Elevan a juicio a exfuncionarios y empresarios en otro tramo del caso de los cuadernos de las coimas
El juez Ercolini resolvió avanzar sobre Robeto Baratta, el exjefe de Gabinete Abal Medina y dos exfuncionarios; están acusados de recibir pagos; en el juicio oral se debatirá si eran sobornos o aportes para la campaña.
El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público una parte del caso de los “cuadernos de las coimas” en el que están acusados el exfuncionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner Juan Manuel Abal Medina, dos excolaboradores suyos y el empresario Armando Loson, acusados de recibir y entregar sobornos, respectivamente.
Baratta y Loson están imputados como autores de cohecho reiterado en 10 ocasiones por un total de 4.200.000 dólares entre 2013 y 2015. En el caso de Abal Medina, Nelson Lazarte y Hugo Larraburu, se los considera partícipes secundarios en tres hechos. Esta última imputación se refiere a que el dinero entregado a Lazarte en tres ocasiones, en agosto y septiembre de 2013, habría sido derivado a Larraburu, excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que dependía de Abal Medina.
Loson viene insistiendo en que no fueron sobornos sino que se trataron de aportes para la campaña electoral, que las “entregas de dinero se hicieron bajo presión como aporte a campañas políticas” y que su empresa “no se benefició en modo alguno por los pagos”.
El juez Ercolini rechazó enviar este expediente a la justicia electoral, pero no obstante escribió que las defensas pueden volver a realizar estos planteos ante el tribunal oral que será, en definitiva, el que debe resolver.
En este caso de los cuadernos de las coimas, ya elevado en su mayor parte a juicio, se investiga a Cristina Kirchner como una de las jefas de una asociación ilícita integrada por exfuncionarios que recibían dinero de empresarios para asegurarse la continuidad de los contratos de obra pública. El exchofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, en ocasiones en compañía de Baratta, recogía el dinero de los sobornos y los llevaba en ocasiones al Ministerio o a la casa de la vicepresidenta, donde era recibido por su secretario privado, Daniel Muñoz. Centeno detalló en cuadernos los recorridos que hacía, dónde recogía el dinero y dónde lo llevaba.
La sentencia se Ercolini se conoció luego de que la Cámara Federal rechazara un pedido de Loson para declarar nulo parte del caso y ser sobreseído. El empresario basó su solicitud en que en los cuadernos se detectaron sobrescrituras y enmiendas en renglones donde aparecía su nombre o la dirección de su empresa.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron la pretensión de Loson. Dijeron que a pesar de que hay sobreescritos y enmiendas, hay otros tramos de los cuadernos donde su nombre o la dirección de su empresa aparece claramente identificada, lo que basta para sostener las acusaciones en su contra. Asimismo, dejaron en pie la investigación sobre la manera en que los cuadernos aparecen alterados.
Ercolini, con ese fallo en la mano, decidió que a estos acusados les cabe la imputación de cohecho y no de asociación ilícita, por la que fueron sobreseídos, y señaló que “dada la provisionalidad de esta etapa procesal, eventualmente será el Tribunal Oral que intervenga el encargado de establecer la calificación definitiva de las conductas”, donde además “la parte podrá volver a efectuar (si así lo considera) este mismo planteo”.
Para el juez, las defensas no expusieron razones que lo convenzan de que “la continuidad del trámite conforme el proceso legal” pueda perjudicar a los acusados y expresó que “el juicio oral se presenta como la instancia ideal de resolución de las opiniones divergentes en torno a las acusaciones que se erigen en su contra”, donde están dadas las garantías de “oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, continuidad que hacen de ese ámbito el más adecuado para la discusión de las cuestiones controvertidas entre las partes”.
La parte principal del caso de los cuadernos de las coimas ya fue elevada a juicio oral en 2019. Está en manos de los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Castelli llegó a ese tribunal trasladado desde otro de San Martín, antes de recibir este caso, pero de todos modos es cuestionado por el kirchnerismo. La fiscal en la etapa del juicio oral es Fabiana León.
La causa está en la etapa de ofrecimiento de prueba, donde los acusados, que son unos 150 entre exfuncionarios y empresarios, propusieron a sus testigos y la realización de peritajes contables y caligráficos sobre los cuadernos de las coimas, que están resguardados por el tribunal.
Ahora, los jueces deben decidir qué prueba admiten y cuál no, y empezar a realizar esta instrucción suplementaria antes de ponerle fecha de inicio al juicio oral y público, acaso a fines de 2023.
