Apenas había cumplido la mayoría de edad. Pero le hicieron la mayor bajeza. Tenía 21 años. Trabajaba desde fines del 2013, con la (ex) diputada (socialista) Gabriela Troiano. El 11 de noviembre del 2016 le cambió la vida y ella, también, cambió la vida política argentina. “No es no” y el “no” a un diputado también. En Argentina, el poder era un sinónimo de tener banca sobre el cuerpo de las mujeres, sin límites, sin reparos, sin ética, sin consensos, sin consentimiento, era un poder ilimitado, abusivo y depredador.
Ella, que no tenía ni la edad para ser diputada, cambió la historia, de los pasos perdidos en donde nadie veía nada, hacía nada, ni reclamaba nada. El fallo paso inadvertido en una sociedad anestesiada, sobre informada o en la que solo es noticia lo que se viraliza. Pero la sentencia tiene un efecto contundente. Los diputados ya no son intocables. Y a las mujeres no se las puede tocar sin su permiso y sus ganas.
El 7 de diciembre, por primera vez, un político fue condenado por violencia político/sexual durante sus funciones legislativas. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, integrado por los jueces Carlos Chediek, Carlos Rengel Mirat y Federico Salvá generó una condena basado en la acción de la fiscalía, testimonios y la palabra de la víctima. El Tribunal Oral condenó el 7 de diciembre del 2022 a José Orellana por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual el11 de noviembre de 2016.
Además se estipula que Orellana no se puede acercar a la víctima y que, cuando quede firme la sentencia, se debe obtener el perfil genético de Orellana para remitirlo al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la integridad Sexual. A pesar de eso, Orellana hizo un comunicado en donde se reafirmó como intendente (peronista) de Famaillá, en Tucumán, aparece con el pulgar levantado, agradece el “afecto” y “respeto” y señala “Esto nos fortalecerá”. El sentenciado subió la apuesta: “Ganaremos el municipio y seremos el legislador más votado de la sección oeste”.
Orellana anunció la apelación de la causa y opinó que “el tiempo nos dará la razón”. Es cierto que hasta que la sentencia no quede firme no produce efecto (no tiene que renunciar por orden judicial, aunque debería haber renunciado por ética y por voluntad política). Pero también que el efecto político es innegable. Y que más allá de su voluntad el Poder Ejecutivo (provincial y nacional) no puede mirar para otro lados como si la Ley Micaela, Ni Una Menos, Me Too y Mirá Como Nos Ponemos fueran solo frases vacías que no implican responsabilidad a la hora de designar o avalar funcionarios y candidaturas.
“Esta sentencia viene a reafirmar mi convicción desde hace seis años cuando decidí no callarme y denunciar lo que me había pasado. Todos estos años fueron muy difíciles, pero ahora tienen este resultado que celebro”, destacó AgustinaPoch ante Infobae, con firmeza, claridad, sensibilidad y la sensación que su proyecto de vida vuelve a estar en sus manos y no en la de quién la agredió.
“Es inexplicable la sensación que me invade de alegría frente a este pedido de justicia que fue escuchado y la sentencia que hemos logrado”, reafirma en un plural que incluye a su familia, la ex diputada Troiano y su equipo de abogados (que trabajaron pro-bono o ad honorem frente a un abuso sexual con banca en el Poder Legislativo): Carlos Cruz, Sofía Morandeira, Fernanda González Allega y la diputada (mandato cumplido) María Elena Barbagelata.
En el 2019 Orellana había sido sobreseído por “falta de pruebas” ya que los abusos sexuales ocurren en la intimidad y sin testigos. La Unidad Fiscal Especializada contra la Violencia hacía las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozetta, apeló la medida. Ahora quedó claro que él la abordó y que le dijo que “necesitaba alguien que la quiera”. En el alegato del juicio, que comenzó el14 octubre del 2022, el fiscal Sandro Abraldes resaltó: “Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y concretar el acto sexual”.
Ante la respuesta del Intendente peronista, en donde buscó victimizarse y continuar con su carrera política, la abogada Sofía Morandeira respondió “Hay fiscales y jueces, además de la querella, que entendieron que Orellana es responsable de un delito grave como el abuso sexual que fue cometido contra una joven de 21 años y que, además, fue realizado en su despacho privado en el Congreso de la Nación y que eso constituye una grave afectación institucional”.
Además, la abogada, aclaró: “Se usa el término “voy a apelar”, pero en esta sentencia se puede recurrir a Casación y no apelar. El podría interponer una queja si no se lo admiten o, si le mantienen la condena, puede interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero esa posibilidad tiene muchas condiciones y no todas las sentencias son factibles de llegar a la Corte”.
Pero Morandeira destacó la importancia del fallo: “Es la primera vez que un diputado es llevado a un juicio oral y que es condenado por delitos contra la integridad sexual y la mayor particularidad y gravedad institucional es que fueron acciones realizadas dentro del Congreso de la Nación cuando era el lugar de trabajo de Agustina Poch. Por eso, es histórico que sea condenado”.
El fiscal también criticó la respuesta de la Cámara de Diputados (durante la presidencia de Emilio Monzó ) a la que descalificó como “paupérrima” ya que solo se trasladó el despacho de Orellana lejos del que trabajaba Agustina (y muchos meses después). “No hubo un tratamiento serio por parte de la Cámara, la víctima no recibió contención institucional, nadie se hizo cargo, se escondió debajo de la alfombra”, fustigó.
Orellana no solamente fue diputado sino que es Intendente de la localidad tucumana de Famaillá, una provincia regada de un jardín de denuncias de abuso sexual. La corrupción sexual de la política argentina tiene algunos lugares donde parece que hay vía libre para pasar por encima del cuerpo, el placer, la salud y la voluntad de las mujeres. La condena es un antecedente, que debe ser reafirmado, pero que implica un límite para que los políticos con antecedentes de abusos puedan seguir trabajando en cargos públicos, cobrando dinero del Estado y ejerciendo o encubriendo otros delitos sexuales.
La historia de Agustina Poch cambió el 11 de noviembre del 2016 cuando la llamaron de seguridad de la Cámara de Diputados. Nadie puede dejar ningún papel, recado o reclamo en las oficinas de recepción del anexo del Congreso de la Nación. Tampoco se puede subir sin autorización expresa. En ese momento, alguien venía a buscar al (ex) diputado (peronista) José Orellana. Pero en las oficinas no contestaba nadie. No era un día corriente, sino el día del empleado legislativo, menos movimiento y más aire a feriado. A las recepcionistas les pareció que lo más lógico era llamar al despacho vecino para que avisaran personalmente que había gente pidiendo que bajen.
Agustina Poch atendió el teléfono y le pidieron que vaya. Ella hizo caso. Ya era el mediodía. Estaba pensando en un almuerzo liviano para seguir trabajando. Pero nada fue liviano de ahí en más. El secretario del diputado acusó recibo y bajo a la recepción a recibir a la gente que los reclamaba. Ella conocía a las empleadas del despacho y al legislador solo le había dicho “hola” en un pasillo. “En dos minutos se aprovechó de mi y me dijo cosas”, sintetizó Agustina esos 120 segundos en donde el mundo se detuvo.
Orellana la amarró y la empezó a besar dentro de su oreja izquierda. Era un recipiente en donde una banca le hacía creer que podía escupir, penetrar, salivar o decir sin que importara. “Seguramente nadie te beso así, ¿no?”, se jactó. Ella se logró deshacer de él y salió. Lo contó al instante. Nadie en la cámara la ayudó, le preguntó como estaba o comenzó un proceso de investigación interna. Ella se tenía que esconder en los pasillos, recibía avisos de sus compañeras para que le dijeran si el piso estaba despejado. Viajó a Chile por trabajo, a una reunión de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Él le mando un mensaje para que no denuncie porque, en su situación, lo complicaba. Y lo complicó.
Ella tenía miedo, bronca, indignación y desamparo. Cuando terminó el mandato de la diputada Troiano (que siempre la apoyó) se tuvo que ir. Se quedo sin trabajo, con miedo y con el estigma de ser “la que había hablado”. Si la googleaban podía ser un mal antecedente para otros puestos laborales ser víctima de abuso laboral. En ese trabajo no había reparación ni continuidad. En su vida íntima había miedo y falta de comprensión.
A partir de la denuncia de Thelma Fardín ella tomo coraje y se mostró públicamente. La sociedad comprendió que no se trataba de algo menor, que el problema no es -ni debe ser- para las que denuncian y que manosear, besar y agredir a una trabajadora tiene costo. Tiene que tener costo. Y que las víctimas de abuso no deben, además, perpetuar el abuso en problemas laborales.
-¿Por qué decidiste contar tu historia?
-En un momento dije “¿Por qué me voy a estar ocultando si yo no hice nada malo?”. Pero, como desde el momento en que hable todo recayó sobre mí, no quería que nadie sepa quién era yo por si me pasaba algo.
-¿Qué te hizo cambiar de opinión?
-Me di cuenta que si lo contaba me sacaba un peso de encima. Yo no era la que me tenía que esconder.
-¿Cuál es la mejor forma de proteger a las víctimas?
- Dar mi nombre fue exponerme un montón, pero también una manera de resguardarme. Primero llevé adelante una denuncia sin poner la cara y después lo hice de manera pública. La exposición es un peso constante. Una siempre le tiene que poner el cuerpo a estas causas.
-¿Qué otras herramientas te sirvieron para poder denunciar?
-Llamar a las cosas por su nombre y tejer redes para fortalecerme.
-¿Cómo te impactó la denuncia de Thelma Fardin y las repercusiones sociales que tuvo en 2018?
-Fue recontra importante porque gente cercana, incluso de mi edad, no le daban la magnitud a lo que me había sucedido. No me prestaban atención. Cuando sale lo de Thelma se comprendió socialmente la dimensión social de los abusos. Y ahí es donde pude decir: “Yo también pase por esto”.
-”Yo también” es exactamente el concepto de “Me Too”...
-Claro, yo también pase por esto.
-¿Qué te paso cuando escuchaste los alegatos en el juicio que lograste que se llevara adelante en 2022?
-Mi corazón iba a mil por hora, bombeaba como nunca.
-¿Cómo fue enfrentar esta situación tan joven?
-Yo crecí con esta denuncia. Pase de mi adolescencia a mi adultez con esta causa.
-¿Cuáles fueron los costos de la denuncia?
-En el 2017 me tuve que ir del Congreso, no hubo ninguna opción para poder volver. Fue muy duro que todo el mundo me diga: “¿Qué hiciste?”; “Nunca más vas a entrar a trabajar acá”; “Mira con quién te metiste”. Me escondía en los pasillos. No quería que nadie me vea ni supiera de mí. Hicimos un grupo de watsap para que me avisen cuando venía él para no cruzármelo.
-¿No podían trasladar la oficina?
-Para trasladarlo tardaron mucho: seis meses.
-¿Por qué?
-En la Cámara nunca le dieron la magnitud que le tendrían que haber dado porque yo era una secretaría. Me ponían en duda todo el tiempo. El único diputado que me apoyó fue Julio Raffo (mandato cumplido) abogado histórico de Fernando “Pino” Solanas, que me acompañó y fue al juicio. La diputada Romina del Plá (Frente de Izquierda) hizo alguna referencia y listo, nadie más. Yo sabía que estaba haciendo lo correcto y, al mismo tiempo, fue muy triste.
-¿Qué consecuencias tuvo?
-Sufrí muchos meses de stress y me tuve que ir del Congreso.
-¿Qué pasaba con la causa?
-La causa no avanzaba.
-¿Qué significó perder la continuidad laboral?
-El 8 de diciembre vine a entregar las llaves. Cerré la oficina. Me fui llorando por Avenida de Mayo. Tomé una combi y nunca más volví a pasar por la Cámara de Diputados hasta que recuperé el trabajo. Esquivaba el lugar porque me ponía mal.
-¿Qué era lo que más te afectaba?
-Me ayudaba mi mamá porque me dolía mucho si me hablaban del tema. Solo me daban la información justa y necesaria, sin condimentos extras, porque me desestabilizaba. Era remar en dulce de leche. Yo sabía que lo que hacía estaba bien pero mientras lo hacía sentía que hubiera sido mejor ni hablar, ni hacer la denuncia. Tenía mucha red de contención porque era muy difícil de aguantar.
-¿Cuándo te reincorporaste al Congreso y cómo fue recuperar tu trabajo?
-A mí nunca, institucionalmente, me habían preguntado ni cómo estaba, ni qué había pasado. Jamás se habían interesado en el tema desde el 2017 hasta el 2020. En mayo del 2020 me llama la diputada Jimena López (Frente de Todos) y Laura Caniggia, Jefa del Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y me enteró que habían hecho un video con mi causa en Diputados TV (un audiovisual sobre violencia laboral en el Congreso). Para mí eso era un montón porque visibilizaron algo que me había pasado y que todo el mundo se había encargado de ocultarlo.
-¿En qué te cambió el cambio de posición en la Cámara de Diputados?
-Es importante que la Cámara de Diputados reconozca que si hay violencia sexual en el Congreso es violencia institucional.
-Uno de los efectos del abuso sexual laboral es que las mujeres se quedan sin trabajo, pierden oportunidades profesionales y se quedan con miedo. ¿Cómo es la repercusión laboral de la denuncia?
-Mi exposición laboral es total. Si iba buscar un trabajo me googleabas y sabías lo que me paso. No me jugaba a favor. Cargar con el peso de una denuncia es una desigualdad mayor a la hora de buscar un trabajo. Queda el estigma de “la conflictiva”. Por eso, me dediqué a estudiar sociología. Me aboqué a la facultad hasta volver a trabajar.
-¿Por qué, cuando recuperaste tu trabajo en el Congreso, decidiste dedicarte a capacitar en la Ley Micaela para que se conozca la perspectiva de género?
- A partir del 2020 se crearon dos áreas de género en la Cámara de Diputados (el departamento de géneros en Recursos Humanos y la Dirección de Igualdad dependiente de la Presidencia). Antes, si sufrías violencia, caías donde caías. Ahora hay un cambio de paradigma. Con la Ley Micaela capacitamos a 2.000 personas desde el 2020 hasta fines del 2022. La Cámara de Diputados es otra en comparación con el 2016. En las capacitaciones se escuchan muchos testimonios de víctimas de violencia. Pero la línea institucional es que no se va a tolerar la violencia.
-¿Ahora sería más fácil denunciar a un diputado?
-Hoy todavía no podes denunciar a los diputados porque tienen fueros. Siempre estas en desventaja en relación al poder.
-¿Cómo fue la posibilidad de declarar en el juicio?
-Fueron dos meses de proceso. Empezó el 14 de octubre y terminó el 7 de diciembre. Fui a declarar el primer día, después que declaró él. Fue en la misma audiencia. Pero me garantizaron que no me lo crucé. Igual siempre es traumático revivir una situación así. Es revictimizante contar a una persona desde cero lo que te paso hace seis años. Pero, más allá de eso, me sentí cuidada. Fue muy llamativo porque costó mucho llegar a esto: una se expone todo el tiempo. Hay que escuchar hablar de la víctima y no del agresor. Pero la sentencia fue contundente.
-¿Qué sentiste cuando el fiscal pidió la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos y una condena de más de tres años?
-No fue una sorpresa. Yo tenía la convicción que iba a ser así. Pero me sentí respaldada a pesar del nerviosismo. No quiero cruzármelo ni escuchar que opina. Mi objetivo es que haya justicia y que se asiente un precedente en el Congreso y en la política. Se necesita entender que hay comportamientos que no pueden seguir pasando y que generan consecuencia. No puede ser que las mujeres sigamos soportando abusos.
-¿Qué efecto genera la lentitud de la justicia?
-Seis años es mucho tiempo.
-¿Ahora sentís que valió la pena denunciar?
-Siempre vale la pena denunciar. Yo no me hubiese podido bancar esta situación sin contárselo a nadie. Empecé a hablar al minuto que me paso. Pero no se puede estar sola. Contar con una red es clave.
-¿Lo consideras una forma de violencia política?
-Si, totalmente. Necesitamos terminar con la naturalización de la violencia política contra las mujeres. Parece que son las reglas de juego y no tienen que ser las reglas de juego. Yo estoy acompañada, desde el 2020 hasta ahora, pero antes era solo mi familia. Me gustaría que esto siente un precedente y que podamos construir otra política.
