Un tribunal federal de Concepción del Uruguay condenó a ocho años de prisión a un capataz de campo por considerarlo autor del delito de trata con fines de explotación laboral en perjuicio de al menos trece personas en situación de vulnerabilidad. El condenado estaba a cargo de una finca de eucaliptos en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), sometió a sus víctimas -oriundas de la provincia de Misiones- a pésimas condiciones de alojamiento y de trabajo. Las albergó en carpas precarias de lona, sin baño ni electricidad, y nunca pagó los sueldos acordados. En ese marco la sentencia ordenó además el decomiso de bienes y el pago de una indemnización integral a cada uno de los trabajadores rurales.
El fallo resolutorio estuvo a cargo del tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, integrado de manera unipersonal por la jueza Mariela Emilce Rojas, y operó como cierre de la investigación que se inició el 31 de agosto de 2021 con una denuncia de un trabajador rural ante el Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de la Gendarmería Nacional, en Concordia. En ese momento la persona precisó que, junto a otras nueve personas, se encontraban trabajando “de sol a sol en un campo dedicado al raleo de eucalipto en condiciones infrahumanas: sin baños, ni electricidad, bajo carpas de nylon y sin acceso a agua potable”, comunicó el MPF.
A su vez, el denunciante añadió cómo eran los términos del acuerdo: el imputado les pagaba 200 pesos por hora o 65 pesos por poste para realizar tareas de raleo, desmonte, pelado de eucalipto y traslado de maderas. Sin embargo esos montos nunca se efectuaron por parte del capataz, quien además los amenazaba con despedirlos si ellos planteaban la posibilidad de procurarse algún descanso. Incluso contaba con armas de fuego que -alegó la víctima- utilizaba para tirar disparos al aire.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y la acusación estuvo en cabeza de la fiscal federal Josefina Minatta. En ese marco, al día siguiente de la denuncia se dispuso que Gendarmería Nacional desplegara un allanamiento en la finca “La Negrita” de la ciudad de Concordia, lindera al río Uruguay. En esa diligencia fueron rescatados doce trabajadores rurales en condiciones de vulnerabilidad y resultó detenido el capataz del lugar, de nombre Juan Maydana. Según consignaron fuentes del MPF, las víctimas eran todas provenientes de la provincia de Misiones y se alojaban en un predio de cuatro carpas precarias, armadas con lonas sostenidas por palos y machimbres. No contaban con baños, lugar de aseo ni energía eléctrica. Tampoco tenían agua potable ni botiquín de primeros auxilios.
Finalizada la investigación preparatoria, el 3 de marzo pasado comenzó el debate oral, donde declararon 23 testigos -entre ellos cuatro víctimas- a lo largo de siete audiencias públicas. En dicha instancia participaron distintos funcionarios de la fuerza de seguridad que intervino en el allanamiento y personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, entre otros. En ese contexto, la fiscal federal de juicio María de los Milagros Squivo requirió la imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión para el acusado.
El veredicto del tribunal dio por acreditado que el capataz Maydana incurrió en el delito de trata con fines de explotación laboral al menos entre julio y agosto de 2021 contra por lo menos 13 víctimas. De ese modo decidió una condena de 8 años de prisión y dispuso la indemnización integral para cada uno de los trabajadores rurales por un monto de 2 millones de pesos y de 1,5 millón de pesos más en concepto de daño material. Además ordenó el decomiso de dos vehículos, de un arma de fuego, de una vaina y de municiones. Los fundamentos del fallo se publicarán mañana.
