Los datos secretos de la causa del atentado fallido contra Cristina Kirchner

El martes próximo se conocerá el veredicto del juicio oral público de la causa Vialidad. Cristina Kirchner podría ser condenada a una pena máxima de doce años de cárcel, según solicitó el fiscal Diego Luciani. Los jueces podría rebajar esa condena. O dictaminar que la vice debe ser absuelta. Para ella la sentencia ya fue escrita por lo que llamó “un pelotón de fusilamiento”.

Como si ese infortunio no fuera suficiente para la vice, el otro caso que la obsesiona, el que investiga por qué y quiénes intentaron asesinarla en un intento fallido de atentado el 1° de septiembre pasado, no evoluciona como lo desea. La propia Kirchner acusó a la jueza que instruyó el expediente, María Eugenia Capuchetti, de boicotearlo y frenarlo (son acusaciones textuales) desde la perspectiva de que habría pistas que indican que todo fue organizado por dirigentes de la oposición política.

La defensa de la vice, al mando de Juan Manuel Ubeira, recusó a Capuchetti. La Cámara Federal rechazó el pedido. Clarín accedió a datos hasta ahora desconocidos de esta trama sensible. El “relato K” sobre esta historia no coincide con buena parte de los hechos que pueden leerse en el expediente.

¿Por qué desde el poder intentan instalar lo que no puede probarse con indicios o documentación judicial? El Estado, dirigido y gestionado por el oficialismo bajo liderazgo ejercido por Kirchner, es responsable de errores en esa pesquisa.

Conviene ir por partes.

Y empezar por el principio.

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Impericia del Estado

El día que Sabag Montiel apuntó con un arma a la cabeza de la vicepresidenta, la jueza que estaba de turno en los tribunales federales de Comodoro Py era Capuchetti. Pasaron varias horas de ocurrido el hecho hasta que ella pudo actuar en el asunto.

“Necesito que me liberen el teléfono porque me tienen que llamar para empezar a trabajar”, les solicitaba a otros magistrados que se comunicaron con ella durante esas primeras horas ofreciéndole ayuda, contaron fuentes que escucharon ese pedido de la jueza. Las autoridades no la llamaron. Fue ella la que se comunicó con la Policía. Empezaron así horas de frenesí judicial y político.

Aún existen detalles de cómo fue detenido Sabag Montiel, y sobre qué pasó con él durante varios minutos después de que fuera capturado por la guardia militante que cuida a la vice, que no fueron ni serán dilucidados.

Sabag Montiel fue descubierto por militantes K cuando empuñó su Bersa apuntándole a Cristina. La versión oficial indica que fue entregado de inmediato a la Policía Federal. La realidad es otra. Quien lo detuvo, tal como consta en su procesamiento con prisión preventiva, fue un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Se presume que eso pasó porque el agresor de la vice logró escapar de la maraña militante que lo contenía a los golpes.

La misma noche del atentado, el celular de Sabag Montiel, una prueba clave de la causa, fue llevado al despacho de Capuchetti por personal de la Policía Federal. De acuerdo a fuentes de las fuerzas de seguridad, esos agentes fueron acompañados por un importante funcionario del Poder Ejecutivo, que se movía como una especie de custodio de todo el asunto. Era el aún viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, militante de La Cámpora, una especie de “rey” del lobby K en Comodoro Py. ¿Por qué un funcionario nacional se involucró personalmente en el caso? Mena intentó volver a tener influencias en el expediente pero chocó con negativas judiciales.

El relato K aseguraba que el teléfono de Sabag Montiel fue manipulado por el primer perito que intentó acceder a su contenido, un cabo de la PFA, con tal cantidad de errores procedimentales que generó que el aparato se “reseteara a valores de fábrica”, lo que provocó que sea imposible conocer las últimas llamadas que hizo el detenido, y todo el contenido de su WhatsApp.

Durante semanas, las autoridades creyeron esa versión, ampliada por el aparato de propaganda K. Se aseguraba que el material que logró recuperarse de ese celular fue aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La misma versión aseguraba que por responsabilidad de Capuchetti se había roto la cadena de custodia del aparato en viaje de tribunales a una sede de esa fuerza.

No fue así.

El celular de Sabag Montiel fue solo “bloqueado” por el primer miembro de la PFA que quiso “abrirlo” mediante un software especial. Quienes lo resetearon “a valores de fábrica” fueron agentes de la PSA.

Así lo afirma un peritaje de la Gendarmería Nacional (GNA) avalado por la firma del perito de parte de la vice, Tomás Francisco Barbieri. Clarín adelantó esa el contenido de esa pericia.

¿Por qué se ocultó esa cadena de errores? ¿Fueron equivocaciones propias de falta de profesionalismo de los primeros peritos que tuvieron a mano ese teléfono? ¿O se trató de un reseteo generado adrede para ocultar información crucial?

LA PSA desmiente cualquier irregularidad impulsada a propósito por sus agentes.

Capuchetti denunció a la PSA y la PFA y el caso lo tratará otro juez.

El peritaje de la GNA, al que accedió Clarín, señala otros datos llamativos.

El Samsung de Sabag Montiel “fue restablecido a valores de fábrica” a las “00:19:26 hora local del día 03 e septiembre del 2022”.

La PSA recibió el celular a las 11 de la noche del 2 de septiembre.

Aún se desconoce por qué los especialistas de esa fuerza, que cuentan con cierto prestigio entre los magistrados, insistieron con abrir el celular ya reseteado a “valores de fábrica” a las 3:19 am de septiembre del 2022, a las 3:20 am del mismo día, y un minuto después, a las 3:21 am. La quinta o cuarta confirmación de lo que había pasado se realizó a las 13:10 del día siguiente.

Los chats que lograron recuperarse de ese celular, varios de ellos con alto nivel probatorio para el caso en contra de Sabag Montiel, estaban guardados en una memoria externa del aparato, y en su tarjeta SIM.

Otras dudas y sospechas

Más información desconocida de esta trama: tras un sugestivo pedido de la defensa de la vice, la Justicia allanó una empresa que supuestamente encripta teléfonos. Según Ubeira, uno de los “copitos”, Nicolás Carrizo, habría recibido llamados de esa compañía. El juzgado accedió a realizar el procedimiento. Se pudo dilucidar entonces que la firma Marcodina SA efectivamente había recibido llamados de uno de los procesados con prisión preventiva de la causa, Nicolás Carrizo. Pero esas llamadas no habían sido realizadas para organizar ningún complot político. La firma Marcodina SA trabaja también sobre servicios de emergencias médicas, y Carrizo era su cliente mediante un contrato firmado el 15 de mayo del 2022.

La defensa de la vice, liderada por Ubeira, cambió de modo definitivo su opinión respecto a Capuchetti cuando ésta decidió no secuestrarle los teléfonos a dos asesoras del diputado Gerardo Milman, a quien un supuesto testigo había visto y escuchado hablar del atentado contra la vice en el bar Casablanca, ubicado frente al Congreso.

El “relato K” sobre ese hecho fue incorporado al expediente mediante el testimonio de Jorge Abello, ex diputado provincial de Santa Fe, quien aseguró haber escuchado tres días antes del intento de magnicidio contra la vice, junto a su cuñado, hablar del tema al exsecretario de Seguridad de la gestión Macri.

Afirmó, bajo juramento de decir la verdad, que Milman estaba ese día acompañado por dos mujeres.

Se las identificó. El “relato K”, difundido a través de las redes sociales de la vice, afirmó que ellas intentaron ocultar que habían estado con Milman en ese bar el día señalado por el testigo. Es mentira. En sus declaraciones testimoniales, si bien en un principio dijeron no recordar si en la fecha precisada por Abello habían ido a Casablanca, cuando se les mostró una filmación de ese mismo día en la que se las veía junto al legislador afirmaron que sí, que habían ido a Casablanca con el acusado por los K de ser partícipe, nada más ni nada menos, que de un intento de atentado contra la vicepresidenta de la Nación.

El testimonio que terminó con una imputación por falso testimonio fue el de Abello. Quienes lo acompañaron en esa incursión en la que habría escuchado a Milman referirse al magnicidio no avalaron sus dichos. Aun así, la Cámara Federal pidió que se profundice esa pista. El fiscal Carlos Rívolo está trabajando al respecto. Ninguna de las pruebas obtenidas por la Justicia, ni la ampliación de las testigos, permiten afirmar que Milman tuvo algo que ver con el fallido atentado a Cristina Kirchner.

La vice lo acusó de modo explícito de lo contrario. La jueza Capuchetti, quien fue recusada en vano por boicotear la investigación, denunció filtraciones de un legajo reservado del expediente vinculado a un supuesto organizador del atentado llamado Hernán Carrol. De nuevo: el relato oficialista no coincide con el contenido de la causa.

Otro dato llamativo más: a pesar de que la PFA debía intervenir en modo directo el celular de Brenda Uliarte antes de que sea detenida, la fuerza no cumplió esa orden, tal como adelantó La Nación.

Uliarte fue detenida cuando viajaba en un vagón del ferrocarril San Martín porque Capuchetti en persona descubrió que eso estaba pasando y ella misma, en la terminal de Retiro, ordenó que se detenga al tren como sea.

Así se capturó a la otra protagonista de este caso con final abierto.

Kirchner difundió en su video una certeza que no es tal: se afirma sobre “la banda de autores materiales”, conocida como “los copitos”, que “nadie puede pensar que esa banda planificó ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron”.

En rigor, nadie podría decir lo contrario. Al menos nadie que lea el expediente del caso.