Diez días después del asesinato de Daniel Barrientos y mientras se reiteran los casos de violencia en el transporte público, los colectiveros aún carecen de nuevos instrumentos para mejorar la seguridad en las unidades que recorren el Conurbano. Conductores y pasajeros viajan igual que antes de la muerte del colectivero de la línea 620 de La Matanza.
Los compromisos asumidos por Axel Kicillof frente al gremio de choferes por ahora están en suspenso. Las 1.200 cámaras de seguridad instaladas en los micros del GBA siguen sin transmitir al centro de monitoreo porque no tienen los chips que captan los datos de Internet. Esos dispositivos son importados y las autoridades intentan acelerar trámites burocráticos para que lleguen al país.
El procedimiento podría demorar “dos o tres semanas” según reconocieron en el gobierno provincial. Por eso, pedirán la intervención del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).
Los 1.800 botones antipánico para pedir asistencia ante eventuales situaciones críticas que debían operar los conductores que hacen turnos de noche no se distribuyeron. La promesa que hicieron los funcionarios al gremio de la UTA en la reunión del lunes pasado permanece estancada porque el gobierno necesita un listado que deben elaborar las cámaras de empresarios transportistas.
El centro de monitoreo que recibirá las imágenes que emitan los coches por ahora tiene decenas de pantallas vacías. Es que el polo que concentra la captura de videos está en “Puente 12”, en La Matanza.
La plataforma puede monitorear unos 20.000 vehículos con cámaras, botones de pánico e intercomunicador con la cabina. Alcanzaría para soportar todo el transporte de pasajeros que circula por la provincia de Buenos Aires.
Según los datos técnicos que aportan en el Ministerio de Seguridad, este centro ofrece, además, dos sitios de evaluación de imágenes situados en La Plata y en Mar del Plata. Todos directamente integrados con la plataforma del 911 de la provincia.
Todo preparado, pero faltan los dispositivos. Aún cuando la provincia admitió que entregó a los empresarios del transporte 2.500 millones de pesos para que compren cámaras y equipos. Los otorgó el gobierno a partir de la resolución 509/2021 del Ministerio de Infraestructura para cumplir con la Ley 14.897. Esa norma, sancionada en 2017, obliga a la instalación de estos sistemas de vigilancia en toda la provincia.
En medio de estas deficiencias en el relevo de los fondos otorgados por la Provincia, el lunes pasado mataron de un balazo a Daniel Barrientos, en Virrey del Pino. La tragedia derivó en una protesta de colectiveros en la que agredieron al ministro Berni, que intentó convocar a un diálogo en plena avenida General Paz.
Kicillof buscó una respuesta alternativa. Hilvanó –con pocas evidencias- la posibilidad de que se haya tratado de un episodio “armado” por sectores de la oposición. Puso en duda las características del asalto al colectivo. Dijo que resultaba “raro” e “inédito” el modo de actuar de los delincuentes. Mencionó un operativo que parecía un golpe comando contra un blindado con un supuesto auto que se habría cruzado en el camino de Barrientos.
La versión se desmoronó por los testimonios de al menos dos pasajeros (uno de ellos policía de la Ciudad) y por las filmaciones de cámaras de la zona.
La política sí entró como ariete después del episodio de violencia trágico. El diputado Martín Domínguez Yelpo (ex Cambiemos, ahora del bloque Espacio Abierto) intervino en la redacción de la ley que buscaba la protección de los viajes interurbanos.
“La norma planteó un plazo razonable para la readaptación de las unidades, a cargo de las empresas, y medidas de contralor como la VTV y la no habilitación de nuevos colectivos sin las respectivas cámaras. Lamentablemente, por negligencia del sector empresarial como del Estado provincial en su rol de contralor, de casi 9.000 coches, solo en 1.500 se instaló el sistema, y de manera deficiente. Por eso seguimos lamentando hechos como el sucedido con el chofer asesinado”, dijo el diputado.
El martes a la noche, hubo otros dos acciones violentas: un conductor y una pasajera resultaron heridos. Ocurrió en Moreno y en Tres de Febrero.
El legislador Walter Lanaro (JxC) presidente de la comisión de Seguridad del senado pidió que Berni y el ministro de Transporte, Jorge D´0nofrio se presenten a dar explicaciones al recinto.
Lanaro buscaba saber “si en el gobierno se realizaron mapas del delito que permitan identificar las zonas más inseguras de la Provincia y específicamente del Conurbano, cómo se lleva adelante la información delictual y como está dividido ese mapeo”.
El ministro D´Onofrio consideró este miércoles que “la Provincia hizo un esfuerzo y ya tenemos una cantidad importante de cámaras instaladas. Obviamente no la que todos queremos. En las reuniones no establecimos responsabilidades si no que trabajamos en cómo le mostramos a la sociedad que vamos a tener estos elementos a disposición”.
Además aseguró que los empresarios deberán cumplir con la compra de los equipos. Y que el Estado “no va a pagar dos veces por lo mismo”.
