La idea original de esta nota era contar qué pasa en Jujuy, pero ni la crónica periodística, ni el realismo mágico ni siquiera la inteligencia artificial pueden ayudar.
Todo está oculto y a la vez, todo es tan obvio.
Analizar una sola chispa de las que encendió el fuego demuestra todo lo absurdo del tema: la cuestión de la nueva constitución y las comunidades originarias.
La constitución jujeña era de 1986 y se decidió modernizarla.
Para eso el 7 de mayo junto a las elecciones que ganó el Frente Cambia Jujuy (la continuidad de Gerardo Morales, con Carlos Sadir como gobernador) con el 49,5% de los votos se realizó también la elección para constituyentes.
Como es lógico, los propios jujeños eligieron a quiénes querían que reformaran la constitución. Los resultados fueron también bastante contundentes: Frente Cambia Jujuy 49,16%, el Frente Justicialista 21,95% y Frente de Izquierda 12,61%.
Los puntos que habrían de reformarse se conocían desde septiembre pasado y, se supone, aquellos que se postulaban para constituyentes los tenían estudiados.
La reforma fue votada por unanimidad, exceptuando a la izquierda que se retiró del recinto.
O sea, los jujeños democráticamente a través de sus representantes, se dieron una nueva constitución.
Uno de los ítems que necesitaba una modernización era el de los pueblos originarios. En la constitución vieja, el artículo 50 decía: “Protección a los aborígenes. La provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.
Se lo modernizó por uno más explícito y amplio que, bajo el título “Derechos y garantías de las comunidades indígenas”, tenía cinco puntos:
Esta Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto hacia su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación.
El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos.
El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la provincia, respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afectan de manera directa.
No hay que ser experto en lógica para entender que la propuesta de la nueva constitución era mucho más amplia y beneficiosa para las comunidades originarias.
¿Qué pasó?
Ante el enojo y la violencia de las comunidades, con cortes salvajes que demolieron la actividad turística -hoy la provincia pierde $200 millones diarios- y que hasta produjeron la muerte de una pobre señora que estuvo detenida diez horas para pasar y se descompensó, debió volverse al artículo 50 viejo: ese que apenas nombraba a “los aborígenes”.
¿Por qué las comunidades originarias protestaron violentamente contra una legislación que claramente los favorecía?
Porque la izquierda y el kirchnerismo les mintieron.
¿Así de sencillo?
Sí.
Para seguir una de las puntas de la historia hay que ir hasta el 15 de noviembre de 1972, a muchos kilómetros de la Quebrada de Humahuaca.
A Buenos Aires.
Más precisamente a la Escuela de Mecánica de la Armada. Si pudiésemos ver ese día la entrada del complejo de parques y edificios veríamos en el piso de la guardia el cráneo destrozado y la rara posición en la que quedó el cuerpo del cabo Juan Luis Contreras que murió sin saber que estaba a punto de encenderse una hoguera cuyas cenizas aún tapan de violencia un país que parece no querer aprender de las lecciones del pasado.
Contreras murió defendiendo el lugar en el levantamiento que llevó adelante el guardiamarina Julio César Urien. Sí, Julio César le pusieron de nombre, como para no creerse un iluminado.
Niño bien de zona norte, misa semanal y rugby, Julio entró en la armada siguiendo la tradición familiar que llega hasta 1809, cuando José María Urien capturó al Virrey Liniers en la estancia de Piedritas. Con esos antecedentes, como para no creerse un predestinado.
La toma de la ESMA, que fue un fracaso porque finalmente nada salió como lo planeado, terminó con el encarcelamiento del marino Urien. Claro, pocos meses después, cuando Héctor Cámpora sube al poder y libera a todos los “presos políticos”, en alegre montón sale también Urien. Al poco tiempo, se conecta con el cura tercermundista Jorge Adur y se relaciona con Montoneros. Iglesia, Fuerzas Armadas, violencia y soberbia juvenil, ¿qué podría malir sal? Es entonces que junto con el teniente de navío Carlos Lebrón redacta el “Manual Militar de Montoneros”, que sirvió para instruir a los militantes sobre la utilización de armas de fuego, la fabricación de bombas caseras y formas de uso.
Vuelve a la cárcel. Presentado como “preso de la dictadura” la historia es un poco más compleja, ya que en realidad fue preso por el peronismo: fue detenido en mayo del ’75. La dictadura, simplemente, siguió el camino trazado por el peronismo.
Quien quiera escuchar la historia que de manera heroica cuenta sobre sí mismo Urien, no tienen más que entrar en la página del canal Encuentro, donde hay un programa de una hora en el que el héroe del fracaso se elogia sin parar. Sí, ese programa, también lo pagó usted.
Es cierto, debe haber mejores maneras de pasar la tarde, así que no se preocupe, yo ya lo vi y se lo puedo contar;
Le ahorro el trance.
Sin darse cuenta -porque los privilegiados no suelen comprender que lo son- dice que lo separan tres días estando preso en la dictadura para matarlo. Sin embargo, en vez de buscarlo a él, en el momento de la ejecución, se llevan a otro. ¿Por qué? Porque su mamá se lo pidió al Ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, en aquél momento, amo y señor sobre la vida de los argentinos. Además, Harguindeguy era amigo del abuelo de Julio. Entre diablos, no nos vamos a quemar el tridente, habrá dicho. Ah, cierto que no se puede hablar de dos demonios.
No estoy exagerando, lo cuenta así, como al pasar. No lo mataron porque su mamá se lo pidió a un militar sanguinario, la ligó un compañero y todos felices. En el mismo programa cuenta de su relación con militares del dictador venezolano Hugo Chávez.
En 2005, con pompa y circunstancia en la Casa Rosada, Néstor Kirchner le devolvió a Urién la condición militar -había sido dado de baja por María Estela Martínez de Perón- y lo ascendió dos grados, a Teniente de Fragata de la Armada.
En el ’21 Urien le ganó un juicio a Eduardo Feinman, que había dicho por televisión dos cosas: que Urien había dado el tiro que mató al cabo Contreras en la toma de la ESMA y que, en su reivindicación, Kirchner le había pagado todos los sueldos caídos en 30 años. El juicio lo ganó Urién porque el abogado demostró que no había sido él quien había disparado a Contreras. Del otro tema, de los sueldos caídos en 30 años, no hubo una palabra.
Entre otros éxitos de Urien en democracia figura haber sido secretario de adoctrinamiento y acción política del PJ en Tigre. También fue titular del Astillero Río Santiago, con pésima relación con los trabajadores del lugar y una salida intempestiva de su puesto, con la llega de Scioli a la gobernación bonaerense. En este cargo había anunciado la reparación del rompehielos Almirante Irízar en dos años. Lo dijo en el 2007. Finalmente, y con un costo superior a lo que saldría haber armado uno nuevo, lo repararon en los Astilleros Tandanor y volvió al mar en 2017.
Pero Urien no se amedrenta por un fracaso.
Ni por dos.
Ni por tres.
Es titular hace ya años de FIPCA la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (sí, se llama así, qué va’cer, ya había avisado que todo es absurdo). La Fundación compró por 90.000 dólares al Club Náutico San Isidro el velero La Sanmartiniana, que La Cámpora usaba para “concientizar sobre los intereses marítimos y propagar el peronismo de izquierda” y que después de naufragar, apareció en las costas de las Islas Malvinas, cuya asamblea legislativa se apiadó de los militantes y no les cobró el rescate. Según viejos tripulantes del barco, hubo una mezcla de ignorancia y prepotencia en el cuidado de la embarcación y el manejo de la situación. “Eran unos payasos”, dicen. O sea, nadie sabía un pomo y así les fue.
Pero los éxitos no terminan allí, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. En el ’16 Urien firma junto a los exitosos Luis D’Elía y Gabriel Mariotto un apoyo al actual asesor del ministro Sergio Massa, Amado Boudou, acusado de afanarse la máquina de hacer billetes.
Y hay más.
Urien y FIPCA tienen una fijación: el lago Escondido y Joe Lewis, a quien acusan de ser dueño de un enclave británico en la Patagonia. Encabezó en febrero de este año la pomposamente llamada 7ª marcha por la soberanía de Lago Escondido, que terminó abruptamente cuando unos gauchos los corrieron a rebencazos. Pese a ello, Urién anunció la retirada como si fuese otro éxito, habló de “gesta patriótica” y dijo: “Cumplidos los objetivos de haber puesto de manifiesto que el Lago Escondido es de todos los argentinos, se ha decidido dar por concluida la misma”. Al tiempo, un grupito de manifestantes, cansados y con calor exigían ser trasladados en helicópteros, mientras que otro de los líderes, el incomprensible Jorge Rachid, profesor en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e integrante del Instituto Patria, se hizo el pícaro y se metió en una ambulancia diciendo que tenía que acompañar a una militante descompuesta.
Una mentirita piadosa.
Con él mismo.
Ahora bien, si esta nota intenta contar qué pasa en Jujuy ¿por qué la aparición estelar de un montonero tardío, un señor al que no le avisaron que el almanaque ya tiene un 2 adelante hace más de 20 años?
Porque Julio César Urién, ídolo del kirchnerismo, al que no mataron porque su mamá se lo pidió a Harguindeguy, el que escribió un manual en montoneros para armar bombas, el que se levantó contra la ESMA donde murió un muchachito de poco más de 20 años, el jovencito de misa matinal y rugby en San Isidro, el que apoya a Boudou y naufraga en los mares del sur y ve una gesta patriótica cuando es corrido a rebencazos por gauchos patagónicos y que fue secretario de adoctrinamiento del PJ en Tigre y se fue silbando bajo de los Astilleros Río Santiago, apareció en los cortes de Purmamarca.
“Hemos venido a instalarnos acá, entre la Ruta 9 y la 52 (la entrada a Purmamarca) en un acampe en carácter de solidaridad, apoyo y observación como FIPCA y organizaciones sanmartinianas con varios medios audiovisuales porque nos han pedido que se difunda esta lucha contra las multinacionales y estos dirigentes que son serviles a esos intereses; esta especie de terrorismo de Estado que es un ensayo por si vuelve esta oposición liberal como Bullrich, Morales. Acá se está definiendo el futuro de la nación. Somos un campamento de avanzada para ir sumando a esta resistencia que será larga y dura” dijo en un video viralizado, detrás de sus anteojos caros.
Ya de regreso, porque la revolución es algo que cansa, Urién dijo en Radio Gráfica: “Es más grave de lo que se puede calcular; más allá de la represión, del problema de quitarles las tierras a las comunidades originarias; acá se plantea claramente un paso para una desintegración nacional, para que la provincia de Jujuy se transforme en un estado independiente; se pone por encima de la constitución nacional teniendo atribuciones como si fuera otro país”.
Nada de eso es cierto.
La nueva constitución provincial, comienza diciendo, en su artículo 1: “La provincia de Jujuy, como parte integrante e inseparable de la Nación Argentina, tiene el libre ejercicio de todos los poderes que no hayan sido delegados al Gobierno Federal”.
“Integrante e inseparable”, dice. Cuéntese otra, Urien.
Sin embargo, a las comunidades originarias más alejadas o menos conectadas les dijeron claramente que Morales les iba a sacar las tierras, las casas, los animales, el agua. Aquellos que se niegan a participar de los cortes son amedrentados públicamente, se publican en redes sus direcciones. Los aprietes contra quienes no quieren protestar adquieren todas las formas posibles.
“Te van a quitar tu casa”, dicen los porteños que llegan a la Puna, metiendo una desesperación innecesaria en gente acostumbrada a pasarla mal.
En la noche del 30 de junio, el Concejo Deliberante de Humahuaca sufrió hasta el intento de linchamiento de la concejal Natalia Quispe, quien tuvo que escapar disfrazada de policía por la puerta de atrás del concejo. En la refriega con la policía provincial, un muchacho de apellido Paredes recibió una bala de goma en un ojo y su visión corre peligro.
Los concejos deliberantes de todas las localidades de la zona son presionados para pedir no sólo la baja de la nueva constitución sino también, la renuncia del gobernador Morales. Como si no se hubiese votado hace menos de dos meses.
A todo esto, la constitución no dice nada de eso que quienes cortan las rutas -y sus ideólogos- dicen que dice.
El conflicto jujeño comienza con una protesta legítima de los docentes provinciales. Según cuentan algunos de ellos, con 25 años de antigüedad, cobran 140.000 pesos. Nueve marchas de antorchas hubo, marchas tan pacíficas y familiares que una vez terminadas, los mismos manifestantes juntaban hasta el último papel caído en las calles. Sobre esas protestas se montó la izquierda y el kirchnerismo. Hoy los docentes ya levantaron sus paros, después de una recomposición salarial que sigue sonando a poco.
El gobierno nacional no se desentendió del tema. El secretario de derechos humanos, el inclasificable Horacio Pietragalla, llegó con avión estatal a ver qué estaba pasando. ¿Se habrá encontrado con la pila de piedras, las vías recién puestas ya levantadas y la cartelería de Vialidad Nacional rota con la que quienes cortaban la ruta amedrentaban a los turistas; con los aprietes y las mentiras?
En todo caso, de eso no dijo nada.
Como de Cecilia Strzyzowski o de Emerenciano Sena o de Coki Capitanich.
Alberto Fernández, en su carácter de presidente del PJ, decidió intervenir al partido en Jujuy porque, claro, nada de la interna del PJ es ajeno a ningún problema del país.
Por suerte, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, el actual intendente de Merlo pero que no es intendente porque en ese lugar puso a su hermana, y por eso es pre candidato a intendente de Merlo, serán los que guíen el partido en la provincia
Esta nota intentaba contar un poco qué pasa en Jujuy.
Lo siento, tal nivel de barbarie y frustración, de manipulación y mentira -una simple recorrida por internet en busca de noticias le hará creer al desprevenido lector que Morales es un Pol Pot coya- es casi imposible de contar.
Ahí está la democracia que tiene que defenderse.
Ahí están los soldados perdidos de guerras pasadas combatiendo en sus batallas imaginarias
Ahí están el ayer y el mañana enfrentándose a los piedrazos.
De quien gane depende nuestro futuro.
