declarara nula la investigación iniciada por hurto, se afirmó en el Ministerio Público.

Hay, sin embargo, algunos indicios inquietantes. Por ejemplo, que las claves de acceso a las tarjetas de débito que tenía Rigau eran números correlativos: 2021, 2022 y 2023. Pero es la gerencia del Banco Provincia la que debería informar a la Justicia detalles de las extracciones de esos empleados que podrían ayudar a determinar si las maniobras de “Chocolate” se iniciaron en aquellos años o habían comenzado, incluso, hace décadas.

En ese sentido, al menos uno de los 45 empleados citados como testigos por la Fiscalía acumula casi veinte años como empleado en la Legislatura, según consta en los expedientes administrativos que integran la causa penal que la Fiscalía General de La Plata buscará reabrir mañana con la presentación de un recurso de apelación.

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Ese empleado, Raúl Folone, ingresó a trabajar en el Palacio Legislativo en 2004, con el aval del bloque del Frente para la Victoria, con la categoría 23. Este titular de la tarjeta de débito hallada en poder de Rigau trabajó hasta 2015 como empleado del bloque del Partido Justicialista o el Frente para la Victoria. Pero en 2017 era empleado de Cambiemos Buenos Aires. Finalmente desde 2019 figura como empleado de “bloque político”.

Fulone declaró ante la justicia que es chofer en la Cámara de Diputados. Afirmó que viaja regularmente y por tal motivo entregó voluntariamente a Rigau su tarjeta de débito para que cobrase su sueldo. Así, su testimonio exculpó a “Chocolate” del delito de hurto.

 Por su parte, Graciela Anivarro comenzó en 2008 con el apoyo de Carlos “Cuto” Moreno y fue designada en el bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados bonaerense. Y Marisol Correa ingresó en 2014, también con la firma de la vicepresidencia de la Cámara baja, a cargo de “Cuto” Moreno, pero fue asignada al bloque del Frente Renovador que lidera el hoy candidato a la presidencia, Sergio Massa, en tanto que Agata Solange Plana ingresó en 2011 con el aval del Frente para la Victoria.

Ezequiel Tocci, en tanto, es el único que se salió del rebaño. Ante la Justicia declaró que desconocía que tuviera un contrato activo en la Legislatura y afirmó que había devuelto la tarjeta de débito a la Cámara de Diputados bonaerense, aunque figura con un legajo abierto en 2016 con el aval del Frente para la Victoria.

Diego Koster ingresó con el aval de Cambiemos Buenos Aires, según consta en el Legajo 25456 que la Dirección de Personal de la Cámara remitió a la Fiscalía. Este empleado, Koster, ingresó en 2017 y figuró como empleado activo hasta 2019 en Cambiemos Buenos Aires, cuando pasó a quedar registrado bajo la designación de “bloque político”. Nunca figuró como empleado del Frente de Todos.

Koster lleva sobre sus espaldas un dato curioso: su domicilio es contiguo o el mismo al de “Chocolate” Rigau. ¿Acordaron fijar el mismo domicilio? ¿Son vecinos? Y de ser así, ¿mera coincidencia? ¿O Rigau lo hizo entrar a Koster a trabajar en la Legislatura?

Su designación habría llegado a propuesta de María José Tedeschi, diputada mandato cumplido del Frente Renovador que se pasó luego a Cambiemos. La versión que circuló en diputados no fue confirmada por la ex legisladora, que no respondió los llamados a La Nacion.

Otra de los titulares de las tarjetas, Rosana Silvia Delgado, figura como empleada en la Cámara de Diputados desde hace 22 años. Delgado declaró en tribunales que trabaja en un galpón en la calle 70 como personal de maestranza. También detalló que conoce a Rigau porque realiza allí trabajos de mantenimiento como electricista. Afirmó que dado ese vínculo le entregó voluntariamente el plástico para que “Chocolate” le cobrase el sueldo.

Aportes al Frente Renovador

Tanto Agata Plana como Rosana Delgado, al igual que “Chocolate” Rigau y otros siete dueños de las tarjetas de débito bajo la lupa, en tanto, serían aportantes de la campaña del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, en 2013, según detectó LA NACION tras analizar las rendiciones de cuentas que las fuerzas políticas presentaron ante la Cámara Nacional Electoral.

Junto a Rigau, Plana y Delgado, también aparecen Mónica Patricia Caberta, Raúl Horacio Boragina, Cecilia Raimondo Nora, Rubén Mendivil, Ernesto Crivaro y Juan José Tocci, todos con aportes al Frente Renovador por la suma idéntica de $65.000, mientras que Lidia Leonor Malmaceda aportó al mismo espacio, pero un poco menos: 60.000 pesos.

Sin embargo, no todos los titulares de las tarjetas de débito sospechadas declararon ser amigos del puntero político liberado el 21 de este mes por orden de la Sala III de la Cámara de Apelaciones. En el caso de Paula Valdata es más que amiga de Rigau: es su nieta. Declaró que trabaja en la Cámara de Diputados hace nueve años en el área de seguimiento de expedientes. “Mi abuelo me dijo que necesitaba gente y fui”, declaró ante la Justicia.

De la mano de su abuelo “Chocolate”, a Valdata -30 años y al menos una deuda que llevó a una gestión de cobranza-, no le fue mal. Según testificó en los tribunales penales platenses, en la Legislatura cobra un suelo de $ 560.000 por mes.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin, remitió a la Justicia un informe con precisiones sobre las áreas en que trabajan -y desde qué fecha- cada uno de los titulares de las tarjetas de débito halladas en poder del puntero, como también envió, a pedido de la Fiscalía, los legajos firmados por el jefe de departamento de registro de personal y abrió una investigación interna.

Otermin, sin embargo, no respondió a los pedidos de entrevista de LA NACION sobre el episodio que investigaba la UFI n° 2 y con intervención del Juzgado de Garantías n° 1 por las presuntas 177 defraudaciones, más otras 45 en grado de tentativa, todas en concurso real, hasta que la investigación fue declarada nula el jueves 21, decisión que el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo afirmó que apelaría.

Desde entonces, y en cuentagotas, algunos legisladores comenzaron a reaccionar tras las primeras críticas y reclamos que sólo habían planteado desde el Frente de Izquierda y La Libertad Avanza.

En ese sentido, Rubén Eslaiman (Frente Renovador- Unión por la Patria) indicó a LA NACION que tras la detención de Rigau solicitó a la administración al jefe administrativo de la Cámara que emita una resolución “informando a los empleados que las tarjetas de débito son intransferibles, que no las pueden dar a amigos familiares o compañeros de trabajo para que retiren dinero de los cajeros, que todos deben ir y hacer la cola, como cualquier ciudadano”. Es decir, la misma pauta de conducta que recomiendan a sus clientes todos los bancos desde hace años, como también urgen a no compartir las contraseñas.

Por su parte, Maximiliano Abad (Juntos) afirmó que desde el bloque acompañarán “cualquier proceso de investigación administrativo o judicial”, incluidos “los pedidos de informes que se presenten en la Cámara por propios y extraños”, aunque evitó precisar si él o su bancada promoverá algún tipo de iniciativa. “Estamos siguiendo el proceso judicial”, sostuvo.

En los próximos días, la causa podría volver a tomar impulso, tras la apelación del Fiscal General Héctor Vogliolo. Fuentes del Banco aseguraron que la entidad “respondió todos los requerimientos que recibió de la Justicia”.

Por ahora el caso Rigau mantiene en vilo a toda la política. Axel Kicillof aún no se pronunció en público sobre el caso que podría tomar nuevo impulso tras el recurso elevado el viernes último por el Fiscal General de La Plata ante la Cámara de Apelaciones.

“El gobernador no tiene nada que ver con el caso, ni conoce al involucrado-dijeron en la Casa de Gobierno a La Nacion-. No es que el gobernador no quiere opinar. Es la Justicia la que tiene que dar respuestas. Ante la denuncia, la Justicia debe investigar y esclarecer los hechos. Determinar si hubo delito, qué delitos y los responsables. Esperamos con ansias la respuesta judicial porque de lo contrario se utiliza para desprestigiar y ensuciar a toda la política en el marco de una campaña, que ya tiene el condimento de la anti política como eje”.