Cuatro traslados, un diagnóstico de esquizofrenia y un hijo: la vida de Juniors después de cometer la Masacre de Patagones

El décimo octavo aniversario de la llamada masacre escolar de Carmen de Patagones encuentra al autor del hecho, Rafael Juniors Solich, a la espera de una respuesta a una solicitud de externación, la enésima que sus representantes del juzgado de Familia N° 4 de La Plata han presentado para que el autor de aquel conmocionante hecho pueda aspirar a una vida sin la constante vigilancia y tutela judicial.

Juniors, como lo llamaban sus compañeros, hoy tiene 33 años y un hijo que ya alcanzó la edad escolar, fruto de una relación que se gestó durante su internación pero que no pudo consolidarse. Pasa sus días entre la clínica neuropsiquiátrica donde recibe tratamiento y las horas con su madre, Ester Pangue Mancilla.

“Sigue esperando que le den alguna vez el alta pero parece que nadie se anima a firmar esa medida”, comenta una fuente con acceso al expediente. Hacerlo implicaría cargar con la responsabilidad de lo que el joven pueda hacer en adelante, explican en tribunales, donde el caso ha mantenido todos estos años una estricta reserva.

Aquel martes 28 de septiembre de 2004, mientras los alumnos del 1ero B del ciclo Polimodal de la Escuela de Enseñanza Media N° 2 Islas Malvinas de Carmen de Patagones esperaban al profesor de Historia en la primera hora de clases, Juniors extrajo de entre sus pertenencias una pistola Browning 9 milímetros que le había quitado a su padre, numerario de Prefectura Naval Argentina y vació el cargador sobre la humanidad de sus compañeros. La balacera acabó con la vida de Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce; y dejó malheridos a Natalia Salomón, Cintia Casasola, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías y Rodrigo Torres.

Cuando se produjo el hecho, que inauguró las masacres escolares en Latinoamérica, Juniors tenía 15 años y le faltaba menos de un mes para los 16. De haber tenido esa edad, la Justicia lo hubiera condenado por el crimen. Eso no ocurrió y, siguiendo la legislación vigente, la jueza de Menores en turno en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, Alicia Georgina Ramallo, dispuso inmediatamente su inimputabilidad eximiéndolo de culpa y cargo.

Ramallo conoció a Juniors en la ruta 3. Detenido por la policía de Patagones, el autor de los disparos en la escuela fue llevado a la comisaría local hasta que la jueza ordenó su traslado a Bahía, temerosa de que se pudiera generar una pueblada y todo terminara peor aún.

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El patrullero había transitado unos 100 kilómetros cuando se detuvo en la banquina delante de una tranquera, a la altura de Pedro Luro. Allí esperaron que llegara el coche que transportaba a Ramallo quien, al llegar, cruzó la ruta y se asomó por la ventanilla. Luego rodeo el móvil policial y fue a sentarse al lado de Juniors.

–Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Alicia. Soy la jueza que va a trabajar con vos por lo que hiciste… –introdujo Ramallo con amabilidad.

Juniors sólo giró levemente el cuello, le echó una mirada de soslayo pero, de inmediato, volvió a bajar la vista.

–¿Te sentís bien? ¿Me querés contar qué pasó?

–Eh… algo me acuerdo… No, no sé, en realidad fue todo muy rápido… –dijo el chico sin retirar sus ojos del piso del móvil.

–¡Pero, qué barbaridad, querido! ¿Te das cuenta de lo que hiciste a tus compañeros? ¿Sos consciente de la gravedad de los hechos?

–Sí, sí… bah, no sé…

–¿Cómo te sentís, estás angustiado?

–Sí… –respondió, seco.

–Es terrible, ¿supongo que estarás arrepentido?

–Y… sí.

–Bueno, bueno, ahora lo importante es que estés tranquilo, que pienses un poco y después hablamos, ¿sabes? Llévenlo nomás –cerró la funcionaria judicial mientras hacía señas de retirada con sus brazos.

Antes de volver al coche que la llevaba hacia el lugar de los hechos, la magistrada habló unas palabras con el oficial responsable del traslado. Le explicó que ya había hecho los arreglos para que, a falta de otro sitio disponible, recibieran al chico en la Seccional 1era. de Bahía Blanca pero le pidió encarecidamente que al llegar remarcara su indicación expresa para que lo mantuvieran aislado del resto de los detenidos.

Había justificado el encierro por “las característica personales del encausado y la gravedad y tipificación de los hechos que se le atribuyen”. Además, pidió “apoyatura psicológica o psiquiátrica”, según consta en el expediente.

Derrotero

Qué hacer con el autor de la masacre escolar fue y es aún hoy un gran intríngulis. Las opciones que se barajaron originalmente en el juzgado de Ramallo eran: una clínica psiquiátrica, una comunidad terapéutica o un instituto. Pero nunca se habló de plazos. Hoy Juniors lleva mas tiempo institucionalizado que la edad que tenía cuando ocurrieron los hechos de los que fue protagonista.

Lo cierto es que tras cometer el múltiple crimen la falta de vacantes hizo que Juniors pasara tres meses en una base de Prefectura en Ingeniero White hasta que, recién a principios de 2005 fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, en Ensenada, un penal de máxima seguridad para adolescentes en conflicto con la ley. Ahí Juniors la pasó muy mal y, según relatos de viejos celadores del lugar, llegó a autoagredirse al menos en una oportunidad. Soportó roces y cargadas de los otros internos hasta que la situación se volvió insostenible y se dispuso su traslado al neuropsiquiátrico Santa Clara en el partido de San Martín.

Los primeros informes daban cuenta de un chico “monosilábico”, “poco comunicativo” aunque, se aclaraba, “muy educado” y “asustado” por la incertidumbre sobre su destino. En todo su derrotero de institucionalización, Juniors nunca recibió otra visita que la de sus familiares más cercanos, funcionarios y psicólogos.

Con el tiempo se fueron sucediendo diferentes estudios tanto de la psiquis como del entorno social y afectivo del autor de la masacre escolar que intentaron desbrozar la lógica que lo llevó hasta esa decisión límite que no sólo cambió su vida para siempre, sino que marcó a toda una comunidad con el infortunio. Se le prescribió un plan psicofarmacológico en base a un primer diagnóstico de esquizofrenia. No obstante, la afección que padecía Juniors fue centro de controversias permanentes. Desde entonces la pregunta es la misma y se refiere a la posibilidad de repetición de conductas peligrosas.

En agosto de 2007, ante una serie de informes favorables la jueza Ramallo accedió a otorgar un régimen de salidas para Juniors quien comenzó a visitar a sus padres radicados en una casita en la zona ribereña de Punta Lara. Allí, tomaba clases de inglés, leía filosofía y hacía largas caminatas por la playa. Incluso, cada tanto, compartía un partido de fútbol con gente del barrio a los que los Solich ocultaban la verdadera historia de su hijo. Preocupada por lo que ocurría en esas salidas la magistrada exigió que se hicieran con la compañía de un asistente terapéutico.

Cuando el 27 de octubre de 2009 Rafael Solich cumplió 21 años su caso pasó a depender del Juzgado de Familia N° 4 de La Plata y al año siguiente, cuando se obtuvo una vacante, fue derivado a la Clínica San Juan de La Plata en donde hasta hoy sigue recibiendo tratamiento. Informantes de la clínica indicaron que Juniors se encuentra “estable” y goza de un régimen de salidas. Por otra parte, y según lo poco que dejaron trascender otras fuentes consultadas ligadas al caso; Juniors fue papá y está viviendo en la localidad de Villa Elvira aunque no comparte la casa con la madre de su hijo.

El dolor que no cesa

Mientras tanto, en Carmen de Patagones tuvieron que pasar 18 años para que uno de los primeros reclamos de la comunidad tras la tragedia se concretara: la construcción de un Salón de Usos Múltiples para desarrollar actividades estudiantiles. Después de más de cinco años de obra finalmente logró inaugurarse el 28 de abril último.

Durante el acto al que asistieron autoridades provinciales, municipales e integrantes de la comunidad educativa, la directora del establecimiento, Adriana Roumec, contó que a partir del trágico episodio ocurrido en 2004 “comenzamos a transitar una nueva construcción como comunidad, aprendiendo de las situaciones adversas y dolorosas que nos atravesaban”. Y añadió: La convivencia en base al respeto, unidos para una construcción sana, se convirtió en un objetivo de vida para todos. Así surgieron ideas y pudimos ver que nos hacía falta un lugar que nos permitiera organizar actividades artísticas, deportivas y de expresión para nuestros estudiantes y nació la idea de construir un SUM”.

Pero en la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, el dolor por lo ocurrido persiste. Con el paso del tiempo, los fantasmas alrededor de aquel fatídico 28 de septiembre se manifestaron entre los sobrevivientes del aula en síntomas visibles para los especialistas: fobias, trastornos del sueño y embarazos precoces. Lejos de alcanzar solo a los alumnos de aquel curso, las secuelas se extendieron a muchos de sus padres, a docentes y a otros estudiantes de la escuela, tal como surge de los informes realizados por profesionales que engrosan las causas civiles abiertas contra el Estado después de la masacre escolar. Hasta ahora solo una de esas demandas consiguió llegar a una sentencia: el año pasado el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca dispuso el resarcimiento económico en favor de la familia de Federico Ponce, uno de los chicos muertos en el aula. En su fallo la Justicia adjudicó negligencia e imprevisión por parte de la Dirección General de Escuelas bonaerense y achacó falta de cuidado sobre el arma por parte de Prefectura. Hubo apelación que se encuentra a la espera de tratamiento en la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. El resto de los juicios sigue sin resolverse.

Entre tanto, el misterio alrededor de la vida de Juniors se fue agigantando. Ante las versiones sobre la posibilidad de que en algún momento obtenga una externación definitiva, Marisa Santa Cruz, la madre de Federico Ponce, sostuvo “no sabemos qué tipo de tratamiento tuvo este chico y si fue o no adecuado. Lo que sabemos es que en su momento los psicólogos dijeron que era peligroso para sí mismo y para terceros pero no tenemos noticia alguna de que eso haya cambiado. Él es un ser humano y yo no busco ningún tipo de venganza sólo quiero evitar que no haya más madres de víctimas como yo en la Argentina”. La mujer cerró con la siguiente reflexión: “Se ha hablado en forma recurrente sobre el paradero de Juniors, su estado, su actualidad y el tratamiento por parte del Estado. ¿Acaso alguien se preguntó por sus compañeros sobrevivientes y los familiares de los que ya no están? Ese mismo Estado que ha asistido durante años a alguien que planificó y premeditó voluntariamente asesinatos dejó librados a su suerte y en el ostracismo a las víctimas que directa o indirectamente lo padecieron y hoy, después de 18 años, todavía no encontramos una explicación y, mucho menos, consuelo”.