Muerte de una joven en comisaría de Laprida: la segunda autopsia probó que no se ahorcó
El análisis aseguró que no se encontraron —en el cuello y vías superiores— marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento en el cuerpo de Daiana Abregú. Esto contradice la versión policial.
El pasado domingo 5 de junio, la Policía Bonaerense arrestó a Daiana Soledad Abregú (25) por una contravención menor, disturbios en la vía pública: la joven había encontrado a su ex pareja con otra mujer y descargó su enojo contra el auto de él, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
Los efectivos de la fuerza, entonces, la llevaron a los calabozos de la Estación de Policía Comunal de Laprida, localidad ubicada a 430 kilómetros al Sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires. Horas después, Daiana fue hallada muerta dentro de la celda.
La versión policial indicó que se trató de un suicidio: desde la comisaría describieron que la joven había sido encontrada con una campera azul alrededor de su cuello. Sin embargo, la familia de la joven fallecida, desde un primer momento, desconfió de esa versión y cuestionó el accionar policial.
Una primera autopsia, realizada por la Asesoría Pericial del MPF en Azul, determinó que la asfixia fue la causa de muerte e indicó que la única lesión era la que supuestamente había provocado la campera en su cuello. No había otros golpes o signos de tortura.
Pero los resultados preliminares de un nuevo análisis forense sembraron aún más dudas sobre los dichos de los policías que estuvieron aquel domingo en la comisaría, ya que concluyó que Daiana no presentaba lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico.
“A la espera de los informes finales, este resultado echa por tierra la hipótesis del suicidio, tal como habían sostenido los funcionarios policiales desde el primer momento. Es decir, la escena en que fue hallado su cuerpo fue armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido, confirmando varios indicios obrantes en la causa”, consideraron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que había solicitado ese procedimiento en carácter de particular damnificado institucional en sus funciones como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
En concreto, el informe preliminar de la reautopsia estableció que, “examinado el cuello, no se observó surco de ahorcadura”. Además, afirmó que “no se constataron lesiones en músculos del cuello” y tampoco “alteraciones en laringe. Hueso hioides indemne”. En conclusión, la joven murió por un “síndrome general asfíctico”; los estudios complementarios y el informe definitivo deberán demostrar con qué mecanismo se produjo la muerte.
Desde la CPM explicaron que pidieron una segunda autopsia porque la primera “se realizó sin aplicar el protocolo de Minnesota y por lo tanto sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal”.
“Tampoco se realizaron radiografías, fotografías completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, además no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que se observaban ya en ese momento”, agregaron.
Esos procedimientos sí se aplicaron en la reautopsia, que se realizó en la Asesoría Pericial de La Plata y de la que participaron los médicos forenses María Andrea Noms, Rubén Neme, Claudia Becerra y, de parte de la querella, Mariano Salgado.
“A la espera de los estudios complementarios, la información que aportó esta segunda autopsia significa un avance sustancial para la investigación y la búsqueda de la verdad y la justicia. Este resultado y otras pruebas que constan en el expediente obligan a profundizar la hipótesis del homicidio y la responsabilidad de los funcionarios policiales que fraguaron la escena de la muerte”, resaltó la CPM.
La investigación del caso está en manos del fiscal Ignacio Calonje, de la Unidad de Violencia Institucional de Azul. Hay cuatro efectivos bajo sospecha y un jefe fue apartado de su cargo.
El de Daiana no fue el único caso de este tipo: Ramón Eusebio Mallea, un hombre de 64 años que estaba detenido en una comisaría de la localidad bonaerense de San Miguel, acusado de cometer el femicidio de su esposa, también fue encontrado ahorcado en una de las celdas unos días antes.
La CPM ya contó cinco casos como el de Daiana en lo que va del año, según un comunicado oficial. Hubo 25 el año pasado. Desde 2012, el organismo registró 225 muertes en comisarías de la Bonaerense.
Las comisarías donde Abregú y Mallea perdieron sus vidas tampoco estaban habilitadas para funcionar. Ambas dependencias tenían clausuras judiciales y administrativas y no estaban habilitadas para alojar personas detenidas. La Policía Bonaerense, considera la CPM, desobedeció las órdenes judiciales, una figura frecuente en los últimos años. Los datos de estas clausuras surgen de la última actualización del Centro de Operaciones Policiales (COP), dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Para la Comisión, la muerte de Daiana se inscribe en una problemática mayor: la sobrepoblación de detenidos y el agravamiento de condiciones de encierro, en medio de un escenario de repetidas fugas de comisarías con sospechosos que vencen las rejas y denuncias de maltrato.
El cupo histórico de comisarías en la provincia rondó las 1300 plazas, sin obras significativas para expandirlo. A fines de mayo, el Ministerio de Seguridad reconoce a este medio que hay 4281 detenidos en las dependencias, 222 de ellas mujeres. El reporte para 2021 de la Defensoría de Casación, que releva denuncias de violencia institucional recopiladas por defensores oficiales, incluye relatos dramáticos, con 119 casos de golpizas a detenidos de parte de policías de la Bonaerense, con 30 casos en La Matanza, la jurisdicción más violenta para detenidos.
Hubo, también, nueve casos de denuncias de causas armadas por la fuerza provincial, que incluyen armas plantadas e imputaciones erróneas. (I)
