Obligado por la presión de sus aliados, el Gobierno recalcula. Las organizaciones sociales del oficialismo y las de la oposición cerraron filas por la baja intempestiva de 40 mil beneficiarios de planes sociales y el Ejecutivo finalmente eliminó las incompatibilidades entre el Potenciar Trabajo ($25.600) y las becas Progresar ($7400).
En la administración de Alberto Fernández eligieron un argumento técnico para justificar la suspensión. En la Casa Rosada explicaron que los primeros resultados de las auditorías de planes sociales a cargo de universidades nacionales pusieron la lupa sobre los miles de jóvenes que recibían los dos beneficios, aunque el programa que administra el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico fijaba desde 2020 que los beneficiarios no podían recibir el beneficio del Ministerio de Educación.
Desde la Cartera de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta adelantaron a Clarín que los 40 mil jóvenes de hasta 30 años a los que se les había suspendido el beneficio volverán a cobrarlo a mediados de mes.
El ministro apuró una resolución que en las próximas horas o a más tardar el lunes se publicará en el Boletín Oficial. “Establécese que la percepción del incentivo otorgado a la población destinataria del Progresar(...) resulta compatible con el ingreso y la permanencia de los mismos como titulares en el Potenciar Trabajo y la percepción del Salario Social Complementario a partir del 1° de agosto de 2022”, señala el texto.
Dirigentes de las agrupaciones nucleadas en la UTEP y afines al oficialismo como la CCC, el Evita y Barrios de Pie, entre otros, habían expresado su preocupación por la suspensión de los planes. Solo el fallido atentado contra Cristina Kirchner -que funcionó como un aglutinador en el Frente de Todos- impidió que salieran a la calle para protestar contra el Gobierno.
Referentes de las organizaciones oficialistas no se privaron, sin embargo, de exigir la marcha atrás del Gobierno en las redes sociales. Juan Carlos Alderete, diputado y líder de la CCC, criticó la decisión oficial y ponderó la marcha atrás.
“Gracias al peronismo trabajar y estudiar son derechos intocables en nuestro país. Es urgente que se revea esta decisión y no recortar derechos”, señaló la diputada del Frente Patria Grande Natalia Zaracho que el domingo ratificó su pertenencia al bloque oficialista después de que su jefe político Juan Grabois amenazara con romperlo.
En el Evita -que organiza la misa del sábado en respaldo a la vicepresidenta- también creció el malestar. “Educación tendría que asumir que las becas Progresar son miserables y aumentarlas”, señaló un referente que también apuntó por las bajas que siguen creciendo.
En la UTEP cayó muy mal la presión sobre las organizaciones -las auditorías- que crecieron puerta adentro del oficialismo luego de las críticas públicas de Cristina Kirchner a las organizaciones en junio. En la movilización por San Cayetano recordaron que la ley de emergencia social de 2016, que ordenó la creación del Salario Social Complementario -la remuneración que se paga a través del Potenciar Trabajo- y permitió que los planes se duplicaran fue votada por unanimidad.
Presión de la izquierda y denuncia PRO
Las organizaciones sociales del oficialismo mostraron su poder de movilización el miércoles frente a la Legislatura para reclamar el capítulo porteño de la Ley de Tierra-Techo y Trabajo que también empujan -sin éxito, por ahora- en el Congreso.
Quienes sí le pusieron el cuerpo al reclamo por la baja de planes fueron las agrupaciones de izquierda de la Unidad Piquetera, que se movilizaron en contra del Gobierno dos veces en 48 horas.
La juventud del Polo Obrero realizó el martes un acampe en el obelisco durante 8 horas hasta llevarse un compromiso de que el Ejecutivo restituiría los planes. Este jueves, el Polo Obrero continuó con su plan de lucha por más planes y en contra del ajuste y paralizó el centro porteño. En los últimos meses, movimientos sociales del oficialismo y de la oposición se solidarizaron entre sí ante el avance de causas judiciales en su contra.
En el Gobierno señalan desde hace largos meses una supuesta estrategia mancomunada entre los movimientos que integran el Frente de Todos y los de izquierda, "de los dos lados del mostrador". Tras la oficialización de la marcha atrás del Gobierno, el Polo Obrero prometió profundizar su plan de lucha. "Debemos derrotar el ajuste en las calles, en la unidad de ocupados y desocupados", consignaron en un comunicado.
La decisión del Ejecutivo también movió el avispero de la oposición. El diputado Waldo Wolff, uno de los halcones del PRO, exigió al jefe de Gabinete Juan Manzur que los líderes de las organizaciones devuelvan $6.000 millones, la cifra que según el legislador cobraron los beneficiarios ligados a las agrupaciones en 2022 por dos planes que -por la normativa oficial- eran incompatibles. Consultado por este diario, el vicepresidente de la DAIA aseguró que no descarta una denuncia judicial para recuperar esos fondos.
