A raíz de la información extraída del celular del condenado José Francisco López, el fiscal Diego Luciani denunció al presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, y a los empresarios Nicolás Caputo y Fabián de Sousa, entre otras compañías involucradas.
Tras dos días de la presentación de los recursos de Casación del fiscal y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el acusador lanzó una nueva denuncia. Se trata de un pedido de investigación exhaustivo de la gestión de López como secretario de Obras Públicas de la Nación y sus relaciones respecto a la derivación de las reformas con distintos grupos empresariales.
El funcionario del Ministerio Público de Fiscales de la Nación detalló que "las conversaciones se refieren a cómo se tramitaban las licitaciones, a cómo se gestionaban los pagos a empresarios 'amigos'. Es decir, advertimos la existencia de determinados patrones en el ejercicio de las funciones públicas que exhibían su falta de apego a los principios que debían regir las contrataciones públicas y las relaciones del Estado (de sus funcionarios) con las empresas contratistas en el marco de la ejecución de los respectivos contratos".
"Esas conductas, amén de ser contrarias a la ética pública y de exhibir relaciones promiscuas entre funcionarios y particulares, alertan sobre la posible comisión de delitos de acción pública que deben investigarse en profundidad, agrega.
Como validación de prueba, Luciani presenta los mensajes extraídos del teléfono mediante el cual López gestionaba su función. Aparecen nombres como del exsecretario General, Eduardo "Wado" de Pedro, en vinculación con la obra del Hospital Materno Infantil.
Bajo este contexto, el fiscal busca evidenciar la hipótesis de que el oficialismo estaba al tanto de las mediaciones para la autorización de licitaciones. Como dato llamativo, éste denuncia la aparición de Máximo Kirchner en tratativas que no lo requerían en uso de sus funciones.
