Las manifestaciones de protesta que estallaron este domingo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano alcanzaron un máximo nivel de violencia, al reportarse un total de siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que ha aumentado a siete la cifra de fallecidos en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado.
“Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego”, dijo Revollar al canal Epicentro TV.
Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.
Cierran el aeropuerto y suspenden el tren a Machu Picchu
El aeropuerto internacional del Cuzco y el servicio de trenes hacia la ciudadela de Machu Picchu permanecerán cerrados durante este martes ante el anuncio de protestas sociales en esa región del sur de Perú.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó, en un comunicado, que ha decidido que el aeropuerto cuzqueño será cerrado luego de que “una turba de manifestantes” intentase ingresar a las instalaciones a través de “forados en el cerco perimétrico”.
“Con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los pasajeros, usuarios, público en general y de nuestros colaboradores, se suspenden las operaciones aéreas en nuestro terminal cusqueño, toda vez que no se garantiza la seguridad de las mismas“, señaló.
La empresa pidió, además, que se refuerce la protección de la Policía Nacional del Perú (PNP) “ante los posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación, control y vigilancia necesarios para las operaciones aéreas en dicha sede aeroportuaria”.
Por su parte, la empresa PerúRail, operadora de trenes a Machu Picchu, anunció que este martes se suspenderá ese servicio ante el anuncio del inicio de movilizaciones convocadas por gremios y organizaciones campesinas que han llamado a un “paro indefinido” en la región.
“Lamentamos los inconvenientes que estos anuncios generen a nuestros pasajeros; sin embargo, obedecen a situaciones ajenas a la voluntad de nuestra empresa y buscan priorizar la seguridad de pasajeros y trabajadores”, indicó en un comunicado.
Crisis política y social
Boluarte asumió el mando el miércoles tras la destitución de Castillo por parte del Congreso, tras un fallido intento del entonces mandatario de suprimir en sus funciones al Poder Legislativo para gobernar por decreto, lo que fue calificado como un autogolpe de estado.
En ese contexto, Boluarte dispuso el estado de emergencia por 60 días en las siete provincias del departamento Apurímac, lo que implica la suspensión de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un decreto publicado esta noche por el diario oficial El Peruano.
El cuadro podría agravarse si los gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas cumplen su anuncio de “paro indefinido” a partir de este martes, en este caso con el dato extra de que el colectivo reclama la “inmediata libertad” de Castillo.
De acuerdo con el Frente Agrario y Rural (FARP), Castillo “no perpetró ningún golpe de estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Parlamento, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, por lo que se declaró “en insurgencia popular contra el golpe planificado por el “frente al golpe planificado y perpetrado por el Congreso”, según un comunicado.
Justamente Castillo difundió en sus redes sociales una carta en la que llamó “usurpadora” a Boluarte y se consideró aún al mando del país.
“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones”, subrayó.
El Congreso, en cambio, le sacó a Castillo sus fueros y el derecho al antejuicio que le correspondía por haber ostentado un alto cargo y dispuso que la formulación de la causa penal tenga lugar, un paso que ya notificó a la fiscal general, Patricia Benavides, que ahora puede continuar con sus investigaciones por rebelión, conspiración y alteración del orden público.
La titular del Ministerio Público sumó una denuncia constitucional contra el exmandatario, por haber perpetrado un golpe de estado, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
