Corrupción en obra pública: esperando la resolución de la Corte, la fiscalía prepara dura acusación contra Cristina Kirchner
Queda una sola audiencia del juicio y luego empezarán los alegatos. Acusan a la vicepresidenta de direccionar contratos a favor de Lázaro Báez.
Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre media docena de recursos de Cristina Kirchner para voltear el único juicio que tiene en desarrollo, el lunes 27 de junio será la última audiencia en el caso por la presunta corrupción en la obra pública, previa al inicio de los alegatos donde la fiscalía prepara una dura acusación contra la vice. Bajo análisis estuvieron las 51 licitaciones viales que ganó Lázaro Báez -ex socio comercial de la vice- durante el kirchnerismo con todo tipo de irregularidades y por un monto millonario.
El Tribunal espera dar a conocer su veredicto antes de fin de año.
En mayo de 2019 inició el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que sentó por primera vez a Cristina Kirchner, en el banquillo de los acusados. Junto a la ex Presidenta, fueron juzgados otras quince personas, entre ellas Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner.
La principal acusación recae sobre la vicepresidenta: fue procesada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al concederle contratos viales al Grupo Austral por $ 46.000 millones.
El agravante, sostiene la imputación, fue que se montó desde diversos organismos del Estado una estructura de beneficios a favor de Báez, quien entonces mantenía sendos vínculos comerciales con al familia Kirchner. Ese esquema permitió que ganara licitaciones "direccionadas, contratos con sobreprecios promedio del 65%" y que la mitad de los caminos hayan quedado sin terminar.
Después de tres años desde que inició el debate oral, el mismo transita sus instancias finales. Como contó Clarín esta semana la Corte Suprema rechazaría los recursos que interpuso Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, que tienen como única finalidad, voltear el juicio.
Cuando la vicepresidenta fue indagada en el juicio, realizó una defensa más política que jurídica sobre todas las acusaciones. Indicó que no hay sustento para las pruebas que recaen sobre ella, se refirió al lawfare y esgrimió que todo responde a una persecución política para desprestigiarla como dirigente. Acusó a la Justicia de ser instrumento y brazo ejecutor de ese mecanismo.
Su última instancia era esperar un fallo favorable por parte del máximo tribunal, blanco de sus principales quejas y críticas en los últimos tiempos. Esos planteos ante la Corte refutan las imputaciones formuladas durante la instrucción del caso, pero la decisión final podría no ser favorable. Ya habían dejado trascender fuentes judiciales que con el juicio tan avanzado y próximo a iniciar los alegatos el 11 de julio, no habría ninguna decisión que interrumpa el debate oral.
Durante la audiencia del próximo lunes, el TOF 2 integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, informará qué decisión tomaron sobre algunos planteos de las defensas en cuanto a la prueba documental a incorporar al caso. Después todos se reencontrarán el 11 de julio.
El cronograma de alegatos iba a iniciar con la Oficina Anticorrupción (OA) pero la semana pasada renunció oficialmente al juicio, es decir, no acusarán a la vicepresidenta ni a los demás imputados. El organismo del Gobierno que sigue en el calendario -en su rol de querellante-, es la Unidad de Información Financiera (UIF). En Comodoro Py creen que adoptarán el mismo camino que la OA y no alegarán: no se imaginan a integrantes de la actual gestión pidiendo una condena para Cristina Kirchner.
Frente a esa situación, quien iniciaría con los alegatos es la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El ministerio Público Fiscal sostiene la acusación con la que el caso llegó a juicio oral: que se montó una estructura de múltiples beneficios desde organismos del Estado, para beneficiar a Lázaro Báez quien, en simultáneo, mantenía diversos negocios con el matrimonio Kirchner. Entre los 18 transacciones de compraventa de propiedades, fideicomisos, un terreno en condominio con la vice, alquiler de hoteles, explotación de los mismos y contrataciones cruzadas, entre otras.
Así, el fiscal Luciani trabaja en una dura acusación contra Cristina Kirchner, su ex socio comercial y los demás imputados. El fiscal respalda la auditoría de Vialidad Nacional que dio origen a este expediente donde se habló de un direccionamiento del 86% de las obras licitadas en Santa Cruz, a favor de Báez.
La lectura del alegato de la fiscalía que terminaría acusando a Cristina por los delitos atribuidos, demandará varias audiencias, algo que el Tribunal tiene fijado en el calendario judicial y espera leer su veredicto final antes de fin de año.
La relevancia de este caso también radica en que fue determinado como el delito precedente de otras maniobras, como el lavado de dinero por el cual Báez fue condenado a doce años de prisión en la causa de La Ruta del Dinero K. Para Cristina, en cambio, no es más que una “causa armada, sin argumentos que tengan sustento jurídico”.
