Con la presencia de todos los imputados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), dan inicio los alegatos en la causa que se conoce como el direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa insignia del empresario santacruceño Lázaro Báez, que la tiene como principal imputada a la vicepresidenta, acusada como jefa de una asociación ilícita.
Según el cronograma previsto, la audiencia comenzará a las 9:30 de este lunes, con la exposición de la Unidad de Información Financiera, encabezada por Juan Carlos Otero, querellante en el proceso, que contará con tres jornadas: lunes, miércoles y viernes de esta semana. Esto se decidió luego de que el TOF 2 rechazara en la última audiencia del 27 de junio postergar para el 16 de agosto el inicio de los alegatos en el juicio oral como había pedido el abogado del organismo, al considerar que necesitaban más tiempo para hacerlo. Uno de los argumentos fue que la Oficina Anticorrupción hoy comandada por Felix Crous, que desistió de ser querellante, sería la primera en alegar, por lo que estaba previsto que ellos lo hicieran en agosto. Aún no se sabe si el organismo acusará o pedirá la absolución, es toda una incógnita.
Lo que si se conoce es el giro que dio el organismo con el cambio de Gobierno ya que, durante el Gobierno de cambiemos, fue uno de los principales acusadores en el caso, aportando información e impulsando medidas.
Luego será el turno del fiscal Diego Luciani, quien solicitó 9 audiencias para su alegato, y se descarta que pedirá algún tipo de condena. Finalmente será el turno de las defensas de los 13 imputados, entre los que se encuentra la vicepresidenta, quien también contará con tres audiencias.
Recordemos que el 21 de mayo de 2019 el Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su Gabinete, como también contra el empresario Lázaro Báez, por presuntas irregularidades en 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas al Grupo Austral Construcciones por 46 mil millones de pesos.
Junto a la vicepresidenta son juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
En 2017, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, al solicitar la elevación a juicio, tuvieron por acreditada una maniobra delictiva llevada a cabo “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz”.
La fiscalía entendió, que “se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.
El debate oral comienza a transitar su última etapa ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso quienes estos últimos días estuvieron en boca de la opinión pública por un hecho de suma gravedad ocurrido en el Consejo de la Magistratura y fue que sus sobres -y los de otros magistrados- con declaraciones juradas fueron abiertos durante el fin de semana largo de junio, hecho que ya se encuentra judicializado a cargo del juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González, que el viernes pasado pidió una batería de medidas para avanzar con la investigación. Se espera que para antes de fin de año se dicte un veredicto que esté alejado de las suspicacias del año electoral.
