CÓRDOBA.– “He reflexionado mucho antes de contarle todas estas penurias vividas por mí y por las hermanas [cuyos nombres LA NACION mantiene en reserva], las que también han sufrido y creo que siguen padeciendo las otras hermanas que están en el convento. Creo que ellas siguen estando bajo la orden del silencio y sometimiento debido a la manipulación que continúan soportando. Pero he tomado la decisión libre de expresarlo (...) por cuanto llevo sobre mi conciencia el peso moral de la triste verdad de lo que he vivido realmente junto a mis hermanas en el convento”.
Los conceptos pertenecen a una de las dos monjas carmelitas de clausura que abandonaron en diciembre pasado el convento San Bernardo de Salta, en conflicto con el Arzobispado hace un años, quien hizo una ampliación de la declaración que realizó hace un mes. Estas religiosas –ambas enfermas; una de ellas, muy grave– son las que denunciaron a la priora por presunta privación ilegítima de la libertad. La Justicia archivó la causa.
La base de los problemas es el vínculo entre el Carmelo y la Virgen del Cerro, una devoción no reconocida por la Iglesia, que nació de las videncias que dice tener María Livia Galliano. Los problemas nacieron ahí y se fueron expandiendo, con causas judiciales en el fuero de violencia de género y también investigaciones sobre el manejo de los fondos del convento.
Las monjas que abandonaron el monasterio pidieron en marzo último que se levanten las restricciones contra el arzobispo salteño Mario Cargnello, denunciado por supuesta violencia de género y económica por las carmelitas, para poder hablar con él. Aunque ya no están en el convento, no tienen contacto con él por la existencia de esa restricción judicial.
En la ampliación de declaración, presentada por la abogada Florencia López, la monja que llevaba el nombre María Belén del Niño Jesús aclara que su referencia a que Cargnello llegó “enojado” al convento en 2021 porque creía que le habían ocultado información respecto de la muerte de una religiosa deriva de lo que les dijeron las “madres María Fátima del Espíritu Santo [la priora] y María José del Niño Jesús”. Sostiene que no lo escuchó “de la boca del señor arzobispo”.
Después entra en una serie de precisiones respecto del pedido de la jueza sobre “los tipos de violencia vividos en el convento”. Empieza por contar que, una vez, como “creían” que una “hermana tenía un celular y contacto con el obispo, pasándole información del convento” y “dudaban” de ella las reunieron a las religiosas en el refrectorio y la hicieron pasar al centro, donde dos monjas –una de ellas, la priora– comenzaron “a revisarme (como un cacheo) para ver si era yo la que tenía el celular o grabador”.
Asegura: “Sentí la acción como un ultraje a mi cuerpo y a mi alma consagrada, sabiendo que la sola duda ya es una ofensa y no es una actitud cristiana ni de hermanas”.
En otro párrafo de la presentación se refiere a que la priora indica en las cartas presentadas que se le dio a ella “atención física y espiritual”. Subraya que no considera que fuera así y relata que una vez pidió recibir el sacramento de la unción de los enfermos cuando el sacerdote fuera al convento a dárselo a otras religiosas y se le “negó sin causa”.
“Grabadores” y “dudas”
“También en varias ocasiones tuve miedos y dudas en la confesión por las constantes grabaciones –relata en el texto–. No tenía la libertad para recibir este sacramento”. Y aclara que no solo vio “personalmente los grabadores en el locutorio (lugar donde nos confesábamos)”, sino que también cuenta con el “testimonio” de una religiosa, cuyo nombre detalla, que estando conversando con su familia vio que el “grabador se cayó delante de ella”.
Añade que los protagonistas de esa situación “inmediatamente” llamaron a la priora para pedir explicaciones y que ella les dijo que dos monjas, a quienes nombra, habían puesto “hace mucho esos grabadores”. En el testimonio, la religiosa plantea que “si los pusieron era por orden de la priora, quien es la única que tiene grabadores y celulares en el convento”.
Enumera que le negaron alimentos con calcio y light, que debe consumir por orden de su nutricionista y endocrinóloga, ya que padece cáncer. También deja “constancia” de que una religiosa era la “encargada de controlarme, seguirme por todos lados, incluso hasta el oficio humilde” (sanitario).
“Nos aislaron de todas las personas más allegadas a la comunidad y nos hicieron desechar todas las cosas (alimentos, ropa de uso personal o de cama, entre otras) que nos regalaban o compraban (...) diciéndonos que estaban contaminadas”, describe en otro segmento.
La presencia de Galliano
En un fragmento menciona a Galliano y señala que era “difícil” encontrar una oportunidad para hablar con la priora, puesto que “constantemente estaba reunida con la señora María Livia leyendo y revisando los libros administrativos. En los últimos días se pasaban los días enteros, no la veíamos ni para los momentos de rezo, ni del refrectorio, ni ningún acto de comunidad”.
La vuelve a nombrar a Galliano para comentar que una vez, “delante de todas”, afirmó que “la hermana que haya hecho algo mal pida perdón a la comunidad y cuente lo que hizo, que se le iba a perdonar e iba estar todo bien, que si no lo hacía iba a seguir castigada”. Plantea que la vidente le indicó a otra monja que la “Virgen le había comunicado que esa hermana se iba a ir al infierno” y que, en forma directa, les “imponía y coaccionaba” respecto de a quién debían elegir como priora “alegando que era la elegida de la Virgen del Cerro”. En esa línea les insistía, siempre según la declaración, que la “Virgen iba a escoger otra comunidad por culpa de nuestra traición”.
“Todo esto nos generaba angustia, por nuestra falta de libertad, y una total despersonalización hacia nosotras quedando vulnerables y deshumanizadas”, añade.
Pide a la jueza que “atienda” sus planteos y que investigue lo que pasa en el San Bernardo. Enfatiza que considera un “deber” hacer la presentación “por mis hermanas carmelitas, debido a razones elementales de humanidad y solidaridad, a fin de que se terminen estos maltratos, abusos de autoridad y abandono de personas ejercidos por la señora María Livia y su marido (quienes concurren diariamente al convento violando las reglas de la clausura) y por la madre priora y la madre superiora”.
