Después de un extenso análisis jurídico, y de una reunión con 14 gobernadores que incluyó durísimas críticas a la Corte Suprema, el presidente Alberto Fernández definió que no acatará el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires, al que calificó de "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento", y anunció que buscará recusar "a los miembros" del máximo tribunal "y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis' de la resolución cautelar dictada".
"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95%; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", resaltó el Gobierno en el comunicado firmado por el Presidente y los 14 gobernadores que participaron durante todo el jueves del debate interno.
Se trata de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca), que estuvieron en Casa Rosada en la reunión convocada por Fernández para analizar el fallo de la Corte, que este miércoles dispuso que el Gobierno debería restituirle el 2,95% de los fondos coparticipables a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, tras el reclamo judicial presentado por el jefe de Gobierno en septiembre del 2020.
El texto también fue rubricado por Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), que participaron de la cumbre de manera virtual. No acompañaron el santafesino Omar Perotti y el cordobés Juan Schiaretti. Tampoco el neuquino Omar Gutiérrez, la rionegrina Arabela Carreras -fue contactada por la Casa Rosada- y el salteño Gustavo Sáenz. Mucho menos los de la oposición de Juntos por el Cambio.
"(El fallo) Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación", agregó el comunicado, difundido ya entrada la noche, tras horas de discusión.
"En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", insistió la Casa Rosada, que abre ahora un sorpresivo conflicto de poderes con el Poder Judicial que este jueves ya había recibido una catarata de reproches por parte de la oposición.
Al mediodía, Fernández había recibido en Casa Rosada a los gobernadores. El encuentro, según reconstruyó Clarín, fue muy duro. Las críticas fueron airadas y unánimes. Hubo reproches en tonos muy elevados y se plantearon diferentes alternativas, todas ellas lapidarias en torno al vínculo con la Corte Suprema.
"Estuvieron todos durísimos", reconoció a este diario un funcionario que participó de la reunión. Todas las fuentes consultadas coincidieron en la crudeza de los planteos, en algunos casos, incluso, a los gritos.
Según confiaron, Zamora, Jalil, Quintela y Capitanich fueron los más vehementes. En especial el de Santiago del Estero, que, según trascendió, pidió una respuesta extrema al fallo de la Corte que definió elevar del 2,32% al 2,95% los fondos coparticipables que recibe Rodríguez Larreta. Se habló de no dejarse correr por "cuatro jueces". Y se presionó al jefe de Estado para avanzar con un mensaje contundente, como finalmente se acordó, y dar una señal de "peronismo".
Algunos plantearon, de hecho, la posibilidad de avanzar en un juicio político contra Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, que 24 horas antes fallaron por unanimidad. El Frente de Todos no tiene los votos. Otros presionaron por desconocer el fallo. Es decir, no acatarlo. Fue la moción que al final se impuso, después de seis horas de negociaciones y de llamados frenéticos con los jefes provinciales.
En el Salón Eva Perón, el Presidente estuvo acompañado por el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. También se sumó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.
Olmos e Ibarra estuvieron abocados a la confección del comunicado. En particular Olmos, que se instaló buena parte de la tarde en el despacho presidencial. Kicillof se quedó en Casa de Gobierno más que el resto. El gobernador bonaerense se manifestó furioso con el fallo: por la mañana, había calificado a la resolución como una "inmundicia".
La cautelar de la Corte no resolvió la cuestión de fondo pero sí obligó a aumentar -y devolver- fondos a la Ciudad. La puja comenzó cuando Fernández, para apoyar a Kicillof en medio de una intempestiva rebelión de la Policía de la Provincia -en septiembre del 2020, en plena pandemia-, dispuso por decreto la quita del 1,18% de los fondos que Nación enviaba a la Ciudad. Mauricio Macri había aumentado esos fondos del 1,4% al 3,75% primero, y luego al 3,5%, justificado por el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña.
Luego, el kirchnerismo impulsó una ley que dio marcha atrás con todas las modificaciones en torno a la coparticipación en virtud del traspaso de la Policía a la Ciudad y estableció que el monto para garantizar el funcionamiento de la fuerza era de $24.500 millones al año, actualizables trimestralmente por un coeficiente mixto.
El fallo del Tribunal de este miércoles dejó todo sin efecto. Y la respuesta del Gobierno, decidido a no ceder en su postura de no incrementar ni un peso la cuota de coparticipación a la Ciudad, inaugura un escenario incierto.
