El teniente general Juan Domingo Perón inició su tercer período presidencial el 12 de octubre de 1973. Para ese entonces su jefatura comenzaba a ser discutida por los jóvenes radicalizados de Montoneros y sus organismos colaterales. Para los que seguían de cerca la conflictiva relación no había secretos. Hace una semana contamos, cuando un ex colaborador y amigo lo previno en Madrid sobre la conducta de Montoneros: “Creo que debo prevenirlo, General: su sentimiento íntimo para con nosotros es la aversión o el desprecio. Nos juzgan burgueses miopes y están persuadidos que nos van a usar para tirarnos después como ropa vieja. No se fíe de ellos. Algunos de ellos son dobles agentes, no lo dude.” El creciente enfrentamiento reconocía cuatro frentes de batalla: la política sindical, algunos gobernadores provinciales, accionar guerrillero, la vida en las universidades.
El 8 de noviembre de 1973, Perón habló ante la dirigencia sindical en el Salón Felipe Vallese de la CGT y al referirse a Montoneros preguntó en voz alta: “¿Cómo se intenta hoy conseguir lo que no consiguieron durante 20 años de lucha? Hay un nuevo procedimiento: el de la infiltración. Esto ha calado en algunos sectores, pero no en las organizaciones obreras”. La prensa entendió que la visita presidencial a la CGT formaba parte de la estrategia del gobierno de fortalecer el Pacto Social, un acuerdo entre las centrales de trabajadores y empresarios, en este caso la Confederación General Económica que respondía al Ministro de Economía, José Gelbard. La consolidación de la CGT y de sus máximos líderes formaba parte de la estrategia del gobierno, necesitado de fortalecer el esquema en medio de un clima económico que no alcanzaba a satisfacer los reclamos salariales y fortalecía a los “delegados de base”. Gelbard, convencido de la bonanza del Pacto Social, había puesto en marcha el “plan inflación cero”, acompañado por precios máximos a los artículos de consumo masivo, que no estaba arrojando resultados positivos.
En la primera semana de noviembre del `73, las 62 Organizaciones de Córdoba decidieron en un plenario general la aplicación del “documento reservado” para terminar con la infiltración marxista en el Movimiento (octubre de 1973), y dirigirlo al terreno político-sindical de la provincia e iniciar una depuración ideológica del peronismo. El gobernador Ricardo Obregón Cano con el apoyo de la JP y de Montoneros intentaba vanamente resistir la presión de las autoridades nacionales del peronismo pero sin dejar de apoyar a los sectores combativos del sindicalismo provincial.
En varias provincias gobernaban los jefes del partido que habían recibido la bendición de la juventud peronista en épocas de la efímera presidencia de Héctor J. Cámpora. Desde la toma de posesión de Perón como presidente de la Nación los sectores ortodoxos del movimiento intentaron alinear a los mandatarios de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, sin conseguirlo. Pusieron en marcha al Consejo Superior para avanzar con el plan y la delegación mendocina del Consejo Superior, a través de un documento que llego a la prensa, aconsejó la expulsión del gobernador Alberto Martínez Baca del Movimiento. En la provincia de Buenos Aires el enfrentamiento del gobernador Oscar Bidegain, apoyado por la JP, con el vice-gobernador Victorio Calabró, hombre del sindicalismo ortodoxo, fue analizado por el interventor partidario Juan Carlos Beni que decidió reemplazar a las autoridades partidarias en los distritos bonaerenses que habían sido designados por el gobernador. Al mismo tiempo recibió un documento de los diputados provinciales que respondían a Calabró donde denunciaban una conspiración marxista encarnada por falsos dirigentes peronistas.
Las noticias de Noviembre cargaban de incertidumbre y estupor a los argentinos. El mes terminaba, además, con un sobresalto de salud que obligo al presidente Perón a guardar cama por varios días. El jueves 22 de noviembre, Perón fue víctima de un edema agudo de pulmón en su casa de Gaspar Campos. En ese momento no contaba con un equipo de atención médica de urgencia “de allí que con los autos de la custodia habían tenido que salir a buscar un médico en forma urgente”, me relataría años después el doctor Carlos A. Seara. “Siempre fue gorila hablar de la enfermedad de Perón. Pero compañeros, ¡Que cagaso!”, título en tapa El Descamisado (Año 1-Nº 28) del 27 de noviembre de 1973, y agregó: “Hasta que no lo vimos, guiñando el ojo diciendo sonriente ‘eh, algunos creen que estoy p’al gato’, no se nos fue el julepe. (…) No hubo ni gobierno, ni unidad nacional, ni movimiento… la unidad nacional, quedó confirmado, sin Perón se va a la mierda”.
En la prensa escrita, Ricardo Balbín trazo un descarnado panorama señalando su impotencia para conseguir que la población entendiera la gravedad del clima que agobiaba a la República. “No consigo que la gente este en claro sobre lo que va a pasar, que se prepare para las cosas que van a pasar”, fue el enigmático mensaje del jefe del radicalismo. Los atentados, la violencia política, ensombrecían el panorama bajo la presidencia de Perón. En simultáneo con el atentado que sufrió el senador Hipólito Solari Yrigoyen, el empresario norteamericano Albert Swint fue asesinado a balazos junto a sus dos custodios por un comando de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), en Córdoba. La violencia fue severamente comentada por la prensa de Estados Unidos. El Journal of Comerce afirmó, en su edición del 21 de noviembre, que “Buenos Aires se ha convertido en la capital mundial del secuestro”, explicando que desde comienzo del año se habían producido más de ciento cincuenta casos de secuestros extorsivos comprobados con pagos de rescates y más de veinte atentados y agresiones terroristas en perjuicio de empresas norteamericanas radicadas en el país. No difería en el enfoque el semanario Time cuando señalaba bajo el titulo “Argentina, un estilo de muerte”, como “el ejecutivo de Ford, John Albert Swint, vivía atemorizado, lo mismo que cientos de sus colegas empresarios norteamericanos. Las bandas guerrilleras han convertido al terrorismo en una cosa usual para los relativamente ricos y poderosos, especialmente en los alrededores del centro industrial de Córdoba que se ha hecho famosa como la capital del terrorismo”. La provincia de Córdoba sobresalía en el panorama nacional por la violencia terrorista.
Las autoridades de la Bolsa de Comercio, lideradas por Luciano Tagle, le solicitaron a Obregón Cano la adopción de medidas urgentes para frenar el avance de la guerrilla que castigaba todos los días alguna empresa industrial o de servicios, con secuestros de ejecutivos para reclamar rescate o bien robo de vehículos que transportan comestibles para repartirlos entre habitantes de barrios humildes. En el último mes del año 1973, la democracia y las instituciones de la República continuaban bajo el fuego de los atentados y, lentamente, Perón se convencía de la fortaleza y el vigor del enemigo interno que enfrentaba. Descartaba a las Fuerzas Armadas como sostén del gobierno para limitar el accionar de la subversión, prefería echar mano de la policía y las fuerzas de seguridad para mantener el orden. A los empresarios extranjeros que reclamaban un mínimo de seguridad tanto para la vida de las familias como para las empresas que dirigían, el gobierno del justicialismo respondió con la movilización de tropas de la gendarmería nacional. El 19 de enero de 1974 es atacada la Guarnición de Azul por el PRT-ERP, siendo asesinado el jefe de la unidad y secuestrado el coronel Jorge Ibarzábal. El hecho provocó la expulsión del gobernador bonaerense Oscar Bidegain y su reemplazo por el ortodoxo Calabró.
El jueves 7 de febrero de 1974, Juan Domingo Perón volvió a reunirse por la mañana con representantes de sectores juveniles del Movimiento. El Presidente, después de escuchar algunas exposiciones, dijo: “Antes de pensar en una organización, es (necesario) ver quién es quién, quiénes constituyen el Justicialismo dentro de la juventud y quiénes no (…) van a haber muchos que se metan diciendo viva Perón y están pensando que se muera Perón. […] Es la primera vez que se da en la historia de la República Argentina gente que se infiltra en un movimiento político con otras finalidades que las que lleva el propio movimiento”.
-- “Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, si no pasarán cosas verdaderamente aberrantes…” y levantando aún más la mirada, a extramuros de la residencia de Olivos, a los Montoneros que no estaban presentes, Perón se preguntó: “¿Qué quieren, que el gobierno caiga? Es decir hay cosas que no se pueden explicar (…) por ello es necesaria esa purificación.”
El 13 de febrero el gobierno de Perón produjo uno de sus hechos más significativos en materia de política exterior, al ratificar el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que habían firmado en noviembre los cancilleres Vignes y Blanco, y dar un gran impulso a la puesta en marcha de la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Los éxitos en materia internacional no encontraban su contrapartida en el marco interno argentino. Todos los días Perón se sorprendía por los periódicos de un cúmulo de problemas. “Córdoba es un foco infeccioso” publicó La Opinión que decía Perón. Mientras, Martínez Vaca, gobernador de Mendoza, afirmaba que no iba a renunciar. “El reciente brote de violencia terrorista en la Argentina está planteando una amenaza al esfuerzo del presidente Juan Perón por restaurar la estabilidad política”, dijo The Times de Londres, en su dedición del viernes 15 de febrero de 1974. “El presidente Perón se ha colocado en la misma posición rígida contra el terrorismo que los tres gobernantes militares que dirigieron la Argentina durante su prolongado exilio. La nueva política antiguerrillera del gobierno tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y la simpatía de la población en general”.
El jueves 28 de febrero, La Nación tituló a cinco columnas: “Crisis en Córdoba: el gobernador detenido”. El gobierno de Ricardo Obregón Cano había relevado de sus funciones del jefe de la policía provincial, teniente coronel (RE) Antonio Domingo Navarro y éste se declaró en “rebeldía”. También se detuvo al vicegobernador Atilio López. Al mismo tiempo miembros de la Juventud Sindical Peronista, cercana al peronismo ortodoxo, ocupó dos radios. “Golpe de la derecha en Córdoba” tituló El Mundo, al tiempo que informaba de un paro de la CGT liderada por Agustín Tosco.
El viernes 1º de marzo el radical Ricardo Balbín seguía sin poder conversar con el Presidente de la República. Horas antes se había comunicado con el coronel Vicente Damasco y recibió como toda respuesta que Perón no podría recibirlo “hasta la semana que viene”. Comenzaba el fin de semana y la situación cordobesa era explosiva. La provincia estaba semiparalizada y sin transporte público desde hacía 72 horas. El Poder Ejecutivo cordobés estaba interinamente en manos del presidente de la Cámara de Diputados cordobesa, Mario Agodino. Tuvo que intervenir el juez federal Zamboni Ledesma para que fueran liberados los detenidos y una vez que ocurrió, Obregón Cano, tras sus infortunados intentos por comunicarse con el ministro del Interior, Benito Llambí, amenazó con volver a asumir su cargo. La noche del jueves y hasta la madrugada del viernes, se habían registrado tiroteos en varios lugares de la capital de la provincia. Balbín no desconocía que algunos sectores del gobierno nacional trabajaban sobre la hipótesis de una intervención federal a los tres poderes provinciales y él intentaba “limitar los daños”. El radicalismo cordobés, liderado por el senador Eduardo Angeloz, representaba una línea interna muy fuerte dentro de la UCR. Tenía el dominio de varias intendencias y un bloque importante en la Legislatura provincial, por lo tanto Balbín debía impedir ese proyecto que le traería aparejado un serio problema partidario.
El viernes por la tarde entró a la Casa Rosada para conversar con Vicente Solano Lima, el Secretario General de la Presidencia, cuyo poder --e influencia-- se diluía cada día un poco más. Luego ambos bajaron hasta el despacho del Ministro del Interior. Entrada la noche, luego de retirarse sin soluciones de la Casa de Gobierno, volvió al cuarto piso de la Casa Radical donde los esperaban dirigentes y amigos. Recién al día siguiente, cerca del mediodía, el jefe radical fue sorprendido con el anuncio de una entrevista con el Presidente en la residencia de Olivos a las 17 horas. La última vez que había entrado en Olivos fue como consecuencia de la crisis en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el sábado 2, entre Perón y Balbín se desarrolló un diálogo diferente. El jefe radical afirmó que había actitudes del oficialismo que “ponían pruebas a la convivencia democrática” y Perón asintió en general. Luego en el devenir de la conversación, “como mal menor”, Balbín terminó aceptando la intervención al Ejecutivo, dejando a salvo la Legislatura y las intendencias.
Según me conto Eduardo Angeloz, durante su encuentro con Ricardo Balbín, le dijo: “mire doctor ¿qué tenemos nosotros que ver con este proceso interno que está viviendo el justicialismo y con Obregón Cano? Nosotros lo respetamos, ha sido el que ha ganado la elección y estamos acompañando la función, más allá de nuestra posición ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a quedar sin 99 intendentes, vamos a quedar sin representación en el Senado? Todo esto así se lo dije a Balbín y no me contestó nada. Balbín a los pocos días me llama y me dice que era un tema terminado, no sabía qué quería decir ‘hemos terminado’, pero cuando fue el proyecto de intervención a la provincia de Córdoba se cambia y solamente es al Poder Ejecutivo de la provincia.
Yofre: Eso fue un mérito de Balbín.
Angeloz: Claro, absolutamente, estoy seguro que él tuvo un diálogo personal con Perón.
Yofre: En Olivos y a la salida de Olivos se conoce el proyecto que el Ejecutivo manda al Parlamento, donde se hace una descripción de Córdoba bastante poco feliz.
Angeloz: Si, los fundamentos son tremendos, son horribles.
Yofre: Un maltrato a Córdoba…
Entre las razones, el Poder Ejecutivo dice: “Ésta Córdoba es la realidad con la que debieron manejarse los gobernantes electos el 11 de marzo y con la que tenemos que manejarnos nosotros. Desgraciadamente los elegidos, ya gobierno, no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función y comprender el curso de un movimiento nacional con capacidad para expresarse hasta en los programas de sus adversarios de la víspera. Sin percatarse, se fueron alejando de la revolución auténtica que vive y quiere la Argentina, y única posible en las condiciones históricas en que ella se está dando, para adoptar, o tolerar, la incidencia de programas y de metodologías inadecuadas y antagónicas con el real proceso de reconstrucción nacional…el gobierno provincial toleró, y hasta fomentó, a veces, diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública (…) el Jefe de Policía (teniente coronel Antonio Navarro) fundamenta públicamente su actitud en el hecho de haberse comprobado, en la Casa de Gobierno, el reparto de armas a civiles con la presunta intención de provocar una resistencia, o un ataque de imprevisibles consecuencias para la paz y la tranquilidad de la ciudad capital y del resto de la provincia (…) la provincia, obvio es señalarlo, había entrado en un período de absoluta falencia institucional”.
Para Balbín, la cuestión tenía “un trasfondo político y social” y lo veía como un capítulo más de las diferencias existentes en el justicialismo. ¿Se está conspirando en el país?, le preguntaron a Balbín al término de la reunión de la mesa directiva del comité nacional que analizo la situación nacional. “No sé realmente—afirmó-- pero sé que todos se llenan la boca hablando del 85 por ciento de los votos a favor de la liberación nacional y de alejarnos de la dependencia, pero nadie ayuda a pacificar la República. Porque si en este país no hay seguridad y pacificación, no habrá tampoco liberación que fructifique (...) Y a los que estamos en una tarea de comprensión y de diálogo, de convivencia y de civilización, nos dicen tontos y nos califican de angelicales”.
Ricardo Obregón Cano fue destituido pero elevado a los altares por esa “melánge” de la izquierda peronista. Los años darían la razón de dónde estaba parado el dirigente cordobés al integrar ya en el exilio la mesa directiva del Movimiento Peronista Montonero. Fue condenado en la Causa 4230 a seis años de prisión con inhabilitación para ejercer cargos públicos “por asociación ilícita en calidad de jefe u organizador” en un fallo firmado por los camaristas Jorge Valerga Aráoz, Andrés J. D’Alessio y Guillermo Ledesma. La sentencia de 62 páginas es la historia de la organización Montoneros, sus delitos y sus crímenes. Ricardo Obregón Cano fue el primer indultado por el presidente Carlos Saúl Menem en 1989. Quería ir de embajador a Brasil si ganaba Lionel Brizola, pero triunfó Fernando Collor de Melo y el embajador fue otro cordobés: José Manuel de la Sota.
