Los diputados de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán y Marina Kienast, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña para cobrarle a los no residentes por el uso de hospitales y escuelas en la Ciudad de Buenos Aires.
Los legisladores del espacio de Ricardo López Murphy plantean un sistema de “Reciprocidad Interjurisdiccional” con el fin de que los que vivan fuera de la Capital Federal deban pagar por la salud y la educación pública.
Según se desprende del proyecto, “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones”.
En el mismo contexto, la deuda por el servicio prestado será reclamada a la jurisdicción correspondiente: “Mensualmente se remitirán los gastos a la administración de la provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”, se destaca en el paper.
Asimismo, el documento prevé que los tutores de los menores en edad escolar que quieran inscribirse en un establecimiento educativo de la Ciudad de Buenos Aires sin residir allí, deberán registrarse en una página web. De allí el Gobierno porteño se encargará de analizar las vacantes y localizaciones geográficas.
Según cita: “Adjudicadas las vacantes, se remitirá a la administración de la provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”.
Se estima que unos 20 mil alumnos corresponden a la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al último registro, los habitantes de la provincia de Buenos Aires representan el 40 % de las consultas externas en los centros de salud porteños. Según los cálculos de ambos legisladores, la iniciativa le permitirá al Gobierno porteño ahorrar más de 15.000 millones de pesos al año.
García Moritán brindó una explicación al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter: “Cada provincia tiene un presupuesto destinado a la educación y la salud de sus habitantes. La Ciudad no puede seguir costeando la incapacidad de gobernadores como Axel Kicillof”.
“El proyecto que presentamos –con Marina Kienast– de ninguna manera limita el acceso de los argentinos a la salud o educación de la Ciudad. Lo que proponemos es limitar a los gobernadores incompetentes que se financian con los recursos de los porteños”, continuó.
Por su parte, Kienast aclaró que “esto no significa que el consumidor final deberá abonar dinero al momento de usar el servicio, sino que existiría una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor, y CABA”.
Por último, la iniciativa le brinda la facultad al jefe de Gobierno porteño de suscribir los acuerdos de reciprocidad con las diversas jurisdicciones, con el fin de establecer las condiciones de atención, tanto sanitaria como educativa, de quienes no residan en la Capital Federal.
