El manifestante que se descompensó este jueves en el Obelisco cuando fue detenido por la policía porteña y falleció en el hospital Ramos Mejía es Facundo Molares Schoenfeld, un disidente del proceso de paz de Colombia, según el partido Farc (Fuerzas Alternativa Revolucionaria del Común). Durante su etapa en la guerrilla en ese país, Molares utilizó el alias “Camilo Fierro”.
El gobierno del entonces presidente colombiano Iván Duque le atribuyó a Molares, entre otros delitos, el secuestro del concejal Armando Acuña, en 2009. El funcionario fue liberado en 2011.
Molares fue detenido por Interpol en noviembre de 2021 en Chubut. Y fue recluido en un penal federal de las afueras de Buenos Aires. Desde allí se declaró inocente y aseguró que su extradición no correspondía ya que los delitos que se le atribuían ocurrieron antes de los acuerdos de Paz firmados en 2016 entre las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos tras medio siglo de conflicto armado.
Nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y pasó por Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile y Bolivia hasta que llegó a Colombia, donde se convirtió en el tercer extranjero en formar parte de las FARC, por detrás de la holandesa Tanja Nijmeijer y el chileno Manuel Olate Céspedes.
Tras alejarse de las FARC, Molares volvió a la Argentina. En 2019 viajó a Bolivia, según él, para retratar la violencia que se desató en ese país tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Fue herido y quedó detenido hasta 2020, cuando pudo regresar al país.
El caso de extradición
En una audiencia virtual de mayo del año pasado, el juez Guido Otranto declaró "parcialmente procedente" la extradición, centrándola en los delitos de "secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado", y anunció que el jueves se conocerán los fundamentos completos de la sentencia.
El magistrado se refirió al secuestro del concejal colombiano Acuña Molina, donde Molares habría tenido la tarea de custodiarlo durante parte de su cautiverio, según consignó Otranto, y a la emboscada a una patrulla policial para robar sus armas por parte de las FARC.
Sin embargo, el juez consideró "improcedente" extraditarlo "por lo delitos de terrorismo" así como otros reclamados por la Justicia colombiana.
La defensa del argentino la ejercieron los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares, que integran La Gremial de Abogados, y el caso concitó el apoyo de organismos de derechos humanos que consideraron "inadmisible" la extradición ya que "las acusaciones formuladas, inciertas e infundadas, corresponden al período comprendido en los Acuerdos de Paz", según advirtieron en una declaración Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
En julio del año pasado, la Justicia argentina otorgó la excarcelación a Molares Schoenfeld, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia rechazara un pedido de extradición en su contra.
"Quiero agradecer a todos los que han ayudado", dijo Molares al recuperar su libertad tras meses de detención en la Unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza.
Ese día, ante miembros de las organizaciones sociales y de derechos humanos que se acercaron a la salida del penal, Molares expresó su satisfacción por "contar con un pueblo, organizaciones y familias con la fuerza suficiente para triunfar" y exhortó a "seguir adelante en la lucha hasta que nuestro pueblo sea digno y feliz, hasta que nuestro país y el mundo vivamos en armonía y fraternidad".
