Este martes, la Oficina Anticorrupción anunció que renuncia a su rol como querellante y decidieron no acusar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga el direccionamiento de los contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.
“No habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante”, reza el escrito que envió el organismo que encabeza Felix Crous al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). El texto lleva la firma de Sergio Aleo, abogado de la Oficina Anticorrupción.
El caso es investigado desde 2016, cuando estaba a cargo de Laura Alonso, la querella contra la actual vicepresidenta. En este sentido, el juicio comenzó en mayo de 2019 y tiene 13 acusados, entre los que se ecuentra Cristina Kirchner acusado de ser jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer favorecer con millonarios contratos a Austral Construcciones.
Según consta la investigación, la empresa de Lázaro Báez habría sido beneficiada con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, por más de $46.000 millones. En la causa están procesados también Julio De Vido (exministro de Planificación Federal), José López (exsecretario de Obras Públicas K), y Carlos Kirchner (primo del fallecido exPresidente), entre otros exfuncionarios.
El TOF 2 -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- fijó el 11 de julio como fecha de inicio de los alegatos, que se podrán seguir en vivo.
En este sentido, se espera que haya una sentencia antes de fin de año. El fiscal del proceso, Diego Luciani, pediría una condena. Por los delitos que se acusa a Cristina Kirchner, podría tener una condena desde 5 a 16 años de prisión.
Tras la salida de la Oficina Anticorrupción, la única querella estatal que queda en la causa es la de la Unidad de Información Financiera (UIF). De todas maneras, no es la primera vez que desde el cambio de Gobierno, que la OA abandona la querellas en una causa penal que investiga a exfuncionarios K, y específicamente a Cristina Kirchner. En mayo del 2020, decidió retirar su acusación por lavado de dinero contra la familia Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces.
