Volvió la violencia en el sur de Chile: un grupo radical mapuche incendió autos, una escuela y una iglesia
También se produjo un incendio en un centro médico y una persona resultó herida por las llamas. Sigue el estado de excepción en la región.
Encapuchados quemaron este miércoles una escuela, un centro médico, una iglesia y varios vehículos en la zona del conflicto con los indígenas mapuches que reclaman tierras ancestrales en el sur de Chile.
El ataque incendiario, reivindicado por un grupo radical mapuche, se produjo en la localidad de Traiguén, en la región de La Araucanía, informó el coronel de la policía Patricio Martínez.
“En horas de la madrugada, individuos desconocidos provistos de líquidos acelerantes, procedieron a quemar la posta rural, la ambulancia, vehículos particulares, el colegio, una sede vecinal y la iglesia de la comunidad de Añiñen”, en Traiguén, dijo Martínez, citado por el departamento de comunicaciones de la Policía.
Un paramédico sufrió heridas leves en el cuello y rostro luego de intentar apagar el fuego en el centro médico. En total fueron incendiados tres vehículos, informó AFP.
La Resistencia Mapuche Malleco se atribuyó el ataque en el sur de Chile
En el lugar, la Policía encontró un lienzo en el que el grupo radical ‘Resistencia Mapuche Malleco’ se atribuye el ataque y exige la salida del territorio mapuche de “las instituciones racistas”.
Según AP, la pancarta exigía el regreso a una cárcel de La Araucanía de 17 presos mapuches que el 7 de mayo secuestraron a guardiacárceles para que les permitieran recibir visitas. Fueron sancionados con su traslado a penales más al sur del país.
Traiguén es una localidad de casi 20.000 habitantes, cerca de la ciudad de Temuco, capital de la región de La Araucanía. Allí se asienta gran parte de las comunidades indígenas mapuche, la principal etnia del país.
Los grupos radicales profundizaron el conflicto mediante la toma de vías o la quema de casas, edificios públicos o maquinaria agrícola y forestal.
En La Araucanía y en la vecina región del Biobío, unos 600 kilómetros al sur, rige hace 14 meses un estado de emergencia que permite usar a los militares en colaboración con la policía en el control del orden público. Cifras oficiales indican que los ataques bajaron casi a la mitad desde la vigencia de ese estado de excepción.
