Para la Justicia, la muerte injusta e innecesaria del chofer Daniel Barrientos es un caso más, aunque grave, de inseguridad en La Matanza cruel y abandonada a la mano de Dios. Para la Iglesia, se trató de la consecuencia de un territorio liberado a la acción mafiosa de los narcos, que tiene a los jóvenes como “soldaditos” para matar o vender estupefacientes. O como consumidores adictos de drogas. Sergio Berni abandonó el personaje de un “Rambo” solitario e ineficaz solo para hacer el papel de un desopilante bufón. “Nos tiraron un muerto”, dedujo después de que casi lo mataran a golpes en una manifestación de compañeros de trabajo de Barrientos. El ministro de Seguridad debería averiguar si la fractura de cráneo que le dejó la golpiza, según contó, no afectó también su cerebro. Imaginar que la policía de la Capital estuvo detrás de todo, de la muerte de Barrientos y de su propio avatar, es un acto que supera el diagnóstico de la paranoia. Pero no quedó solo: el gobernador Kicillof abonó en la noche del martes la idea de un complot e intentó vincular a la oposición con el crimen del colectivero.
Los primeros en no creerles son los choferes de colectivos, porque son las víctimas cotidianas de la inseguridad en el arisco e imprevisible conurbano bonaerense. Todos los días sufren, sobre todo en La Matanza, asaltos, golpes y robos a mano armada, delitos que incluyen como víctimas a los pasajeros. De hecho, una pasajera de Barrientos había sido desvalijada antes de que fusilaran al chofer. Los delincuentes se llevan lo que pueden canjear rápidamente por drogas: dinero en efectivo o celulares. Por eso, la muerte de Barrientos, quien ni siquiera se resistió al robo, provocó la acción exaltada y conmovida de sus compañeros. El lunes protagonizaron, en ese contexto, un hecho novedoso en la ya complicada relación de la política con la sociedad. Hasta ahora, los dirigentes políticos o funcionarios eran escrachados o insultados en el espacio público. La paliza a Berni cruzó un límite peligroso, como lo es la violencia física por parte de una multitud (eran una 200 personas) contra una persona indefensa. Es cierto que ningún buen consejero le hubiera propuesto a Berni bajar en su rambístico helicóptero en medio de una protesta de gente enfurecida. Pero Berni es un cultor de las soluciones mágicas. Así como dijo que él resolvería la gravísima situación de Rosario en solo quince días (nunca lo probará), el lunes creyó que su sola presencia acallaría la furia de quienes habían perdido a un compañero en manos de la delincuencia y quienes, al mismo tiempo, saben mejor que Berni que la inseguridad es la única certeza en esos barrios de La Matanza. El reino de Fernando Espinoza, que gobierna o lidera La Matanza desde 2005, es un territorio precario, invadido por el narcomenudeo y poblado por uno de los mayores porcentajes de pobres del país. Es también uno de los lugares del país donde el kirchnerismo practicó con más intensidad el clientelismo político. La Matanza es el lugar donde Cristina Kirchner tiene uno de los índices de popularidad más altos del país. ¿Es extraño o es la consecuencia del clientelismo?
Berni pasó de culpar a un supuesta división de la UTA, el sindicato de los choferes, de los episodios que lo tuvieron como blanco de la ira popular a señalar que la intención última de la muerte y la golpiza fue, en rigor, desestabilizar la candidatura de Axel Kicillof a la reelección como gobernador. ¿Quién hizo eso? De sus palabras se desprende que fue la policía de la Capital (que en rigor le salvó la vida o que terminara en terapia intensiva), una institución policial cuyo jefe máximo es el jefe del gobierno capitalino, Horacio Rodríguez Larreta. Un hombre de Rodríguez Larreta, Diego Santilli, es uno de los precandidatos para relevar a Kicillof. Los españoles dirían que “rizó el rizo” para llegar a semejante conclusión persecutoria e inconcebible bajo cualquier examen lógico de los hechos. A Berni lo desmintieron los choferes -es mejor que guarde el helicóptero por un tiempo cuando se reúnan los colectiveros- y la propia hija de Barrientos, una expolicía bonaerense que renunció por temor a la inseguridad. Se fue a vivir a la Capital y estudió para ser bibliotecaria. La hija de Barrientos le respondió así a Berni: “No es cierto. La muerte de mi padre es consecuencia de la inseguridad. Los policías no existimos. No tenemos armas en condiciones ni patrulleros. Tenemos problemas porque no actuamos y tenemos problemas porque actuamos. Por eso me fui de la policía”.
Con todo, el desmentido más poderoso a Berni son las imágenes de televisión que se vieron el lunes. Llegó a una manifestación de choferes, que cortaban la avenida General Paz en repudio por la muerte de su compañero, y de inmediato fue agredido. Pasaron minutos interminables, que parecían anunciar un desenlace fatal de la situación, hasta que apareció la policía capitalina y lo sacó no sin esfuerzos del trance en el que estaba. “Me secuestraron”, diría, cantinflesco, más tarde Berni en alusión a la policía de Rodríguez Larreta. El alcalde le respondió con su estilo: “Le salvamos la vida”. Las imágenes de la televisión le dan la razón más a Rodríguez Larreta que a Berni. Más allá de la aseveración payasesca sobre lo que sucedió, el aspecto más grave de tales manifestaciones de Berni se esconde en otra parte. Si él cree que todo fue producto de una conspiración política de laboratorio, entonces no tiene ni una remota idea de lo que sucede con la inseguridad en la provincia cuya policía conduce.
Había comenzado por culpar al gobierno nacional por no mandarle efectivos de la Gendarmería y terminó imputándole a la oposición una paranoica operación política. Solo sucedió que explotó la inseguridad en su provincia, que Rosario no es el único lugar del país donde el narcomenudeo se erigió en dueño y señor de la vida y la hacienda y que el propio Berni hizo poco y nada en su cargo de mandamás de las fuerzas de seguridad provinciales. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró luego que la provincia de Buenos Aires no le pidió nunca “ni un solo gendarme”. Puede inscribirse esa batalla verbal en el histórico encono entre Aníbal y Berni, pero sería muy extraño que el ministro nacional hiciera semejante aseveración si no tuviera pruebas de que Berni mintió. Aníbal Fernández es suficientemente pícaro como para no caer en esas trampas. De todos modos, también es cierto que el gobierno de Alberto Fernández se negó desde el principio, ya en tiempos de Sabina Frederic, a tratar el narcomenudeo como un problema serio. El consumo personal de drogas está permitido en la Argentina, pero el problema es que ese consumo es el último eslabón de una cadena que empieza con el narcotráfico y sigue con el narcomenudeo. El consumo personal necesita de proveedores. La Iglesia señaló ayer, en un duro comunicado de los obispos de San Justo y Laferrere, que el narcomenudeo tiene a jóvenes como “soldaditos” o como consumidores capaces de robar y matar por un poco de dinero para comprar drogas. Es lo mismo que describen los que conocen la grave situación de Rosario. El conurbano se está pareciendo cada vez más a un territorio abandonado al narcotráfico y el narcomenudeo. Barrientos fue solo la última víctima irrazonable de esa situación. La posterior actuación de Berni explica mucho por qué todo está como está.
El kirchnerismo se pasea entre la ineptitud y la transgresión. Quien fue hasta hace poco jefe de Gabinete del gobierno nacional, Juan Manzur, está violando flagrantemente la Constitución de Tucumán con la convocatoria a elecciones y erigiéndose él mismo en candidato indebido a vicegobernador. Manzur estuvo de licencia como gobernador mientras fue un malogrado jefe de Gabinete. Adelantó en 120 días las elecciones provinciales de gobernador y vicegobernador. La deducción política es que quien tuvo hasta hace poco una de las más importantes responsabilidades nacionales sabe que el decurso de los meses solo empeorará la situación electoral del oficialismo y que, por lo tanto, conviene anticipar hasta caer en lo inconstitucional la convocatoria a la sociedad para que vote. Pero el núcleo central del problema no es la deducción política, sino el manoseo impúdico de la Constitución, sus normas y sus disposiciones. La Constitución de Tucumán establece en su artículo 100 que las elecciones de gobernador y vicegobernador “se realizarán dos meses antes de la conclusión del mandato de las autoridades en ejercicio”. Manzur asumió como gobernador el 29 de octubre de 2019; debía convocar a elecciones para agosto próximo, pero las convocó para el 14 de mayo. La Constitución tucumana fue reformada por el mentor de Manzur, José Alperovich, para introducir la reelección del gobernador, que antes estaba prohibida en esa provincia. Manzur lo destruyó luego políticamente a Alperovich, pero solo para heredar un feudo que nunca antes había existido en Tucumán. La Constitución provincial también señala en su artículo 90 que el gobernador y el vicegobernador no pueden ser reelegidos después de cumplidos dos mandatos. Manzur está concluyendo su segundo mandato como gobernador y ahora es candidato a vicegobernador para el próximo período. Son dos violaciones a la Constitución, no una. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán le dio la razón a Manzur, pero de sus cinco miembros cuatro fueron altos funcionarios de Alperovich y Manzur. Llegaron a la Corte después de prestar importantes servicios políticos a ambos gobernadores.
Por eso, la oposición interpuso dos planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno lo formalizó el intendente de la capital provincial, Germán Alfaro, candidato también a vicegobernador por Juntos por el Cambio, quien pidió que el máximo tribunal nacional anule la sentencia favorable a Manzur. “Si Manzur es vicegobernador en el próximo período, luego de ese período puede ser gobernador durante dos períodos más. Y después de esos períodos puede ser dos veces más vicegobernador. El círculo vicioso se ha transformado en lo que conocemos como reelección indefinida”, describió Alfaro. A su vez, la diputada Paula Omodeo, también aliada de Juntos por el Cambio, planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza para que sea este tribunal el que determine si Manzur está en condiciones de postularse. “La intención del señor Manzur es hacer lo que la ley no manda, en clara violación de la Constitución”, señaló la diputada. La Corte Suprema nacional se ha expedido casi siempre en cuestiones electorales provinciales para señalar el imperio de la Constitución de la Argentina en todo el territorio nacional. En síntesis, para que los feudos provinciales no se conviertan en territorios autodeterminados frente a la soberanía nacional. Berni y Manzur son ejemplos patéticos de una ralea política más dedicada a los recovecos inservibles de la vida pública que a las necesidades de la sociedad. La decadencia argentina tiene más razones que la ruina económica.
