El presidente Alberto Fernández anunció a través de cadena nacional que instruyó al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente un viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año.
Los detalles del viaje al sur del país habían sido revelados semanas atrás por el diario Página 12. Este fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos del vuelo. En los mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas de servicios turísticos para justificar su presencia en el sur. También aluden a una presunta “buena predisposición” de una fiscal federal de Bariloche para cerrar una investigación que se había abierto para investigar los motivos del encuentro.
El origen de la filtración es atribuida a un hackeo del teléfono celular del ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana negó la veracidad de los diálogos y adelantó que también irá a la Justicia. D’Alessandro es uno de los funcionarios que había sido mencionado como parte de la comitiva que viajó a Lago Escondido. El resto de los integrantes son jueces, fiscales y un empresario de uno de los multimedios más grandes del país.
Fernández afirmó que “todo parece indicar que quedó expuesto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios”.
“Por primera vez queda expuesto el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que en muchos casos buscan ventajas indebida, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, declaró.
A horas del fallo en la causa Vialidad, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada, Fernández aseguró que la Argentina “necesita funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros”.
