La vicepresidenta Cristina Fernández anticipó que le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública para la "audiencia de mañana".
"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
"Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", indicó.
La novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 comenzó pasadas las 8.30 de este lunes en los tribunales de Comodoro Py, con la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Es probable que Luciani pida una condena que supere los 10 años y, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En esta causa se le imputa a la vicepresidenta la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.
Entre los imputados están también el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José Francisco López; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti; y el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.
De Vido, López y Periotti fueron acusados de ser los supuestos organizadores de una asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez y a través de maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado.
Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que "no hay pruebas sobre algún aporte o participación" en la supuesta asociación ilícita y que "no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva".
Entre los imputados también está el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; los ex responsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron, sino que cumplieron funciones específicas.
Las defensas reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados, sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a proponer conclusiones equivocadas.
