Ante la suba de delitos, diputados bonaerenses de la oposición le reclamaron al gobierno de Axel Kicillof que derogue el protocolo de uso de teléfonos celulares en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, que entró en vigencia con la pandemia y debía regir mientras se prolongara el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El proyecto de ley fue una iniciativa de Matías Ranzini, hombre de Cristian Ritondo en el recinto provincial, y lleva la firma de otros tres legisladores de Juntos: Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco, que acompañaron la propuesta. Afirma que es “imperioso” derogar el protocolo “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”.
El protocolo entró en vigencia en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de coronavirus y el inicio de las restricciones a la circulación. Según la justificación de las autoridades, la prohibición del uso de teléfonos móviles en plena cuarentena anulaba “toda posibilidad de contacto de los internos con sus familiares”.
El Tribunal de Casación Penal estimaba que el permiso estaría vigente mientras se prolongara el aislamiento obligatorio ordenado por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus. Además, instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense a crear un protocolo normativo.
