Victoria Villarruel, diputada de La Libertad Avanza, manifestó que la comunidad mapuche y otras agrupaciones indígenas en Mendoza han utilizado la ley 26.160 para usurpar tierras del Estado argentino bajo el argumento de que las ocuparon hace más de 100 años. Esto le facilita a cualquier grupo minúsculo indígena a permanecer de manera ilegal en las zonas de reclamo hasta que los estudios antropológicos y sociológicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas determinen si la demanda es legítima.
«Desde hace varios años en la Argentina con la excusa de la presencia ancestral, que es un término bastante eufemístico, se le ha entregado tierras a supuestas comunidades indígenas, la mayoría de ellas, localizadas en La Patagonia. Esto ocurre principalmente en Chubut, Rio Negro y en Mendoza, pero pasa en todo el país», comentó Villarruel en una entrevista para la radio Continental.
«Bajo un supuesto derecho de pueblos originarios se les otorgan tierras a distintas comunidades que acreditan haber estado en esos lugares desde hace 100 años, es decir, posteriores a la creación del Estado argentino. El otorgamiento de tierras viola el derecho a la igualdad que es un derecho que está en nuestra Constitución», afirmó la dirigente política conservadora.
«El derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos en su raigambre cultural y costumbres está reconocido por la Constitución y esto ingresa por la reforma de 1994. A partir de esa fecha se le empieza a dar miles de hectáreas a grupos que alegan ser indígenas y ahora el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le ha otorgado 21.000 hectáreas en el sur de la provincia de Mendoza, más precisamente, en San Rafael y Malargüe a dos comunidades mapuches que alegan estar allí desde hace muchísimos años«, admitió la fundadora y presidente de la asociación civil, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).
«Cada comunidad de cualquier etnia indígena debe anotarse en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y allí hacer una carpeta en la cual debe demostrar su condición de pueblo ancestral y debe hacerse desde el Estado un estudio sociológico y antropológico de la existencia y pertenencia de esa gente a una determinada porción de tierra. Este relevamiento de cada una de las comunidades se debería haber terminado hace muchísimos años», señaló Villarruel.
«Esto está bajo el paraguas de una ley que ha sido prorrogada cuatro veces en el Congreso, la última vez en 2021. Esta ley 26.160 dice que todo lo que es usurpaciones basadas en reclamos de tipo indigenista quedan en un paraguas de protección, es decir, no se los puede desalojar en tanto y en cuanto esté operando la construcción de su carpeta y documentación. Por esto han surgido infinidades de comunidades en estos últimos 16 años. Entonces, una persona que dice que está hace más de 100 años en determinada zona, abre una carpeta para quedar protegida su usurpación. Estos temas no se tratan en el Congreso. Si le vamos a conceder tierras a quien alega ser indígena porque la ha usurpado, entonces balcanizamos Argentina y la empezamos a repartir», ironizó la diputada que también es presidenta del Partido Demócrata de Buenos Aires desde julio del 2022.
«Esto se da en todo el país. En el Norte hay determinadas comunidades aborígenes que alegan estar presentes desde hace muchísimo tiempo en, por ejemplo, los Valles Calchaquíes, que es la zona productiva más rica del norte argentino. En Neuquén supuestas comunidades mapuches que nunca vivieron de la ganadería y la agricultura, de pronto, aparecen en el medio de los yacimientos petrolíferos o gasíferos. Son siempre grupos limitados», concluyó.
