El martes pasado, la Sala 1 de la Cámara federal resolvió excarcelar a los cuatros detenidos de Revolución Federal, hoy procesados por querer imponer sus ideas por la fuerza o temor al entender que no había riesgos procesales, aunque le sugirieron al magistrado interviniente en el proceso el dictado de alguna medida de sujeción menos coercitiva.
Tras ello varios referentes del oficialismo criticaron la decisión de los magistrados y apuntaron contra los Camaristas. Entre esos mensajes apareció el de el presidente Alberto Fernández, que no solo cuestionó la decisión sino que apuntó directamente contra dos de los magistrados, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes tildó de “dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución” y además dijo que “los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron”.
Pero fue más allá y sostuvo que “solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del expresidente Mauricio Macri que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”.
Ante esto, Leopoldo Bruglia, al no sentirse apoyado por la asociación de magistrados, decidió renunciar a la institución de la cual era miembro con una carta en la cual expresó su malestar y por otro lado adelantó que demandará al presidente Alberto Fernández por daños y perjuicios por considerar que los dichos son de una gravedad institucional inusitada. En el caso de Pablo Bertuzzi, consultado por MDZ, aseguró que por el momento no iniciará acciones aunque no lo descarta.
Recordemos que Bruglia y Bertuzzi están subrogando la sala 1 de la Cámara tras ser trasladados luego que esos lugares quedarán vacantes. Pero en el consejo de la magistratura se revisaron algunas subrogancias y las consideraron irregulares por no ser concursadas, tras lo cual se invitó a 10 magistrados a que tuvieran acuerdo del senado. Bruglia y Bertuzzi decidieron recurrir a la justicia aunque obtuvieron una respuesta negativa para permanecer en el cargo. Pese a ello la Corte los restituyó en el cargo hasta tanto se realice un concurso que los reemplace. Solo Bertuzzi se presentó al concurso, aunque ambos decidieron ir a la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino para denunciar lo que ellos consideran un atropello y a la espera de una resolución positiva.
En su carta de renuncia presentada ayer 3 de noviembre Bruglia, manifestó: “Que Uds. no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente de la Nación -en sus tweets del día de ayer- y de las expresiones del Ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables- es motivo eficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie a mi vocación asociativa con la dirigencia de esa Asociación”.
En ese sentido, expresó: “Saben Uds. muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituirme. Allí señaló el Supremo que debía permanecer en el sitio que actualmente ocupo, hasta tanto fuera designado un juez reemplazante. Así concretamente lo dice el fallo. No soy ilegítimo, como falazmente lo afirman los funcionarios; la Corte expresamente así lo dijo y sólo consideró que el cargo que legalmente ocupo lo es en forma transitoria”.
Para el magistrado, las palabras del presidente y el ministro Soria han sido claramente ofensivos con sus dichos hacia un juez integrante de esa institución, y “constituye además un hecho que trasciende una simple ofensa a la investidura individual para traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado”.
Tras ello, la asociación emitió un comunicado en el que advirtió acerca de la “ persistente injerencia del poder ejecutivo en asuntos que tiene expresamente vedado intervenir, no solo excede los límites de la libertad de expresión sino que contribuye al deterioro institucional”.
De este modo consideraron que “la responsabilidad de respetar el orden institucional en el caso de funcionarios de alto rango debiera ser ejercida con prudencia y apego a la Constitución”.
