En febrero del 2017, el por entonces presidente Mauricio Macri decía: “Hoy Juanjo (por Juan José Aranguren, su ministro de Energía) tuvo que volver a anunciar algo que no es simpático”. Macri se refería a los aumentos de entre 60 y 148 por ciento que sufrirían en sus tarifas eléctricas más de 3 millones de usuarios residente en el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, conformada por la CABA y buena parte del conurbano bonaerense. Aquel aumento se desdoblaría entre febrero, el mes del anuncio y marzo y, además, por si fuera poco, en el mismo acto (durante una visita a Vaca Muerta, en Neuquén), el jefe del Ejecutivo adelantaba que habría otro ajuste hacia fin de año, entre noviembre y febrero del 2018.
Aquel gobierno tenía un objetivo: disminuir el abrumador déficit fiscal acumulado por años por la vía de la eliminación de los subsidios energéticos, por lejos, los más altos de entre todos los económicos y sociales que tiene la estructura fiscal del país. La decisión –explicaba Macri– acercaría a los argentinos a pagar el 47 por ciento de lo que, por entonces, valía la energía. En el 2016, los aumentos tarifarios, especialmente los eléctricos, habían alcanzado niveles poco conocidos para los argentinos. La oposición (el kirchnerismo) los calificaba de espantosos e insoportables. La salida del sistema de subsidios había comenzado en el 2016 y el aumento de la energía durante ese año había superado el 500 por ciento para las zonas que, por años –desde los primeros del siglo, allá por el 2003 y el 2004– venían recibiendo un servicio eléctrico en sus casas por el que no pagaban nada o muy poco.
A lo largo de toda la gestión de Cambiemos, los residenciales terminarían pagando un poco más de 600 por ciento, mientras que los comercios –de acuerdo con los datos oficiales de aquellos años– se llevarían una parte importante del ajuste, pagando un incremento de 337 por ciento.
Con el gas sucedería lo mismo, aunque con incrementos mucho más marcados que los de la electricidad. En sus cuatro años de gobierno, los mayores aumentos se dieron entre los usuarios comerciales y los residenciales, con rangos de ajuste que partieron en 249 por ciento y treparon a 1.498 por ciento, en valores que se han calculado en dólares.
A poco de terminado el gobierno de Macri, quien fuera el secretario de Energía de esa administración, Gustavo Lopetegui, presentaría un informe de gestión por el que aseguró que los ajustes tarifarios, por la vía de la eliminación de subsidios, permitieron cubrir los costos de generación eléctrica hasta 70 por ciento –cuando en el 2015 se encontraba en 32 por ciento– mientras que en el segmento de la distribución, la reducción de los subsidios permitió que el consumidor pagase el 63 por ciento del costo, cuando cuatro años atrás sólo se hacía cargo de 15 por ciento. Esas diferencias abismales sólo pudieron presentarse y aparecer por la agudización y profundización del sistema de subsidios sociales que habían comenzado unos diez años antes y que hacia fines del 2015 se habían multiplicado de tal manera que ponían bajo riesgo el nivel de reservas del Banco Central por la necesidad de dólares para sostenerlos, vía la importación de la energía. En concreto, en aquellos años, el pasivo producido por los subsidios energéticos se había logrado reducir 70 por ciento en promedio. Por supuesto, el golpe al bolsillo de un tipo de usuario para nada acostumbrado a pagar por los servicios lo que en verdad valen y cuestan, resultó más que duro.
Hacia el final del gobierno, Macri, de todas maneras, dejaría sin efecto muchas de las reformas estructurales que había iniciado en el 2016, iniciando un camino desesperado por reconquistar la adhesión de buena parte de los argentinos que le habían permitido acceder al poder. Sin embargo, con la crisis desatada del 2018, el proceso inflacionario arrancando un nuevo camino ascendente y el evidente malestar social, Macri daría marcha atrás a sus reformas, aunque de igual manera perdería las elecciones, y el kirchnerismo volvería al poder con el viejo discurso del Estado dueño de todo y protector de tu bolsillo; un relato que ha escondido, como está visto, una degradación absoluta de la economía y de las posibilidades y oportunidades de generación de empleo genuino, además de toda la debacle que acompañó el parate económico y el fin de aquella quimera del vivir con lo nuestro.
La oposición a Macri y al gobierno de Cambiemos se ocuparía de destrozar aquellas medidas de ajuste, similares a las que hoy la administración de los Fernández y Massa han debido avalar para frenar el gasto y el drenaje de dólares que no alcanzan y que se terminan. El kirchnerismo haría fila y pedía turno en los medios para cuestionar el tarifazo. El diario K Página/12, tras los nuevos anuncios de febrero del 2017 realizados por Macri, publicaría las visiones críticas en nombre del kirchnerismo: José Luis Gioja, presidente del PJ, cuestionaba el impacto de la medida en los bolsillos de los trabajadores que venían de conseguir un magro 17 por ciento de aumento de sus salarios en paritarias para una parte del 2017; Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa, diría: “El 80 por ciento de los argentinos hoy vive peor de lo que vivía dos años atrás”; Gabriel Katopodis, por entonces intendente de San Martín, trataba de “insensible” a un gobierno “que no entiende lo que pasa en la calle”; Carlos Heller, por el Partido Solidario, hablaba de “otro duro golpe al bolsillo de los ciudadanos” y calificaba de “insustentables” los argumentos de Aranguren para justificar los aumentos y Gabriel Solano, del Partido Obrero, diría que se había “consagrado un régimen de tarifazo permanente a favor de las empresas eléctricas”, además de recordar que Aranguren provenía del sector privado siendo CEO de la petrolera Shell.
La segmentación tarifaria y la salida del esquema de subsidios progresiva anunciada este martes por el equipo de Massa en Economía apunta a reducir el gasto en unos 550.000 millones de pesos. Para los casos en los que se pierdan los subsidios y se tenga pagar la tarifa plana en el gas, el aumento sería de 167 por ciento en tres tramos. Y con la energía eléctrica se apelará al juego del tope al consumo, fijado en los 400kW mensuales.
Los sectores que se identifican con el oficialismo, los mismos que antes criticaban la impopular medida de Macri, han avalado las decisiones obligadas tomadas por el Gobierno. Es común que eso suceda en la política argentina, más cerca de los dislates y el cinismo que del sentido común y de la verdad, por sobre todas las cosas.
Tan es así que, en medio de una situación extrema, por ejemplo, desde el Movimiento Evita se ha cuestionado a quienes hoy le piden más asistencia a un Estado fundido y que ha vuelto a costear, por pura demagogia nomás, entre 70 y 80 por ciento de los servicios que reciben quienes viven en el AMBA. “No es momento de dar la discusión sobre el Salario Básico Universal”, ha dicho el referente del movimiento, Emilio Pérsico, días atrás.
Este martes, Malena Galmarini, presidenta de AYSA, ha negado que el tarifazo sea un tarifazo. “No es un aumento de tarifas, es una distribución de subsidios” y la marcha que este miércoles realizará la CGT ha sido justificada “contra la inflación y contra la especulación”, nunca contra un gobierno de su mismo signo político que ha fallado rotundamente en el objetivo de “tranquilizar” la economía, contener la inflación y en aquello de volver a poner al país de pie.
