Cecilia Goyeneche, la suspendida fiscal anticorrupción de Entre Ríos, está convencida de que si la Corte Suprema no actúa rápido, el jury de enjuiciamiento finalmente la desplazará de su cargo. De un día para el otro pasó de estar del lado acusador a ser acusada por mal desempeño. El proceso se abrió el pasado 30 de noviembre de 2021.
A Goyeneche la acusan de no haberse excusado en el debido momento en el expediente que investigaba contratos en la Legislatura, donde uno de los imputados, Pedro Opromolla, el contador jefe del estudio donde se habrían procesado los fondos malhabidos, tenía relación con la fiscal.
El pedido de jury fue presentado el 13 de julio de 2021 por el abogado Carlos Reggiardo y, desde que se abrió el proceso, Goyeneche fue suspendida en su cargo. En 2018, Reggiardo había intentado lo mismo con el Procurador General Jorge Amílcar García. Pero esa vez su intento no prosperó.
Mientras el jurado tramitaba la denuncia contra Goyeneche hubo una segunda presentación de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes ante el Jurado de Enjuiciamiento solicitaron el jury y apartamiento del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.
A partir de ese momento comenzó un laberíntico camino y Goyeneche recurrió tanto ante el jury como al Superior Tribunal de Justicia donde negó las acusaciones y pidió que se respeten sus garantías a la defensa en juicio. La suspendida fiscal llegó a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que velozmente emitió un fallo y solicitó que el Tribunal de Entre Ríos dictara un nuevo fallo ajustado a derecho y respetando las garantías de la acusada. Pero nuevamente el STJ rechazó el amparo de Goyeneche, razón por la cual el jury sigue su curso con votos que ya empiezan a mostrar que podría ser destituida en breve. Amílcar García es uno de los que apoya a Goyeneche y también presentó escritos ante el jury y el tribunal que no prosperaron.
Tras este nuevo revés sufrido, la fiscal decidió recurrir nuevamente al máximo tribunal del país solicitando su urgente intervención “a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, solicitando, por las razones que seguidamente se expondrán, que disponga con carácter urgente -y habilitación de días y horas inhábiles- la suspensión de la tramitación del proceso de enjuiciamiento que se lleva en mi contra y tramita ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos”.
Al expresar las razones que la llevan a esta solicitud, esgrimió que la autocontradicción, arbitrariedad y el exceso de rigor formal son manifiestos: “Antes el STJ afirmó que mi acción de amparo era “inadmisible” porque se había interpuesto otro recurso que subsumía mi pretensión, lo que -pese al grave error- suponía necesariamente que el STJ entendió que la decisión del HJE era (y es, o debe poder ser) cuestionable por la vía del amparo. Es que, de lo contrario, le hubiera bastado en su sentencia del 09/02/2022 sostener que el acto del HJE objeto de la acción de amparo, por ser equiparable a una sentencia “judicial”, no era cuestionable por dicha vía (como hace ahora)”.
Asegura también que la decisión por la que se la destituirá de su cargo es inminente, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva la destitución.
En ese sentido, arguye que todo ello se dará pese a que la sentencia del STJ de fecha 18/05/2022 no se encuentra firme, pues por el modo en que aquél decidió, sin tratar el fondo, apartándose de lo resuelto el 10/05/2022 por la Corte y “rechazando por “inadmisible” mi acción, habilita al HJE a proceder inmediatamente a mi destitución sin que se haya hecho efectivo “mi día en la Corte”, esto es, sin que se hayan tratado las cuestiones constitucionales fundadamente planteadas por esta parte en cuanto al fondo y vinculadas con la ilegítima remoción del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador natural en el proceso de enjuiciamiento”.
Esta semana es clave ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá tratar este nuevo planteo mientras avanza el jury en la provincia de Entre Ríos.
De qué se acusa a Goyeneche
* Omitir la previa relación o vínculo comercial (en rigor, compartían en copropiedad dos bienes inmuebles, emplazados en calles La Paz y 9 de Julio, de Paraná) y/o de amistad que mantenían de años, ella y su esposo con el imputado Pedro Opromolla;
* No excusarse de intervenir en el proceso judicial que tenía a esta persona entre sus imputados;
* Negar la existencia de aquella relación comercial para luego ceder el inmueble a su sobrina. Entre otros planteos que se están tratando en el enjuiciamiento.
