Maggie tenía su casa en el barrio 131 de San Luis, Capital.
Vivía allí desde 1997.
Un día tuvo la mala idea de alquilarle una parte de la casa a una empresa constructora, o mejor, a lo que ella creyó que era una empresa constructora. Con alegría, llevó a su hijo -que casi toda su vida había pasado ahí en esa casa del Barrio 131- a Córdoba. El chico iba a empezar a estudiar en la universidad.
A su regreso, con toda la lógica del mundo, quiso entrar en su casa -con un gesto cotidiano, automático, porque así uno entra en su propia casa- pero no pudo.
Había adentro gente de la “empresa constructora” que en realidad nunca fue tal.
Esa gente se metió en su vivienda y listo, ya está.
Era el año 2012.
Maggie tenía, obviamente, la escritura; la única llave legal de una propiedad; pero no sólo eso, además tenía los recuerdos, la vida empapada en cada mueble, las marcas que la memoria deja en los objetos de todos los días, las rayas de la historia, el eco de las risas, la humedad ya seca de las lágrimas.
Maggie, sin dudas, era la dueña de su casa, y no únicamente porque lo decía la escritura, que eso sólo en los países. (Iba a escribir “en los países serios” pero no, ni siquiera hace falta un mínimo de seriedad, en los países nomás, en todos los países menos en éste). Tiene -y mostró cada vez que se lo pidieron- no sólo los recibos de todos los servicios de la casa -luz, abl, gas- a su nombre, sino que, meticulosa, tiene hasta los recibos del calefón que compró para esa casa, de los electrodomésticos. Todo.
¡Qué difícil se hace la vida cuando hay que explicar el adjetivo posesivo de la tercera persona: “su”, que significa que es de ella!
Pero los intrusos presentaron un boleto de compraventa.
Era apócrifo.
Estaba firmado por una escribana cuya matrícula había sido retenida.
El supuesto vendedor, según los papeles truchos, se suicidó el mismo día en que vendió la casa. ¿Quién no vende una casa el mismo día en que se suicida, verdad, señor juez?
Maggie presentó testigos y pruebas.
Era SU casa, todos lo sabían menos el Estado argentino.
Recuerdo, esto ocurrió en el año 2012.
Hace ya once años.
Maggie gastó un montón de plata en abogados para explicar que “su” casa significaba que la casa era suya.
Los usurpadores no tuvieron que poner un peso.
Maggie debió encargarse de convencer a la justicia que su casa era su casa; los usurpadores no tenían esa obligación, no debían explicar nada, sólo la usaban con la complacencia del Estado argentino.
Los ecos de su casa se fueron apagando, las marcas de su casa se iban perdiendo, el juego de los abogados iba borrando cada historia de Maggie en SU casa.
El expediente llegó al Superior Tribunal de Justicia provincial, que favoreció a la ex mujer del denunciado, quien además está imputado por estas causas y varias más.
Para eso que increíblemente sigue llamándose “justicia”, la escritura de Maggie, todas las facturas a su nombre, las marcas, las huellas y la memoria son nada.
Ganaron los intrusos con un boleto de compraventa trucho de una escribana sin matrícula.
Sin resignarse, Maggie dice: “son una asociación ilícita organizada y avalados desde el poder judicial, compuesta por jueces, políticos, abogados y delincuentes”. La misma asociación ilícita que también usurpó un complejo de cabañas en la provincia.
2012/2023. La casa del Barrio 131 sigue en poder de los intrusos, que, obviamente, están libres.
El Estado argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie.
Fernando y su familia son discapacitados.
Heredó la propiedad de su padre en la calle París en Villa Albertina, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Sus primos hicieron dos falsas denuncias y terminaron usurpando la propiedad junto a inquilinos que se aprovecharon de la muerte del padre de Fernando, don Carlos que murió en el 2020 de Covid. Los usurpadores generaron violencia física delante del nene de Fernando, con TEA, cuyo tratamiento se vio retrasado. El nivel de violencia sufrido por Fernando y su familia es inconcebible, hasta con un intento de homicidio por parte de los usurpadores.
Los usurpadores siguen viviendo en la casa de la calle París, que el padre de Fernando le había dejado en herencia.
Hoy Fernando y su familia están en situación de calle.
El Estado Argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie y a Fernando.
Cuando en 2012 Diana sufrió la muerte de su mamá y se quedó sola en su casa de Laferrere, provincia de Buenos Aires, notó que todos los días golpeaban la puerta, la acechaban, la miraban desde la claraboya cuando se bañaba. No soportó la situación. Se fue por unos días. Dos semanas después, con una barreta, entraron y saquearon todo lo que había. A la vista de los vecinos de toda la vida.
Ese mismo día, una chica con un cochecito y un bebé se instalaron a vivir. Al poco tiempo, la vendieron por chaucha y palitos.
Jamás Diana pudo recuperar su casa, no tiene dinero para iniciar un juicio. Toda la plata se le va en alquilar un lugar mientras mira por Google el maxikiosco que desconocidos instalaron en lo que era SU casa. Ni huellas, ni risas, ni lágrimas, ni historia.
El Estado Argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie, a Fernando y a Diana.
Juan compraba y vendía autos, pero unos ciudadanos peruanos que le alquilaban tres propiedades en Villa Madero, La Matanza, dejaron de pagarle y fraguaron un boleto de compra venta. Se quedaron con las propiedades y listo. Como en otros casos, como en muchos otros casos también hubo violencia: le pegaron a su hija, quien por la golpiza estuvo internada. Los usurpadores no suelen ser caballeritos de buenas formas. Sin límites éticos, con el aparato judicial y político de su lado, son los omnipotentes dueños de las propiedades y las vidas de quienes tienen la mala suerte de estar ahí, en el lugar que ellos quieren. Son un malón al amparo del poder del estado nacional. El papá de Juan, ante la desesperación de la situación, murió del disgusto. Los autos que Juan vendía fueron destruidos por los usurpadores. Una constante de los usurpadores: romper todo, total, no les costó nada. Juan empezó a pagar abogados, además de la pérdida de las propiedades y los autos, perdió casi todos sus ahorros. Ahora vive amenazado. Sus usurpadores viven enfrente de su casa. Hoy Juan subsiste trabajando de remisero.
El Estado Argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie, a Fernando, a Diana y a Juan.
María Eugenia heredó un terreno de su padre, en Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, no sólo se lo tomaron y ella ya no pudo entrar. El lugar fue escenario de un asesinato porque dos bandas de usurpadores se enfrentaron en ese predio y una persona murió. María Eugenia vio a lo largo de los años cómo allí se construyeron ocho casas. Hace 20 años que María Eugenia está en juicio. Mientras tanto, sigue pagando los impuestos del lugar. Ni esas facturas pagas, ni la escritura ni la historia le sirven a María Eugenia para decir algo tan simple “lo mío…es mío”.
El Estado argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie, a Fernando, a Diana, a Juan y a María Eugenia.
El marido de Cinthia falleció en 2014, mientras tenía un inmueble alquilado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, cuyo ingreso estaba destinado para la mamá del dueño, de 95 años y para sus dos hijos. En 2015 terminó el contrato que los inquilinos venían sin pagar hacía meses. No se fueron. No pagaron. Hoy viven allí y Cinthia no puede ni aparecer. Todo indica que nunca volverá a tener el dominio de su propiedad.
El Estado argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie, a Fernando, a Diana, a Juan, a María Eugenia, a Cinthia.
A Pedro le ocuparon la casa vacía de su mamá una noche de lluvia en el casco céntrico tucumano, rompiendo la cerradura con un taladro eléctrico. Había tomado la precaución de hacer cortar luz y gas por eso encontró cabitos de velas en toda la casa y un montón de cables: estaban preparándose para colgarse de la electricidad. Todo estaba revuelto, toda la vida de sus padres arrinconada desordenadamente en una habitación al fondo. Ya le habían avisado: si denunciaba en ese momento a la policía y decía que iba a cambiar la cerradura, no se lo hubieran permitido. Los intrusos habían encontrado, debajo de un sillón antiguo, un montón de papeles que la señora había dejado: fotocopias de la escritura de la casa, de su dni, de compras de la casa. Estaban ya preparando una carpeta para decir “su mamá nos vendió la casa antes de morir, se ve que a usted no le dijo nada”. Ante las primeras averiguaciones, a Pedro le dijeron que había gente en catastro, en tribunales, escribanos, todos en componenda para quedarse con propiedades en toda la ciudad y la provincia. La solución fue tapiar la casa y en el mientras tanto, llamar a una agencia de seguridad para que cuide que nadie vuelva a meterse. Un amigo abogado -una rareza- le contó cómo era el asunto: si los intrusos llegaban a presentar esa carpeta con datos falsos avalados por empleados del estado, era Pedro quien iba a tener que probar frente al juez (muchas veces, parte del entramado delincuencial) que la casa era suya. En el mejor de los casos, los usurpadores negocian un rescate: “Mirá, nosotros la compramos de buena fe, para que nadie salga perdiendo, danos 5 millones de pesos y nos vamos”. Eso, en el mejor de los casos. En el peor, te meten una familia con chicos o con personas discapacitadas y no los sacás más.
En Tucumán, dos bandas se disputaban -con evidente apoyo judicial y político, dicen los malpensados que suelen acertarle en sus pronósticos- el negocio inmobiliario de las casas usurpadas. Así lo sufrió Natalia y también Alberto.
El Estado argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie, a Fernando, a Diana, a Juan, a María Eugenia, a Cinthia, a Pedro, a Natalia y a Alberto.
Alicia en Santa Fe, después de muchos años de lucha, después de fortunas gastadas en abogados, recuperó su propiedad. Lo cual es una manera de decir porque el último día que estuvo en ella era una casa hermosa, donde era hermoso vivir. Le devolvieron una tapera destruida. Nadie se hizo cargo, claro.
El Estado argentino es el usurpador.
No le ocurrió sólo a Maggie, a Fernando, a Dana, a Juan, a María Eugenia, a Cinthia, a Pedro, a Natalia, a Alberto, a Alicia.
Gisella tuvo suerte y encontró alguien con pelotas que la defendiera y pudo recuperar su casa, convertida en taller clandestino de prendas por un grupo de peruanos con puesto en La Salada y todo. No, no fue la jueza Gabriela Paradiso que tuvo el caso durante siete años sin ninguna solución. Las pelotas fueron la azul, la verde y la roja del noticiero de Telefé. Sólo la exposición mediática del caso la salvó.
Nadie defiende a los usurpados.
Nadie.
Los usurpados no suelen tener patrocinio gratuito porque la justicia considera que si tienen una vivienda, pueden pagarse su propio abogado. La paradoja es que recurren a la justicia, justamente, porque han sido despojados de su vivienda.
Los usurpadores tienen sin problema acceso a los servicios de luz y gas.
Los usurpados deben seguir pagando tasas e impuestos durante el período de usurpación.
Los usurpadores suelen no recibir las notificaciones judiciales. Para esto suelen cambiar el número de la casa y listo, nunca fueron notificados, los plazos de prescripción corren y ya está, se quedan con la vivienda.
Muchas veces, las usurpadas son mujeres solas o jefas de familia. El Ministerio de la Mujer no dice una palabra al respecto. El caso de Claudia Ferro es paradigmático: su casa fue usurpada y ella, simplemente, desapareció. No es el único caso en donde se sospecha de usurpación seguida de desaparición/muerte del dueño original de la casa.
No hay resarcimiento económico por los daños morales, físicos y psicológicos a los usurpados.
Cualquiera puede publicar los datos de venta o alquiler de una casa, sin ningún certificado de que eso que se ofrece pertenece efectivamente a quien lo está ofreciendo.
Nadie protege a los usurpados ante las amenazas o situaciones de violencia física y verbal, ni antes, ni durante, ni después de la usurpación.
No hay fiscalías ni juzgados especializados.
Si alguien decide meterse en tu casa y no lo atrapan en flagrancia ni testigos, los fiscales generalmente archivan la causa penal y hay que ir por vía civil. Lo que significa pagar un abogado. Si la persona no tiene recursos, simplemente, no puede litigar. Sí, los pobres son los más castigados y pierden su casa. Si un abogado acepta trabajar “a resultado” y cobrar cuando se recupere la vivienda, el usurpado termina vendiendo la casa para pagarle al abogado.
Si una persona alquila su propiedad y quien alquila decide no pagar, no se considera legalmente usurpación, porque el ingreso no fue a la fuerza.
Pedidos de informes y proyectos redactados por legisladores -generalmente abogados- hay un montón.
Nunca llegan al recinto.
Es obvio que no es sólo problema de Maggie, de Fernando, de Dana, de Juan, de María Eugenia, de Cinthia, de Pedro, de Natalia, de Alberto, de Alicia y de Gabriela. Estos simples casos (todos reales y debidamente acreditados que conocí en una pequeña recorrida, sólo no puse los apellidos porque los usurpadores son gente violenta) son sólo una pequeña muestra.
Es un enorme problema que se puede calcular en millones de víctimas.
Tenés que tapiar tu propiedad para que no la roben.
Claro, también la tapiás para vos.
Tapiás tu historia, te desangrás frente al Estado que, en el mejor de los casos, no hace nada. En el peor, se reparte las migajas.
Diez o más pueden ser las familias usurpadoras por cada familia usurpada ¿quién da más votos? ¿Es esa una de las razones por las cuales la política desprecia el tema? ¿Le sirven los votos de los violentos más que los de las víctimas?
Nada es tan fácil en Argentina como cumplir el sueño de la vivienda propia.
Lo más complicado es conseguir una barreta.
Lo demás, un grupo de violentos sin ataduras, unos abogados venales, unos jueces partícipes necesarios, unos funcionarios corruptos y un congreso que mira para otro lado se consigue en todas partes.
