El fiscal Guillermo Marijuán denunció penalmente a Victoria Tolosa Paz y a Emilio Pérsico
En el marco de la investigación que se abrió en torno a las arbitrariedades que existen en los planes Potenciar Trabajo, el fiscal afirmó que la funcionaria habría incurrido en el delito de abuso de autoridad y malversación por no dar de baja a más de 250 mil beneficiarios con incompatibilidades.
Para el fiscal Guillermo Marijuan existen elementos para entender que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico incurrieron en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. En concreto, les endilga no haber dado de baja 253 mil planes potenciar trabajo a pesar de las irregularidades detectadas en torno a los beneficiarios.
Según el informe de AFIP que había solicitado el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, esos beneficiarios no cumplían los requisitos par acceder al programa. Por ejemplo, casi 50 mil percibían ingresos mensuales mayores a dos salarios mínimos vital y móvil y otros 52 mil son propietarios de más de un inmueble. Además, había 2800 personas fallecidas que aún figuraban como beneficiarios.
Por todo ello, Marijuán efectuó una denuncia contra la actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y contra el Secretario a cargo de la Secretaría Economía Social de dicho organismo, Emilio Miguel Ángel Pérsico, por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, previstos y reprimidos por los artículos 248 y 260 del Código Penal.
"Resulta evidente que a raíz de la labor solicitada por la anterior gestión a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también por la titular actual de ese organismo a la AFIP, se tomó conocimiento de esa situación, lo que debió derivar en una orden inmediata de la Ministra Victoria Tolosa Paz y de los funcionarios responsables, de suspensión y re empadronamiento de las personas que son beneficiarias del “Programa Potenciar Trabajo” y que resultaban observadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, no obstante lo cual la actitud fue muy distinta y de allí esta denuncia penal", explica en su denuncia.
