La histórica sequía que sufre la Argentina, y que ya empezó a derramar su impacto sobre la actividad económica, obligó al ministro de Economía a aceptar lo inevitable. Una devaluación del peso para compensar, aunque sea parcialmente, la pérdida de 20.000 millones de dólares producto de la falta de agua y la caída dramática de los rindes agrícolas.
De esos US$ 20.000 millones, un tercio debían ir a las reservas del Banco Central. Economía se resignó, empujado tal vez por el staff del FMI, a aplicar una medida de manual: aumentar el precio de lo que escasea. Y los que escasean son los dólares.
Massa deberá levantar las barreras y aceptar una devaluación bastante más amplia, aunque no todavía generalizada. Si hasta ahora la zanahoria benefició a los exportadores de soja y se insinuó un dólar “malbec”, por la crisis de reservas el tipo de cambio fortificado llegará en esta ocasión al resto de los productos del campo. La lista no se conoce aún, tampoco el precio. Pero no estará lejos de los $ 300.
La lógica indicaría que los importadores también deberían pagar un tipo de cambio mayor al que pagan hoy -$ 208-. Algo ya se empezó a ver el miércoles, con una normativa de la AFIP que quita beneficios impositivos a los importadores.
Pero no sería lógico -aunque nunca se sabe- que el Central les pague $ 300 a los exportadores los dólares que luego venderá un 50% más barato a los importadores.
Desde ya, el problema es el impacto sobre la inflación de una medida de estas características. Los propios funcionarios no se cansan de decir -José Ignacio de Mendiguren, el primero- que lo último que necesita la Argentina es una devaluación que dispare aún más los precios.
Esta movida cambiaria podría anotarse en algo ya conocido: “la devaluación sin plan”. El plan sería todo lo demás que hace falta, y que es imposible, a esta altura, reclamarlo a este Gobierno. El resultado electoral será el que permita saber cuál es ese plan. Por ahora, Massa se estaría resignando a hacer el trabajo sucio. O una parte.
