TN en el barrio más peligroso de El Salvador: así funciona el polémico método de Bukele contra la delincuencia
Pasó de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de la región. Denuncian violaciones a los derechos humanos detrás del estado de excepción dispuesto hace más de un año.
Las calles de El Salvador no son las mismas que hace cuatro años cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de esta pequeña nación centroamericana. La delincuencia disminuyó notablemente, como así también los crímenes a mansalva y las paredes marcadas con las balas de los pandilleros que se enfrentaban a muerte con sus rivales.
La llamada “guerra contra las maras” le puso fin a décadas regadas por sangre en la que los salvadoreños directamente no podían caminar por ciertos barrios o se exponían al riesgo de ser robados, atacados o, directamente, asesinados. Sucedía en las ciudades del interior, en la periferia de la capital y hasta en el casco histórico.
Toda esta situación empezó a cambiar con la mano dura del gobierno salvadoreño y se aceleró cuando el 27 de marzo de 2022 el presidente Bukele decretó un estado de excepción que permite un mayor despliegue de las fuerzas policiales y militares, busca acelerar los procesos judiciales y reduce abiertamente los derechos de los detenidos.
Un estado de excepción que permitió detener a más de 72.300 personas, según cifras oficiales, pero que esconde múltiples riesgos relacionados a los debidos procesos judiciales, las condiciones de detención y la persecución contra los medios o la política, tal como denuncian distintos sectores opositores al gobierno de Bukele.
Un país marcado por la violencia y las maras
El Salvador es un país que históricamente estuvo marcado por la violencia y el conflicto. Fue escenario de una cruenta guerra civil desde 1979 hasta 1992 que dejó a un Estado corrompido y vulnerable a los pandilleros que por aquellos años residían en Estados Unidos y empezaron a ser deportados nuevamente a su país.
Muchos de estos delincuentes habían encontrado asilo en suelo norteamericano, más precisamente en Los Ángeles, durante la guerra civil salvadoreña. Allí se unificaron y empezaron a conformar los grupos que luego se radicarían en distintas partes de El Salvador e iniciarían la temible guerra entre las maras.
Como los carteles mexicanos o colombianos, en El Salvador existieron dos grandes pandillas que se enfrentaban a fuego y sangre por el control territorial: la mara Salvatrucha y el Barrio 18. Había decenas de grupos más pequeños, pero estos dos abarcaban a la mayoría. Cada barrio, calle y edificio estaba delimitado. El miembro de una mara no podía penetrar en territorio enemigo porque era asesinado.
“He visto gente muerta en la vereda, te podían matar porque sospechaban de un tatuaje o simplemente porque tenías unas zapatillas que no les gustaba”, cuenta Diego García, un joven traductor, durante un recorrido con TN por las calles de San Salvador, la capital. Su testimonio no es exclusivo, sino que fácilmente es posible encontrar a otras personas que hayan tenido la misma experiencia que él.
Para tener dimensión, El Salvador llegó a ser el país con la mayor tasa de homicidios del mundo en 2015. En aquel año alcanzó el tristemente récord de 106,8 crímenes por cada 100.000 habitantes. “No podíamos salir a la calle, los comerciantes tenían que pagarles a las maras para su protección y no se podía vivir”, relata Zaid, un comerciante de una feria céntrica de la capital.
La llegada de Bukele y el polémico estado de excepción
En este contexto es que en 2019 Nayib Bukele llega a la presidencia de El Salvador con un 53% de los votos y la promesa de cambio. Rápidamente el “dictador más cool del mundo” -como él mismo se definía en redes sociales para responderle a los que lo catalogan de autoritario- inició un proceso de purga de las fuerzas y persecución impiadosa a las maras.
En todos estos años su estrategia le valió múltiples denuncias de organizaciones de derechos humanos y grupos opositores, pero también respaldos a medida que las cifras que publicaba el gobierno marcaban una antítesis total de los años más sangrientos en la historia de El Salvador.
El 27 de marzo de 2022, y tras una violenta jornada con por lo menos 40 homicidios, Bukele decretó un estado de excepción que se extiende hasta el día de hoy. “Lo que estamos haciendo es responder al pedido del pueblo, el centro de gravedad de los derechos humanos en muchos países está sobre los delincuentes y nosotros lo movimos sobre la sociedad”, consideró en diálogo exclusivo con TN el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.
De los 106,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 El Salvador proyecta un 1,8 para este año, según la información entregada por el propio ministro. “Cuando activamos la guerra contra las maras teníamos 76.800 objetivos, ya detuvimos a 72.300 y no vamos a parar hasta detener al último”, sentenció en su despacho quien es uno de los principales funcionarios de Bukele.
Esta cantidad de detenciones hizo que El Salvador se posicione como el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, según un relevamiento realizado por la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Pasó de tener casi 30.000 presos en marzo de 2022 a más de 96.000 en marzo de 2023.
Las puestas cinematográficas se repitieron en el último tiempo con el afán de mostrarle al mundo los resultados positivos de esta política de mano dura impuesta por Bukele. Sin titubeos y temor a las críticas, el gobierno salvadoreño repite que el estado de excepción que restringe fuertemente los derechos y garantías individuales “será renovado hasta que sea necesario”, tal como afirmó el ministro Villatoro a TN.
Un estado de excepción marcado también por las denuncias
Los avances en materia de seguridad son evidentes y así lo demuestra la postura de la población en la calle. Prácticamente no hay quien no apoye la política impuesta por Bukele, que cuenta con más del 90% de respaldo de la sociedad, lo que lo marca como un claro favorito para quedarse con las elecciones presidenciales del próximo año, a pesar de que la oposición asegura que el presidente no puede volver presentarse por lo establecido en la constitución.
La cuestión de la reelección es solo una de las denuncias que Bukele tiene en su contra y por la que muchos lo han catalogado como un presidente autoritario. “Si bien a nivel internacional se lo vendió como el país más seguro del mundo, el estado de excepción esconde un grave retroceso de derechos humanos, de capturas arbitrarias, de procesos judiciales viciados”, le asegura a TN Mario Beltrán Mejía, director de la revista GatoEncerrado, uno de los medios apuntados por el gobierno.
Si bien se respira una sensación de seguridad en la calle, hay quienes se animan a criticar levemente esta posición de Bukele: “Es peligroso hablar más de él”, replican. ¿Por qué? Muchos temen ser detenidos bajo el paraguas de la lucha contra las maras, pero con el objetivo real de acallar a la oposición y a los sectores que denuncian violaciones a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas.
Tal es el caso de Cristosal, una ONG que ha recibido miles de denuncias y pedidos de ayuda por parte de personas cuyos familiares fueron detenidos. “Tenemos contabilizados por lo menos 3000 casos de denuncias por detenciones arbitrarias”, detalla para este artículo Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de la organización.
Por su parte, la ONG WOLA aseguró que más del 90% de los presos están detenidos por períodos prolongados bajo detención provisional y sin una sentencia firme. Uno de los cambios que establece el estado de excepción es la detención de 15 días como mínimo en lugar de 72 horas. “Es la forma de combatir el terrorismo”, se defiende el ministro Villatoro, pero las denuncias apuntan a que este tiempo se extiende.
No es la única sospecha en torno a Bukele. Cifras recogidas por la organización Socorro Jurídico Humanitario arroja que una persona muere cada cuatro días en las cárceles salvadoreñas. Estadísticas que son rechazadas por el gobierno y que estas agrupaciones relevan en base a testimonios de familiares.
