De acuerdo a la Declaración Jurada de Martín Lousteau, el senador es propietario del 60% de LCG SA, una consultora especializada en macroeconomía y política que le vende informes y proyecciones a la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Si bien la web corporativa muestra debajo de la sigla LCG las palabras “Labour, Capital & Growth” (Trabajo, Capital y Crecimiento), también resulta un acrónimo que evoca los apellidos Lousteau y Conte Grand, los dos socios que crearon la empresa el 19 de septiembre de 2008.
La consultora de Lousteau es nombrada en casi todos los medios de comunicación y es una de las principales proveedoras de informes sobre el impacto de la inflación actual y el panorama económico argentino.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes abiertos a la ciudadanía y brinda soporte al Poder Legislativo.
La última asamblea publicada por la compañía detalla que el presidente actual de LCG SA es Martín Lousteau, el vicepresidente es Guido Lorenzo y el Director Suplente es el Diputado Emiliano Benjamín Yacobitti, Vicerrector de la UBA, quién fuera denunciado por la Procelac en 2015 por administración infiel, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En la página oficial del Ministerio Público Fiscal se consigna que “los imputados habrían direccionado millonarias contrataciones desde el Hospital de Clínicas –dependiente de la UBA- hacia proveedores de medicamentos e insumos de su propiedad. Según la denuncia, además de contribuir al enriquecimiento ilícito de sus protagonistas, parte del producido por las maniobras delictivas era destinado a la campaña electoral de ECO – Energía Ciudadana Organizada en la reciente elección porteña” cuyo candidato era Martín Lousteau.
La investigación señala también que el “negocio” de las contrataciones con el Hospital de Clínicas no sería el único que tendrían los imputados, ya que también fueron identificados por formar parte –a través de un supuesto testaferro- de una red de consultoras que le facturarían a la Facultad de Ciencias Económicas sin prestar servicio alguno. Según un testimonio, Emiliano Yacobitti se quedaría con el 50% del monto consignado en cada facturación. Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que existían indicios sobre la utilización de los montos obtenidos a través de las operaciones ilícitas descriptas, en el financiamiento de la campaña electoral de ECO.
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El Disenso
