A través de una resolución del Ministerio Público Fiscal (MPF), los mendocinos que violaron la cuarentena durante la pandemia deberán donar dos cajas de leche en polvo que sus causas se cierren en forma definitiva. Las mismas tendrán que tener fecha de vencimiento -como mínimo- de diciembre de este año.
De este modo, se aplicará la resolución alternativa de conflictos que propicia el Código Penal en su artículo 59, inciso 6, que prevé la extinción de la acción penal "por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes".
“La idea es no esperar a que prescriban o se extingan porque creemos que los infractores algo tienen que dar a favor de la sociedad. Preferimos que el final de las causas tengan una utilidad pública”, explicó el procurador Alejandro Gullé en declaraciones a LVdiez.
Durante el aislamiento obligatorio, que dispuso el gobierno nacional, alrededor de seis mil mendocinos cometieron infracciones incumpliendo el artículo 205 del Código Penal que establece que "será reprimido con prisión de ?seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".
En tanto, los que reiteraron su conducta infractora irán a juicio. Para eso, el procurador adelantó que le pedirá a la sala penal de la Corte que habilite la feria de julio para que los fiscales trabajen con esas audiencias.
A nivel nacional, el 23 de mayo la Justicia aceptó las donaciones que realizó el presidente Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yáñez por haber violado la cuarentena con una fiesta en Olivos. Con el pago de $3 millones lograron ser sobreseídos en la causa. La repercusión de eso terminó con la decisión que se tomó en la provincia.
Sin embargo, Gullé aclaró que "no necesariamente" la resolución del MPF es una consecuencia del arreglo al que accedió el Presidente, aunque admitió que "influye".
"Es una posibilidad que nos da la ley y nosotros echamos mano. Claro que influye. Creo que lo que pasó en casa, en Olivos, de alguna manera atenúa el rechazo de una parte de la sociedad a esta medida", señaló el Procurador. Y agregó: "Es la posibilidad clara que nos da la ley, de llegar a aplicar un criterio de oportunidad a quienes únicamente cometieron esta infracción legal".
