La relación entre las Fuerzas Armadas y el kirchnerismo siempre fue, como poco, tirante. Los juicios por los delitos de lesa humanidad, bajar los cuadros de los dictadores y la política de derechos humanos y de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado chocaron de frente con ciertos sectores de los militares. Pero ahora, el oficialismo avanzó un paso más.
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley en donde, entre otras cosas, busca que sea el Poder Ejecutivo en la figura del Presidente quien defina los ascensos en las Fuerzas Armadas y quitarle esa potestad al Senado.
Cuando lo explicó la Casa Rosada, luego de que Alberto Fernández anunciara en la cena de camaradería que iba a enviar esta modificación a la norma que regula a las Fuerzas Armadas, señalaron que el proyecto iba a “habilitar mecanismos que facilitan e incentivan el pasaje de categoría de soldado a suboficial y de suboficial a oficial como incentivo a la capacitación continua, a la igualdad de oportunidades y al progreso en la carrera militar, haciendo especial hincapié en la trayectoria educativa profesional y promoviendo un proceso continuo y progresivo de desarrollo de las competencias requeridas para contar con Fuerzas Armadas de excelencia”.
La norma establece que se mantiene el sistema para el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas en donde lo concede el jefe de Estado previo acuerdo del Senado. Y, en el caso de los suboficiales, “será otorgado por el Presidente de la Nación”. De esta manera, se elimina la Junta Militar como la encargada de esa realizar las promociones.
Así queda establecido en el artículo 43 de la iniciativa: “El ascenso del personal de Oficiales de las Fuerzas Armadas lo concede el PRESIDENTE DE LA NACIÓN, y previo acuerdo del HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN a Oficial Superior y dentro de esa subcategoría. El ascenso del personal de Suboficiales de las Fuerzas Armadas será otorgado por el PRESIDENTE DE LA NACIÓN. La Tropa y el Alumnado se regirán por sus respectivos regímenes particulares, en cuyo diseño se tendrá en cuenta el principio de la acción militar conjunta”.
El sistema actual establece que primero hay una selección interna de cada una de las fuerzas, luego se envían los candidatos al Ejecutivo y es éste quien los remite al Senado, en donde son debatidos en la Comisión de Acuerdo y en donde, por lo general, el kirchnerismo realiza un exhaustivo análisis de los antecedentes teniendo como eje un posible contacto con la represión ilegal.
Con este cambio, el Ejecutivo sería el que autorice los ascensos en los mandos medios y lo que generaría es que, con el tiempo, todos aquellos que sean propuestos para ser ascendidos a oficiales habrán llegado a ese lugar -o no- por la elección del presidente de turno y no a propuesta de las fuerzas y con aprobación de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.
Para el especialista en fuerzas de seguridad Miguel Ángel Toma, el proyecto de ley que ingresó al Senado significa llevar adelante “un intento muy similar a lo que hizo Hugo Chaves -ex presidente de Venezuela- porque al anular la Junta Militar como el instrumento capaz de calificar profesionalmente a las personas de las fuerzas, se abre la posibilidad de la ideologización y la politización de las FFAA. Ahora se abre la posibilidad de poner en las fuerzas armadas de personas identificas con una fuerza o idea política”.
“A partir de esto las FFAA dejan de ser el instrumento en función de la defensa de la soberanía para pasar a ser un instrumento de la política de un gobierno circunstancial, que en este caso, además, alineado con todos los dictadores de América latina como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y del resto del mundo como Irán, China y Rusia. Es el abandono de occidente”, agregó el especialista.
Otro punto que establece el proyecto se refiere a los militares en retiro. En este caso, señala que “tienen derecho a votar” y a “expresarse libremente” siempre y cuando esas expresiones no incurran en comprometer a la defensa nacional, divulgar información con clasificación, afectar el estado general de disciplina, agraviar a las autoridades públicas, promover en dependencias y organismos militares actividades proselitistas de carácter político-partidario”.
El cambio en la forma en la que se definirán los ascensos no sólo que quita potestad al Senado de la Nación sino que releva de esa función a las Fuerzas Armadas, lo que genera un nueva discrepancia entre los hombres y mujeres de las armas con el kirchnerismo.
Aunque genera malestar en las Fuerzas, la ventaja es que es poco probable que este proyecto logre un cauce en el Senado de la Nación. El oficialismo hoy está trabajando en lograr el quórum para aprobar 75 pliegos judiciales entre los que se encuentra la extensión por 5 años en el cargo para la jueza Ana María Figueroa, magistrada de Casación Penal que tiene la causa Hotesur y que el 9 de Agosto cumple 75 años, la edad jubilatoria.
En ese escenario, y con las elecciones presidenciales que no sólo podrían cambiar de color político a la máxima autoridad del Ejecutivo sino que también podría impactar en la correlación de fuerzas entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo en la Cámara Alta, es poco probable que el oficialismo obtenga el número para sesionar. “Recién la semana que viene, cuando estén todos, vamos a poder tener una idea”, señaló una fuente del inter bloque del Frente de Todos sobre las posibilidades de que avance el proyecto de ley de Taiana.
